El robo de cerca de 600 metros de cable de fibra óptica y de señalización en un tramo de la vía del AVE Madrid-Barcelona, que provocó el pasado lunes el caos en las dos principales estaciones de alta velocidad, la suspensión de la circulación de 22 trenes y cerca de 8.000 afectados, ha coincidido con el 'relevo' de las empresas que actualmente prestan los servicios de vigilancia y seguridad de la red ferroviaria. El pasado mes de diciembre, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) licitó un contrato valorado en 269 millones de euros para la vigilancia permanente de las estaciones, terminales, edificios e infraestructuras con la intención de que el pliego empezase a ejecutarse en abril de 2022 y hasta marzo de 2025, tres años de vigencia que pueden prorrogarse otros dos.
Sin embargo, un recurso contra la licitación presentado el pasado mes de enero y las corrección de unos errores paralizó todo el proceso cerca de cuatro meses y no ha sido hasta ayer -un día después de la interrupción de los servicios del AVE- cuando se ha adjudicado finalmente el macrocontrato, que prevé la subrogación de trabajadores, que está a la espera de formalizarse y que se han repartido tres grandes compañías de seguridad: Prosegur, Grupo Control y Secoex. El anterior convenio, formalizado en abril de 2019 y con una vigencia prevista de 36 meses, se lo repartieron Prosegur, Securitas, Eulen y Protección y Seguridad Técnica.
El recurso fue presentado en enero por la sección de Seguridad de la Unión General de Trabajadores (UGT) y en ese momento el gestor ferroviario decidió suspender la tramitación hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) se pronunciase al respecto. La queja sindical estuvo justificada por los criterios "desproporcionados" recogidos en los pliegos, que según la central ponían en riesgo la permanencia de un millar de vigilantes en las instalaciones de Adif en todo el territorio nacional. El citado Tribunal resolvió pocos días más tarde la desestimación del recurso, pero tras la decisión hubo que corregir dos erratas del pliego administrativo de cláusulas particulares -prórroga y habilitación empresarial exigible- por lo que el plazo fijado para la recepción de ofertas se aplazó al 6 de mayo, cuatro meses después de lo que estaba estimado.
El presupuesto base de licitación supera los 210 millones de euros, más otros 60 previstos para las prórrogas y otros 34, para modificaciones
El último contrato, al que ha tenido acceso La Información y al que han optado una docena de empresas del sector, está parcialmente resuelto, ya que ha quedado desierto el lote de vigilancia de la zona norte -País Vasco, Navarra, Logroño y Cantabria-. Los otros cinco lotes fueron adjudicados este 9 de agosto a Prosegur -Centro y Nordeste-, Seguridad Integral Secoex -Este- y Grupo Control -Sur y Noroeste-. Según contemplan los pliegos, el presupuesto base de licitación supera los 210 millones de euros, más otros 60 previstos para las prórrogas y otros 34 para modificaciones.
La prestación de los servicios de vigilancia y seguridad tienen un carácter primordial para la actividad tanto de Adif como de Adif Alta Velocidad, máxime cuando las infraestructuras ferroviarias cuya administración compete a ambas entidades, y sobre las que se ha de realizar la labor de vigilancia indicada, ostenta la consideración de infraestructuras críticas. El administrador de infraestructuras tiene su propia Dirección de Seguridad que tiene, entre otras funciones, la protección de las estaciones de viajeros, las terminales de mercancías y edificios técnicos y administrativos, la red ferroviaria, así como los viajeros y empleados.
Solo la red ferroviaria de alta velocidad gestionada por Adif tiene 4.000 kilómetros de longitud y por ellas circulan en torno 365 trenes al días, lo que obliga a una vigilancia especial que recae en las empresas adjudicatarias, para evitar los robos de cable, que se producen de forma habitual, y actos vandálicos, además de otras incidencias imprevistas. La supervisión, mediante patrullas, es constante y la mayoría de la red está protegida por vallas de cerca de que impiden el acceso a las vías, además de otros de seguridad y de alerta.
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