La lista de morosos con la Seguridad Social supera el millón de empresas y particulares en plena crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19. En concreto, de acuerdo con los datos que maneja el departamento que dirige el ministro José Luis Escrivá, a cierre del pasado mes de enero se acumulaban 1.031.130 deudores. La contundente cifra, no obstante, se sitúa por debajo de los niveles que se alcanzaron durante la Gran Recesión de la pasada década, gracias al escudo de protección aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria sobre el tejido productivo, con medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o las moratorias en el ingreso de cuotas y los aplazamientos en el abono de deudas a la Seguridad Social para empresas y trabajadores autónomos.
Esos más de 1,03 millones de deudores suponen un 26% menos respecto a los 1.400.517 morosos registrados, de media, entre los años 2009 y 2013, según los datos aportados por la Seguridad Social. Desde este departamento aseguran que las cifras demuestran la "eficacia de las medidas adoptadas" y reflejan como "el esfuerzo de protección del tejido productivo ha permitido que las empresas puedan afrontar sus obligaciones sin morosidad". El propio Escrivá defendió este balance el pasado jueves en un acto celebrado por el Consejo de Economistas, donde destacó que la tasa de morosidad se sitúa en estos momentos en niveles similares a los del año 2019, ejercicio anterior a la pandemia, y considerablemente por debajo de los alcanzados en la crisis financiera desatada tras la quiebra de Lehman Brothers.
En concreto, la tasa de morosidad cerró el año 2020 ligeramente por debajo del 2%, lo que significa que de cada 100 euros que recauda la Seguridad Social, 2 se reclaman por la vía de apremio. El porcentaje llegó a dispararse en los meses de marzo y abril, los más duros de la pandemia, hasta el 3,5%, un nivel más cercano al registrado en el año 2012, uno de los más complicados de la crisis financiera, cuando se llegó incluso al 4%. Aun así, y pese a no haber variado demasiado en 2020 en comparación con 2019, donde el porcentaje se movió entre el 1,5% y el 2%, la tasa de morosidad del sistema está muy alejada de su nivel mínimo histórico del 0,96% alcanzado antes de la Gran Recesión. Con todo, los expertos coinciden en que es muy difícil reducir esa tasa de referencia por debajo del 1%.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones matizan que dentro de ese listado de más de un millón de deudores se incluyen no solo empresas o empresarios y trabajadores autónomos, sino cualquier persona física o jurídica que haya contraído deudas con el conjunto de la Seguridad Social, no únicamente con la Tesorería General, sino también con otras ramas del sistema como el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina. De este modo, también se considera deudores a los beneficiarios de prestaciones indebidas, por ejemplo, o a quienes se endeudaran por una actividad empresarial llevada a cabo en el pasado y que hubiera terminado en proceso concursal, pues se trata de una cifra viva, acumulada a lo largo de los años.
Una factura millonaria
Desde el departamento de Escrivá no desgranan por el momento la cuantía a la que asciende la deuda total de estos morosos, pero se puede afirmar que se trata de una factura millonaria. Hay que tener en cuenta que especialmente algunas compañías de gran tamaño deben cantidades ingentes a la Seguridad Social. Echando la vista atrás se pueden perfilar algunos importes. A finales del año 2018, el entonces secretario general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, anunció que su departamento había detectado la existencia de 1.100 empresas que adeudaban cada una más de un millón de euros a la Seguridad Social y que el monto total de la mora por impago de cotizaciones sociales ascendía en aquel momento a 4.477 millones de euros.
El Ministerio de Trabajo, que en esa época dirigía Magdalena Valerio y que aunaba también la Seguridad Social, anunció por esas fechas que en un futuro próximo se publicaría el listado de esas 1.100 compañías. La intención del Gobierno era incluir en la Ley General de Presupuestos para 2019 las modificaciones legales necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para hacer pública esta lista de empresas morosas, similar a la que publica la Agencia Tributaria de los contribuyentes que deben más de un millón de euros al fisco. Pero esos Presupuestos no vieron la luz por la falta de apoyos parlamentarios y se descartó llevar a cabo la medida por real decreto, una opción que el Ejecutivo también había contemplado en un primer momento.
El funcionamiento del listado debía regularse en un reglamento donde se estipulara la periodicidad con la que se harían públicos los nombres de las empresas o si se incluirían también los nombres de sus administradores. De igual modo, se discutiría si podría descender el umbral del millón de euros para ser considerado como moroso e incluido en la lista. Pero fuentes del actual departamento de la Seguridad Social revelan a La Información que esas intenciones no progresaron por la complejidad técnica y jurídica que suponían las modificaciones legales que habría que llevar a cabo para diseñar todo el reglamento con garantías y, por tanto, la eventual publicación de esa lista se encuentra en estos momentos en punto muerto.
Con todo, en el total de más de un millón de deudores localizados por el sistema no se incluyen los que han accedido a aplazamientos de deudas por parte de la Seguridad Social, motivo por el cual la cifra se ha contenido considerablemente en tiempos de pandemia. En cualquier caso, para el año 2021 está previsto el incremento de la recaudación de las deudas por falta de pago de las obligaciones en periodo voluntario, bien por el procedimiento de apremio o por concesiones de aplazamiento, mediante la mejora de los mecanismos de tramitación de los procedimientos y del intercambio de información con otros organismos, así como potenciar las actuaciones de lucha contra la morosidad y el fraude, en especial, con el seguimiento de las grandes y medianas empresas, según consta en el Informe Económico Financiero de los Presupuestos de la Seguridad Social.
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