Polémica por la guía de Trabajo

Se acabó la 'luna de miel': la CEOE estalla contra Díaz por la gestión del coronavirus

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi / EFE
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi / EFE

22 de enero de 2020. Sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La nueva titular de la cartera Yolanda Díaz anuncia la segunda gran medida del Gobierno de coalición tras la mejora de las pensiones: la subida del salario mínimo a 950 euros. En la foto, además de los líderes sindicales, los máximos representantes de la patronal. Empezaba así un idilio entre los empresarios y la ministra del ala de Unidas Podemos que ha durado poco más de un mes. El culpable de la ruptura ha sido el coronavirus, o más bien la gestión de la crisis que está llevando a cabo el equipo de Díaz.

Todo estalló por los aires este miércoles. Trabajo publicó una guía de actuación en el ámbito laboral en relación al Covid-19 que molestó a la patronal por generar alerta y confusión al no corresponder, a su juicio, con la valoración del riesgo realizada por el Ministerio de Sanidad. El problema es que parte del peor escenario en el que "las empresas deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo" e incluso contempla la posibilidad de que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo en caso de "riesgo grave e inminente".

Los empresarios consideran que determinadas interpretaciones de esta guía podrían dar pie al libre albedrío en las empresas, provocando abandonos masivos de puestos de trabajo ante la mera sospecha de contagio y, en definitiva, perjudicando al sistema productivo. También cuestionan la sugerencia de recurrir al teletrabajo como medida preventiva, habida cuenta de que en muchos casos, por ejemplo en sectores como la hostelería o la industria, resulta inviable porque acabaría por paralizar por completo la actividad económica. 

El enfado en la organización empresarial es considerable, sobre todo porque no han tenido ni voz ni voto en esta guía. En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme denuncian que el documento elaborado por Trabajo no ha contado con la participación de las empresas –tampoco de los sindicatos– a pesar de que así lo habían solicitado. Fuentes de Trabajo aseguran que enviaron un borrador a la patronal y a los sindicatos y aunque desde la CEOE confirman que ese texto llegó, matizan que fue el martes por la noche, sin margen temporal para hacer alegaciones.

Desde el Ministerio insisten en que la guía no introduce ningún cambio en la legislación laboral y simplemente "se limita a recoger la normativa vigente desde el año 1995". Preguntados sobre el tono "alarmista" del que les han acusado, aclaran que "la paralización de la actividad es el último escenario, que no está sucediendo ni en Wuhan, pero el Gobierno tiene que estar preparado para todo y responder a las dudas de las empresas que nos estaban llamando por falta de suministros". Adelantan, eso sí, que de llevar a cabo "medidas excepcionales" más allá de las contempladas en el Estatuto de los Trabajadores o en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sí se dialogarán con los agentes sociales.

Una guía unilateral 

Otra cuestión que no ha sentado nada bien en círculos empresariales es la inseguridad jurídica que ha provocado el Ministerio de Trabajo al publicar una guía de manera unilateral, cuando desde Moncloa se ha advertido de que toda la gestión de la crisis del coronavirus corresponde exclusivamente al Ministerio de Sanidad y cualquier iniciativa en este sentido debe pasar previamente por la comisión interministerial creada al efecto. Una descoordinación que niegan desde el entorno de Díaz: "En todo momento hemos estado coordinados con Sanidad y Moncloa conocía que la guía se estaba elaborando y se iba a publicar", zanjan. 

Tampoco gustó a los empresarios el criterio de la Seguridad Social que considera cualquier periodo de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia del virus como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común. Este criterio encendió las alarmas en las organizaciones empresariales por la factura derivada para las compañías al tener que asumir el coste de esas bajas del cuarto día al decimoquinto, momento en que el pago de la prestación empezaría a ser asumido por las mutuas de accidentes de trabajo o por el organismo de Seguridad Social al que le correspondiera. 

Por todo esto desde la patronal advierten que el coronavirus va a afectar a la economía y no es el momento de generar más dudas desde el ámbito político. Avisan de que si al temor que está generando el efecto del Covid-19 en la actividad económica se le añaden subidas de impuestos y cambios en materia laboral, la incertidumbre se disparará. Y en este contexto ya avisan de que no van a aceptar la nueva subida de las cotizaciones sociales que tiene en marcha el Gobierno. Según el borrador del Real Decreto Ley al que ha tenido acceso La Información, la intención es subir la base máxima de cotización un 2,8%, hasta los 4.184 euros.

Además, en las patronales CEOE y Cepyme existe malestar porque este borrador que se ha filtrado a la prensa no ha sido enviado a sus organizaciones y, por tanto, su contenido no ha sido consultado ni mucho menos consensuado. "Esto no es lo que nos transmitieron cuando tomaron posesión en el cargo, que todo iba a pasar por el diálogo social", denuncia una fuente cercana a la mesa de negociación con el Gobierno. Un motivo más para dar por acabada la tregua. 

En cualquier caso, los empresarios rechazan de plano cualquier subida de las cotizaciones sociales. Acusan al Ejecutivo de afán recaudatorio y de exprimir a las pymes para cuadrar las cuentas públicas. El momento económico no acompaña, pues a la desaceleración se suma el impacto del coronavirus y el golpe podría afectar gravemente a la creación de empleo. Por eso la patronal pide cautela al Ejecutivo a la hora de tomar decisiones en materia laboral y, una vez finalizada la 'luna de miel', no va a poner las cosas fáciles en la mesa de negociación sobre la que se están tratando en estos momentos asuntos tan delicados como la subcontratación, la ultraactividad o la prevalencia de los convenios.

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