Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sufrió las carencias de información oficial a la hora de llevar a cabo el mandato de valorar los efectos de las políticas adoptadas por los gobiernos anteriores y, ahora, desde su posición de ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá está dispuesto a atajar esta falta de transparencia, reordenando y depurando los registros de datos y facilitando al escrutinio público y científico los resultados de nuevas explotaciones estadísticas. Entre ellas, la de Conceptos Retributivos Abonados (CRA), que combina un ingente volumen de datos sobre todo tipo de retribuciones de empresas a trabajadores, desde las horas extraordinarias o los pluses de transporte a las aportaciones a planes de pensiones.
Para la implementación de políticas públicas, el equipo de Escrivá considera que cada vez resulta más necesario disponer de información estadística estructurada y adaptada a los estándares internacionales, a partir de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre afiliación de trabajadores, inscripción de empresas, cotización y recaudación. Estos trabajos se han venido abordando desde 2018, pero la insuficiencia de medios propios ha obligado a recurrir a empresas externas que aporten los perfiles necesarios, profesionales y técnicos altamente especializados. Con este objeto se ha renovado un contrato con la consultora Deloitte por algo más de un millón de euros para los próximos 24 meses y que superará los dos millones en el caso de una eventual prórroga por otros dos años.
Según consta en la documentación oficial de la licitación adjudicada a Deloitte y consultada por La Información, la Tesorería General de la Seguridad Social, como uno de los organismos públicos que colabora más intensamente con la producción de estadísticas oficiales, incorporará los perfiles de estos consultores cualificados para mejorar la eficiencia de sus procesos de recopilación, análisis y difusión de datos y acometer las actuaciones prioritarias en los próximos años en cuatro grupos específicos de estadísticas: Afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social, Códigos de Cuenta de Cotización (empresas inscritas), Bases de Cotización y Conceptos Retributivos Abonados y Recaudación.
En concreto, se pretenden mejorar las estadísticas mencionadas (por ejemplo, automatizando el actual proceso de altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social), de manera que incluso puedan hacerse predicciones a partir de series históricas, y explotar una en concreto, la de Conceptos Retributivos Abonados, que se espera sea "de mucha utilidad para la ampliación y mejora de la estadística oficial del mercado laboral". Se trata de una base de datos que recoge toda la información sobre los importes de las retribuciones, dinerarias o en especie, abonadas por las compañías a sus trabajadores y que están obligados a presentar los empresarios a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada periodo de liquidación. Aquí se incluyen desde las horas extraordinarias o los pluses de transporte a las vacaciones retribuidas o las aportaciones a planes de pensiones.
En los pliegos se justifica que el desarrollo de esta estadística supone el tratamiento de "un gran volumen mensual de datos, con una complejidad y variabilidad que pasa por centenares de conceptos distintos" y con una "velocidad de crecimiento que dificulta extremadamente la gestión, proceso y análisis estadístico de dichos datos". Así, se argumenta que es de gran trascendencia la presentación desagregada de este tipo de datos (por territorio, ámbito temporal, actividad económica, sexo, edad, tipo de contrato, jornada laboral...) especialmente para la progresiva creación de series temporales que son "de vital importancia para el estudio e implantación de medidas en materia de empleo, beneficios en la cotización y deducciones de cuota a la Seguridad Social, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, etc.", encuadradas en los objetivos de la Agenda 2030.
En definitiva, Escrivá busca reordenar toda la información disponible tanto para su difusión como para apuntalar la toma de decisiones en los próximos años. Esta nueva estadística se sumará a las ya disponibles sobre Códigos de Cuenta de Cotización, que ofrece movimientos de altas y bajas en función de los distintos códigos que se asignan a las empresas inscritas en la Seguridad Social por provincia o actividad; o la de Bases de Cotización y Cotizantes, que aporta información sobre las nóminas de los afiliados a la Seguridad Social, desagregada por sexo, edad, tipo de contrato y jornada laboral, actividad económica... recopilada a partir de la liquidación de cuotas que realizan las empresas a través del Sistema de Liquidación Directa (SLD).
A esta última estadística, que se pretende ampliar para el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se sumó recientemente el denominado 'Panel de Datos de Empresas y Trabajadores', una herramienta desarrollada con Fedea para investigar el sistema de pensiones y el mercado de trabajo, que cuenta con 50.000 códigos de cuenta de cotización y aporta información sobre la vida laboral de los trabajadores dados de alta en esas empresas entre los años 2013 y 2016, unos 1,4 millones de afiliados. El panel fue recibido con entusiasmo entre los investigadores porque cubría una importante laguna del sistema estadístico, que tardó en solventarse porque durante más de un lustro se enfrentó a problemas de índole técnico originados tanto por la construcción de la muestra como por el dictamen de la Agencia de Protección de Datos, que finalmente dio su visto bueno.
Ante la falta de medios propios para asumir el incremento de las tareas estadísticas asignadas y la necesidad de incorporar perfiles técnicos cualificados (todos ellos deberán salvaguardar un estricto secreto estadístico), la Seguridad Social ejecuta este contrato de consultoría. No es la primera vez que el departamento de Escrivá se ve obligado a recurrir a empresas externas para suplir la insuficiencia de recursos propios. Recientemente se ha adjudicado a la firma Accenture un contrato para trabajos de mantenimiento y desarrollo de la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social y en el pico de la emergencia sanitaria tuvieron que recurrir a la empresa pública Tragsatec para gestionar la avalancha de peticiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
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