Las previsiones de gasto en pensiones que maneja el Gobierno dibujan un escenario harto complejo para el saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social a medio plazo. Toda vez que el Estado va a asumir 22.000 millones de euros anuales de gastos impropios para cerrar el histórico déficit del sistema en 2023, el foco se dirige ahora hacia el nivel contributivo y ahí la proyección es poco halagüeña: los ingresos por cotizaciones sociales deben crecer en unos 36.000 millones de euros en los próximos tres años para acabar con el desfase entre lo que se ingresa de empresas y trabajadores y lo que se paga en pensiones contributivas como las de jubilación.
El Ejecutivo calcula que el gasto en pensiones contributivas (las que dependen de las aportaciones de los trabajadores) rozará los 162.000 millones de euros en 2024, lo que significa que, para entonces, se habrá incrementado en unos 17.600 millones respecto a la factura prevista para 2021 (144.335 millones), algo más de un 12%. Por lo que, de primeras, la Seguridad Social debería ingresar esa misma cantidad extra para compensar la escalada del gasto. Pero a esa cuantía hay que sumarle los cerca de 20.000 millones de euros que, de partida, va a suponer el déficit contributivo (la diferencia entre unos ingresos por cotizaciones sociales de 125.144 millones y un gasto en pensiones contributivas de 144.335 millones) este año.
El resultado es que la recaudación debería crecer en más de 37.000 millones entre 2022, 2023 y 2024 para acabar con los números rojos del sistema contributivo. Esto significaría batir todos los récords, pues, para hacerse una idea, en los 'años dorados' del mercado laboral español -entre 2004 y 2008, cuando la tasa de paro cayó al suelo del 8%- los ingresos por cotizaciones sociales se incrementaron en unos 27.000 millones de euros. Y, por ejemplo, en el periodo de recuperación tras la crisis financiera, entre 2014 y 2019, aumentaron en unos 24.000 millones. El esfuerzo para lograr esos 37.000 millones extra, por tanto, deberá ser titánico.
El Gobierno confía en la buena marcha del mercado laboral en los próximos meses para apuntalar los ingresos del sistema, mermados por la crisis Covid. En 2020, la recaudación por cotizaciones sociales se quedó por debajo de los 120.000 millones de euros, cantidad que podría incrementarse hasta superar los 125.000 millones en 2021, según las previsiones del Gobierno. Pero en paralelo estudia vías para engordar los ingresos, como el aumento de las bases de cotización, una medida que podría introducirse en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 a petición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno ha comunicado a Bruselas su intención de elevar las bases máximas de cotización, de manera gradual y acompasada de una adaptación de la pensión máxima, para no alterar la naturaleza contributiva del sistema. Sin embargo, la medida no ha formado parte del primer paquete de reformas en materia de pensiones acordado con los agentes sociales y se introducirá más adelante, para su aprobación en 2022, según se ha acordado con la Comisión. Escrivá retiró la propuesta de la mesa para atraer a la patronal al acuerdo, ya que los empresarios rechazan de plano el aumento de los costes laborales que implicaría esta vía para apuntalar los ingresos del sistema.
En los primeros borradores presentados a los agentes sociales, el Ministerio introdujo un incremento progresivo de la base máxima, que actualmente está en 4.070 euros mensuales, que tendría como consecuencia una mejora de la pensión máxima (2.707 euros). De manera que el destope de ese límite en las cuotas sociales para las rentas superiores a 40.840 euros anuales repercutiría directamente en la cuantía de las pensiones más altas, que ahora alcanzan los 37.900 euros en 14 pagas. Se barajó un calendario para el incremento de la base máxima de 20 puntos porcentuales en 30 años y un proceso de adecuación de la pensión máxima del sistema, en función del tiempo cotizado por cada trabajador tras la aprobación de la eventual reforma, en el que la jubilación se calcularía con el importe actual de la base máxima, actualizada con el IPC anual.
Esa medida ha sido aparcada para próximas negociaciones, pero lo que sí va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2022 es la actualización de las pensiones con la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo. El Gobierno ya ha echado cuentas de lo que le van a costar las nóminas de las pensiones contributivas en los próximos años, tras ligarlas a la evolución prevista de la cesta de la compra, y ha dibujado una senda de crecimiento del gasto de unos 5.600 millones extra en 2022, hasta 150.000 millones; otros 5.600 millones en 2023, hasta 155.600 millones; y otros 6.300 millones en 2024, hasta rozar los 162.000 millones. Y esto sin tener en cuenta la factura de las pensiones de las clases pasivas (17.000 millones anuales) y las no contributivas (unos 2.600 millones).
En paralelo, el Gobierno prevé una revalorización anual de las prestaciones con el IPC, en base a una previsión de inflación del 1,4% en 2022, del 1,7% en 2023 y del 2% a partir del año 2024. Así figura en la memoria del análisis del impacto normativo que acompaña al 'Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones' que aprobó el Consejo de Ministros hace dos semanas y va a tramitar el Congreso de los Diputados en la recta final del año.
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