Si el futuro Gobierno que saliera de las urnas el próximo 28-A decidiera en un episodio de enajenación regulatoria abolir por completo el sistema público de pensiones, metería a la Seguridad Social en un problema sin solución, el de cómo atender con los recursos disponibles los más de tres billones de euros en compromisos de pago que el sistema acumula con los trabajadores españoles que han pagado religiosamente su cuota mensual para asentar su derecho a una pensión pública en el momento de su jubilación. En otras palabras, si eso ocurriera España necesitaría una cuantía equivalente a tres veces su PIB anual para atender todos los compromisos de pensiones generados por el sistema público.
El dato da vértigo. Entre otras cosas porque hasta ahora nunca se había proporcionado. Sabíamos que la nómina mensual de las pensiones discurre de máximo en máximo con incrementos de hasta el 7% interanual, y que ya supone más de 9.500 millones de euros; que los ingresos del sistema aún no dan para cubrir los gastos y que el déficit rondó en 2018 los 19.000 millones de euros; que la hucha de las pensiones ya no es tal después de haberse consumido a una velocidad de escándalo y que el Estado se está endeudando a un ritmo de 15.000 millones anuales para cerrar las grietas del sistema; o que como consecuencia de estos desequilibrios la deuda de la Seguridad Social se ha triplicado en los últimos tres años y ya alcanza los 55.000 millones de euros.
Todas esas cifras son preocupantes, pero no alcanzan la dimensión abrumadora de la billonaria factura de los derechos de pago pendientes del sistema público de pensiones. Han sido tres técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) - Sixto Muriel, Carlos Valero y Andrés García Carreira - los que después de varios años de trabajo codo con codo con técnicos de tres ministerios, el de Trabajo, el de Economía y el de Hacienda y Función Pública, del Banco de España y de Eurostat han logrado acuñar una metodología que permite aproximar ese dato y los que han aflorado una realidad reveladora, pero hasta ahora oculta: que el sistema público de pensiones acumula compromisos de pago a futuro por 3,102 billones de euros. Ésa es la 'deuda' que España arrastraba con los cotizantes españoles al cierre de 2015 y lo preocupante es que, con el controvertido índice de revalorización de las pensiones ya en vigor, esa cifra se incrementó casi un 5% respecto al ejercicio anterior.
El debate sobre el sistema de pensiones
El trabajo realizado por los investigadores del INE - que se puede consultar en este enlace - se enmarca en un proyecto europeo cuyo objetivo es asentar una metodología única para medir de manera homogénea los compromisos futuros que acumulan los diferentes sistemas de pensiones, al objeto de valorar mejor su sostenibilidad futura y determinar el impacto que las diferentes medidas de reforma tienen sobre la misma, más allá de los efectos inmediatos que pueden tener sobre el sistema.
Uno de los principales problemas de los análisis sobre la sostenibilidad futura de los sistemas de pensiones y sobre la influencia de las medidas de reforma en la misma es que se hacen a partir de proyecciones, cuyos resultados están muy condicionados por las premisas de las que se parte, tanto respecto a la evolución demográfica como la previsible evolución de los salarios u otros factores. A corto plazo, los análisis se basan en el impacto inmediato sobre las grandes cifras del sistema, que en muchas ocasiones están condicionados por factores que nada tienen que ver con los cambios regulatorios, como la incorporación mayor o menor de personas a la situación de jubilación u otras situaciones puntuales que se pueden dar.
La 'tabla de pensiones' como la denominan los autores del estudio "nos permite ver la evolución del stock de derechos de pensiones y los flujos que motivan sus variaciones", de modo que se puede determinar el impacto que una determinada reforma tiene sobre la evolución de los derechos futuros de pensiones, un indicador mucho menos expuesto a las singularidades de la coyuntura y a otros factores de distorsión.
Hasta ahora solo están disponibles los datos correspondientes a 2014 y 2015, si bien este año 2019 corresponde hacer una actualización de cifras. Los datos en cuestión exponen, como ya se ha dicho, que el Estado acumulaba 3,102 billones de euros en obligaciones de pago por pensiones al cierre de 2015, de los cuales 2,792 billones eran con cargo a la Seguridad Social (a cuenta del sistema público de pensiones para trabajadores del sector privado) y más de 310.000 millones de euros con cargo al régimen de clases pasivas, que asume las arcas del Estado.
El estudio, que está pensado con una dimensión europea, también recoge los compromisos de pago del sistema complementario de pensiones sostenido por el sector privado, que al cierre de 2015 ascendía a 62.886 millones de euros, exactamente la misma cifra que un año antes, lo que da una idea de la estabilidad de esta metodología como indicador.
La evolución del indicador entre 2014 y 2015 revela que la carga de compromisos de pago pendientes por parte de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas se incrementaron en un porcentaje cercano al 5% de un año a otro, lo que revela que las obligaciones atendidas por el sistema continúan siendo inferiores a los nuevos derechos generados por los trabajadores.
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