Al sector asegurador se le avecina un cambio institucional radical: el Gobierno escindirá en un nuevo organismo independiente las funciones supervisoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfg), manteniendo su tarea regulatoria bajo el paraguas del Ministerio de Economía como hasta ahora. Dar independencia al 'vigilante' es una histórica demanda de la propia industria y de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y supondrá establecer un régimen autónomo equivalente al del Banco de España.
Las aseguradoras quieren un organismo fuerte, dotado de suficientes recursos técnicos y humanos, para que ejerza su misión supervisora sin limitaciones y defienda la voz del sector en los foros internacionales donde se fijan las reglas. Como la banca con el Banco Central Europeo (BCE), las guías y normativas dimanan cada vez más de la Eiopa, el supervisor europeo de seguros.
El sector se ofreció a financiar su actividad a semejanza de las tasas que el BCE traslada a los bancos que supervisa y como hacen aseguradoras europeas gemelas en otros países, pero no está dispuesta a correr con toda la factura. La industrial exige que arrimen el hombro todos los agentes supervisados y quiere que el Consorcio de Compensación de Seguros contribuya igualmente. “El Consorcio cuenta con miles de millones en patrimonio, innecesario para su actividad y que aumenta año a año con el cobro de los recargos. Es sensato que contribuya a financiarlo”, explica una fuente consultada en el sector.
Esta empresa pública alcanzó el pasado año los 10.164 millones en fondos propios y disfruta de un ratio de cobertura del capital mínimo de solvencia de 6,28 veces el exigido, según detalla en su memoria anual. En ejercicio de sus funciones cubrió indemnizaciones por siniestros valoradas en 377,06 millones de euros, después de haber recaudado unos 1.019 millones con el recargo que gravan las compañías al vender cada póliza en favor del Consorcio. Su beneficio ascendió a 659 millones en el ejercicio.Recauda unos 1.000 millones al año
El organismo, que fue creado en 1941 para atender las indemnizaciones por daños causados por la Guerra Civil, se ocupa de los riesgos no cubiertos por las compañías aseguradoras -vehículos sin pólizas, daños por tumultos y terrorismo, inclemencias meteorológicas como las ocasionadas por tormentas, inundaciones, riadas o terremotos; o accidentes aéreos entre otros-. Para su financiación grava una tarifa en cada póliza que se contrata.
La idea del sector es que contribuya de forma directa, con cargo a su abultada hucha, e indirecta con un abaratamiento del citado recargo que, por ejemplo, en los seguros obligatorios para automóviles asciende al 1,5% del precio de la prima, refieren las fuentes consultadas. Su propuesta es igualmente extensible al resto de “operadores” del mercado, entre los que ha incluído a los mediadores -corredores y agentes- que comercializan los productos de las compañías y que ya han expresado su negativa.
El debate está lanzado aunque poco o nada ha transcendido todavía del diseño del organismo y que se enmarca dentro de una reforma de gran calado de los supervisores pactada por el PP con Ciudadanos. Sólo que la actual Dgsfp conservará en Economía la parte regulatoria, dará independencia en una agencia a supervisión y derivará a una futura Autoridad de Protección del Consumidor la atención, quejas y disputas con clientes. La transformación podría comprometer hasta dos años e, indefectiblemente, deberá reforzar su filas dado hoy el organismo apenas cuenta con 180 profesionales, 90 de ellos inspectores de seguros para supervisar a más de 200 compañías.
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