Allepuz, un pueblo asentado en el corazón de la provincia de Teruel, es un ejemplo de esos 3.403 municipios (el 42% del total) que están en riesgo de despoblación, una tasa muy por encima de la del conjunto de la eurozona. Su alcalde, Ignacio Martínez, reconoce que "en un siglo han perdido el 93% de la población” y achaca el problema a las "condiciones socioeconómicas" de las ciudades, que Allepuz no puede ofrecer. También lamenta que en los seis años que lleva al frente de la alcaldía, el Gobierno no haya invertido en proyectos que incentiven a los jóvenes quedarse en este tipo de pueblos.
Allepuz es solo un ejemplo del proceso de despoblación que vive España, un problema que acapara titulares, suma escaños de fuerzas regionalistas en el Congreso y tiene sus raíces en las rentas bajas, como factor determinante que provocan que un porcentaje “anormalmente elevado” del territorio esté deshabitado. El pasado jueves, el Banco de España incluyó por primera vez en su informe anual un análisis de la distribución espacial de la población y sus implicaciones económicas. En el mismo, el BdE concluye que la prima salarial es un factor determinante en la despoblación de algunas zonas del país. Según los datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística, País Vasco, Navarra, Cataluña, Asturias y la Comunidad de Madrid son las únicas comunidades cuyo salario medio bruto mensual está por encima de los 2.000 euros. Son, también, las regiones por densidad más pobladas del territorio nacional.
Sin embargo, hay dos comunidades autónomas que, pese a ofrecer un salario inferior al de las mencionadas y su marcado carácter rural, apenas sufren esta adversidad poblacional. Se trata de Andalucía y la Región de Murcia. El consejero de Economía de la Junta, Rogelio Velasco, sostiene que, aunque Andalucía no es ajena al fenómeno, "tiene una extensa red de telecomunicaciones, el atractivo para la implementación de plantas renovables y potencial para el turismo del interior". En cuanto a Murcia, desde la consejería de Economía explican que el Gobierno regional implantó una estrategia basada en medidas transversales -como, por ejemplo, incentivos fiscales- en una zona de la CCAA en la que se apreciaba una notable reducción de la población.
Y es que las principales consecuencias de la despoblación son "la dificultad para combatir la pobreza en determinados escenarios, la incapacidad de lograr un desarrollo inclusivo de toda la población, entre otros aspectos, como la falta de acceso a servicios básicos", explica Francisco Coll Morales, economista y coordinador del servicio de estudios de la Fundación Civismo. No obstante, el economista admite que "no necesariamente debe aumentar el PIB, pues hablamos de una deslocalización del proceso productivo, que se traslada a otro emplazamiento"
En cuanto a la 'captación' del capital humano en esas zonas rurales, Coll dice que hay que "atraer a las empresas, aprovechándose de aquellas fortalezas que pueden ofrecer aquellos territorios con menores núcleos de población". Ventajas como la reducción de costes fijos, una reducción muy sustancial de costes variables, el bajo coste de vida, el aprovechamiento de una mano de obra cualificada más económica y el incremento de la competitividad son claves.
Las principales consecuencias de la despoblación son "la dificultad para combatir la pobreza en determinados escenarios y la incapacidad de lograr un desarrollo inclusivo de toda la población"
Hay, no obstante, visiones alternativas a las propuestas económicas como base de la solución. El sociólogo Artemio Baigorri pone el foco en que "la población que aún queda, en lo que llamamos zonas rurales, disfrute de la urbanidad cultural y de servicios". Así, remarca la importancia del "desarrollo de la sociedad telemática" que "posibilita que cada vez sea más fácil sobrevivir en áreas de baja densidad demográfica". Para ello la condición sine qua non es la conectividad telemática y "lo fundamental es que dejen de decir que va a llegar, y llegue la conectividad rápida a todo el territorio".
"España se ha planificado, no sólo durante el franquismo sino ya antes, y también después, en términos de buscar economías de escala, concentrando las inversiones productivas. Los pueblos se siguen vaciando, y las provincias más de interior siguen perdiendo población", concluye Baigorri.
Eurostat (la Oficina Europea de Estadística) utiliza una metodología para conocer la densidad de población de un territorio que consiste en dividir el territorio de un país en celdas de 1 kilómetro cuadrado. En dicho cálculo, España solo tiene un 13% de las celdas pobladas. Este dato contrasta con el 68% de Francia, el 57% de Italia, el 60% de Alemania o el 47% de Portugal. Además, España tiende hacia una mayor concentración de los habitantes. En cada celda acoge una media de 737 habitantes, el segundo número más alto de la Unión Europea y muy por encima de los países mencionados, todos ellos por debajo de los 400 habitantes por kilómetro cuadrado.
Cristina Maestre, diputada y portavoz de la Comisión de Desarrollo Regional en el Parlamento Europeo, sostiene que "hay un problema de despoblación importantísimo", pero que no solo es de España. También ocurre en zonas de Grecia, Rumanía, Croacia o Alemania. Sin embargo, Maestre se muestra optimista ante "tres buenas noticias". La primera es que se ha reconocido desde el Parlamento "la despoblación del sur de Europa", la segunda es que va a haber "un compromiso de financiación para evitar el éxodo", y, por último, la introducción de la "digitalización como cambio de modelo productivo".
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