"La cuestión aquí no es tanto quién gestionará o como se gestionará el fondo de pensiones que quiere impulsar el Gobierno, la cuestión aquí es quién va a pagar la fiesta". La reflexión es de un alto directivo del sector del ahorro español y trasluce el creciente escepticismo que ha seguido a la sorpresa inicial con la que se recibió el anuncio del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de la intención del Gobierno de promover un 'macrofondo' de pensiones de iniciativa pública para, según sus propias palabras, resolver el "infradesarrollo" del denominado segundo pilar del sistema de pensiones: el de los planes de pensiones colectivos o de empleo.
El empuje del ministro ha desembocado hasta la fecha en un agitado debate público sobre el asunto y a efectos prácticos en una disposición adicional al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 - la cuadragésima - que mandata al Gobierno a abordar en un periodo no superior a los doce meses desde la aprobación de las cuentas la presentación de un proyecto de ley que regule la operativa de los fondos de pensiones públicos de empleo. No se trata de una obligación legal sino más bien de un compromiso gubernamental y eso ha contribuido también a preñar de escepticismo la mirada con la que el sector se aproxima al asunto. Las fuentes consultadas resaltan que desde Seguridad Social se les dice que "no hay nada" más allá del texto de la disposición adicional, ni un plan, ni una hoja de ruta y mucho menos un borrador de texto legislativo; que también les transmiten que no ha habido ni siquiera una primera reunión exploratoria con la Dirección General de Seguros, a la que le correspondería definir el desarrollo legislativo; y que tampoco ha habido contacto alguno con el sector.
Más allá de estos indicios que, en opinión de las fuentes consultadas (operadores del sector y organizaciones representativas), apuntan más a la improvisación que a la planificación en el origen de la iniciativa, las dudas del sector vienen abonadas por la evidencia de que más allá de publicitar su compromiso de plantear una regulación específica el Gobierno ni ha abordado ni ha puesto en su punto de mira uno solo de los obstáculos que han condicionado el desarrollo de los planes de pensiones colectivos hasta la fecha. "Sin mayores incentivos a las empresas para que realicen aportaciones a planes colectivos su desarrollo es inviable", aseguran fuentes de una de las principales organizaciones del sector del ahorro.
Respaldan esta afirmación en datos. Los que dicen, por ejemplo, que por mucho que el Gobierno haya decidido ampliar hasta los 10.000 euros al año las aportaciones a planes de pensiones de empleo que los beneficiarios se pueden desgravar en el IRPF - al mismo tiempo que se recortaban de 8.000 a 2.000 las de los planes individuales -, las contribuciones más generosas en este segmento se sitúan en el entorno de los 3.500 euros al año, muy lejos de ese máximo; o los que apuntan a que hace años ya que las empresas no pueden desgravarse en el Impuesto de Sociedades las contribuciones que realizan a los planes de pensiones de sus trabajadores o que esas contribuciones devengan también desde 2014 cotizaciones sociales a la Seguridad Social, elevando de forma relevante su coste para las empresas.
Advierten, asimismo, que tampoco va a ayudar el tijeretazo ejecutado en los incentivos fiscales a las aportaciones a planes de pensiones. Aseguran que la medida va a perjudicar más a los ahorradores, particularmente a los autónomos que acostumbran a planificar su jubilación con un plan complementario y que verán desincentivadas sus aportaciones en el nuevo escenario, que al sector en sí, pero recelan del efecto que puede tener sobre los ahorradores, en el sentido de que puedan llegar a descartar los planes de pensiones privados como opción de ahorro ante el zarandeo reputacional al que los están sometiendo el Ejecutivo a cuenta de las supuestas ayudas fiscales que reciben.
El debate de las comisiones de los planes de pensiones
Hasta ahora el relato gubernamental ha sustentado el carácter disruptivo y diferencial de la iniciativa respecto a lo que ya hay en el mercado en su firme intención de cobrar a los partícipes unas comisiones significativamente más bajas. Escrivá no se ha cansado de repetir que los planes de pensiones individuales en España son un producto caro, con unas comisiones que rondan el 1,5%, mientras en otros países europeos ni siquiera llegan al 1%. Según el ministro, la introducción en el mercado de un producto con comisiones más competitivas puede ayudar a normalizar las comisiones que se cobran en los planes individuales y tal vez estimular el desarrollo de la previsión complementaria en España.
En el sector ponen en duda esa sucesión de acontecimientos. Aseguran que los planes de empleo existentes en España tienen una comisión media del 0,4%. "Tenemos serias dudas que un fondo de pensiones público pueda cobrar comisiones más bajas", aseguran desde las organizaciones del sector, que recuerdan que el proyecto de plan panaeuropeo de pensiones impulsado desde la Comisión establece una comisión máxima del 1%.
Una reforma integral
El anuncio del Gobierno de que la gestión del futuro 'macrofondo' público de pensiones, que según reveló hace unas semanas el ministro Escrivá ambiciona adscribir a más de nueve millones de trabajadores - el 50% de la masa laboral del país -, se abrirá en una concurrencia competitiva a las entidades del sector privado no ha incrementado la confianza del sector en un instrumento que ven inviable a corto plazo y difícilmente desarrollable en el medio plazo sin profundos cambios legislativos.
Tal vez por eso el sector quiere aprovechar que por fin se le pone en el foco de los cambios regulatorios para tratar de impulsar una reforma integral de la regulación de los sistemas complementarios de pensiones. "La regulación de los fondos de pensiones públicos no puede ser por sí sola la reforma de la previsión complementaria, hacen falta más piezas", advierten desde Unespa, la patronal del seguro.
Esas piezas se barajan desde hace años en el sector y ahí entran la posibilidad de disponer la adscripción obligatoria de los trabajadores a un plan de pensiones de empleo, una idea que ha estado encima de la mesa del Ministerio de Seguridad Social; la reformulación de los incentivos fiscales al ahorro para hacerlos más eficaces en línea con lo planteado desde la Autoridad Fiscal; la recuperación de las desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades para estimular las aportaciones de las empresas a los planes colectivos de pensiones; y la derogación de la norma que obliga a cotizar por las aportaciones a planes de pensiones, entre otras medidas.
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