"Nuestra competencia hoy no son otros bancos, son Google y Apple". Este provocador titular dejado por la responsable de Experiencia de Usuario y Diseño de BBVA, Marga Barrera, en esta entrevista en Expansión, explica de forma clara el horizonte de incertidumbres que vislumbra la banca tradicional tras la irrupción de las 'fintech' y de los grandes operadores de servicios digitales, dispuestos a entrar en cualquier sector que se le ponga a tiro, negocio bancario incluido.
A la banca tradicional no le queda más remedio que competir, pero quiere hacerlo en igualdad de condiciones y así se lo ha hecho saber el Santander a la OCDE, que está liderando el proyecto global para definir un nuevo marco fiscal sobre la economía digital. "Todas las empresas deberían pagar la parte justa de impuestos que le corresponde allí donde generan sus beneficios", recalca la entidad financiera en el escrito de observaciones enviado al organismo internacional, en el marco del proceso de consulta pública al que ha sometido sus propuestas para gravar las nuevas actividades de la economía digital.
Ni Telefónica ni los gigantes de la distribución -cuyo negocio digital está en el punto de mira de la nueva fiscalidad digital internacional- , Santander ha sido la única entidad pública o privada española que ha participado en un proceso en el que han querido defender sus intereses algunos de los principales operadores de la nueva economía, como Bla Bla Car, Uber o Zalando, un buen puñado de 'lobbies' sectoriales y la confederaciones empresariales de los principales países del mundo.
Sobre la mesa, las tres fórmulas que han ideado los técnicos de la OCDE para hacer tributar los negocios digitales en los países en que se generan los beneficios, y no en aquellos donde las empresas han establecido su sede, y la vía más apropiada para garantizar su aplicación global a través de su inclusión en los convenios fiscales internacionales. El asunto no es menor. Los trabajos de la OCDE se han convertido ya en el único cauce abierto para conseguir 'meter en cintura' a los gigantes tecnológicos desde el punto de vista fiscal, después de que Irlanda y los países nórdicos reventaran el consenso para implantar algo así en la UE.
Más allá de ese debate sobre las formas, sobre el que el Santander también se ha pronunciado, el grupo bancario presidido por Ana Botín hace especial hincapié en la necesidad de fondo de garantizar una aportación fiscal justa por parte de todos los agentes económicos y de garantizarla lo antes posible para no condicionar la credibilidad del proyecto. En este sentido, la entidad manifiesta su pleno respaldo al calendario planteado por la OCDE en orden a alcanzar un consenso sobre el asunto no más allá de 2020 y advierte: "cumplir con estos plazos es esencial para la credibilidad del proyecto". Aviso a navegantes.
Gravar a los gigantes digitales allí donde obtienen sus beneficios
Los técnicos de la OCDE han dado con tres posibles caminos para conseguir que los rendimientos de los negocios digitales dejen rédito fiscal allí dónde se generan y no sean canalizados de forma abusiva -que no ilegal a la luz de la normativa fiscal ortodoxa- hacia territorios de baja tributación con el único objetivo de rebajar su factura fiscal.
La primera propuesta es una suerte de sublimación del impuesto tecnológico acordado por los cinco grandes países de la UE y que el Gobierno de Sánchez intentó implantar de manera unilateral en España. La idea es gravar los rendimientos obtenidos de la participación de los usuarios en redes sociales, motores de búsqueda o los 'marketplaces', tipo Amazon o AliExpress. Es decir, se trataría de 'crear' un nuevo hecho imponible sobre los rendimientos derivados de la consulta de inserciones publicitarias, el comercio de 'big data' o la intermediación digital.
La segunda propuesta también se centra en el hecho imponible del impuesto y plantea gravar determinados intangibles derivados de la visibilidad de la marca en el mercado local, de modo que se grave ese rendimiento no tangible aunque la empresa en cuestión no tenga una sede física en el país. Tanto en un caso como en el otro, el Santander entiende que esos cauces no logran englobar toda la realidad de los nuevos negocios digitales y generan un riesgo considerable de situaciones de doble imposición y litigios entre países por determinar dónde se debería tributar un determinado beneficio.
A la hora de gravar la economía digital, el Santander aboga por la tercera vía: el criterio de la 'presencia económica significativa' en un determinado territorio. Según fuentes del ámbito fiscal, ese modelo es el preferido por la mayoría de las empresas porque no exige seccionar la base imponible del Impuesto de Sociedades en dos: negocio tradicional - que tributaría en el país-sede de la empresa - y negocio digital - que tributaría en el país de actividad según alguno de los dos criterios antes expuestos: explotación económica de la comunidad de usuarios o generación de valor intangible por la presencia en el país.
En esa tercera vía, el elemento crítico sería la definición de los requisitos que determinan esa 'presencia económica significativa' y a partir de ahí las empresas consignadas bajo ese título deberían tributar una parte de sus beneficios en el país en que tengan dicha presencia, en función de los rendimientos que obtengan allí de su negocio.
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