De las 15 direcciones generales en que se estructuran la Vicepresidencia y los cuatros ministerios que conforman el área de Gobierno controlada por Unidas Podemos, nada menos que 13 están ocupadas por personas ajenas a la Función Pública. El asunto constituye un hecho insólito desde la perspectiva de que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público del año 2015 establece de forma taxativa que los nombramientos de directores generales del Gobierno "habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales" y sitúa el nombramiento de no funcionarios como un hecho excepcional que deberá ser motivado de manera suficiente por el departamento que lo solicite.
Los argumentos utilizados por los ministerios concernidos para justificar este uso masivo de la excepción legal han ido desde la necesidad de "conocimientos transversales difíciles de encontrar en la Función Pública" a que el cargo en cuestión "trasciende de las normales competencias administrativas"... aún cuando se encuadra en la Función Pública. "Los argumentos son cada vez más peregrinos", protesta Jordi Solé, presidente de Fedeca, la federación de asociaciones representativas de los cuerpos superiores de la Administración que ha decidido dar un paso al frente y llevar al Tribunal Supremo la insólita cascada de nombramientos a dedo de directores generales no funcionarios por parte del Gobierno de coalición.
Los cuerpos superiores de la Administración -inspectores de Hacienda, técnicos comerciales, estadísticos, abogados del Estado, administradores civiles...-, la élite de la Función Pública cuyos miembros están llamados a ocupar esos puestos directivos como culminación de su carrera profesional, han observado los nombramientos masivos de directores generales ajenos a la escala funcionarial no sólo como un abuso de lo que la legislación fija como una excepción sino como un incumplimiento flagrante de los principios de profesionalidad, imparcialidad y competencia que deben regir este tipo de nombramientos.
La organización ha planteado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso judicial que plantea la anulación de la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto de 28 de enero por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en virtud del cual se exime de ostentar la condición de funcionario a los ocupantes de hasta 23 direcciones generales del Gobierno, y de las normas restantes que con posterioridad han aplicado esta misma exención a otros tres directores generales hasta sumar una cifra total de 26.
"Aceptamos que la ley abra una puerta para cubrir en determinadas circunstancias alguno de esos puestos con personas ajenas a la Administración de reconocida solvencia y competencia profesional, pero lo que no podemos aceptar es que esa excepción se utilice a espuertas", explica el portavoz de los altos funcionarios del Estado. Sus argumentos cobran nuevo vigor después de que el Consejo de Ministros del pasado 28 de abril aprobara la creación de dos nuevas direcciones generales, en el Ministerio de Trabajo y en la Vicepresidencia de Transición Ecológica -una de las cuales será cubierta por un no funcionario- y habilitara al Ministerio de Consumo de Alberto Garzón a ocupar la Dirección General de Ordenación del Juego, hasta este martes ocupada por el administrador civil del Estado Juan Espinosa, con siete años de experiencia en ese departamento, por Mikel Arana, exportavoz del Gobierno Vasco, interventor de la Oficina de Control del Gasto del País Vasco y profesor asociado de Relaciones Laborales.
El recurso que Fedeca planteará ante el Supremo, "en cuanto se levante la suspensión de los plazos administrativos", amenaza sobre todo el área de Gobierno de Unidas Podemos que ha hecho un uso particularmente intensivo de esa excepción legal y que con el nombramiento de Arana ya ocupa 14 de las 16 direcciones generales que gestiona -sumada la creada el pasado 28 de abril- con personas ajenas a la Función Pública.
Una reforma 'a la portuguesa'
En un contexto en el que la forma de gestionar de Portugal se ha convertido en un referente casi ineludible en España, los cuerpos superiores de la Administración del Estado han mirado también al país vecino para importar un modelo de selección de altos cargos en el que la selección final del candidato se separa del análisis de su mérito y capacidad gracias a la intermediación de un comisión independiente.
Fedeca aboga por importar el modelo de la Cresap (Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública) en virtud del cual los puestos de escala directiva hasta director general, incluido ese nivel, se hacen públicos cuando quedan vacantes y se abren a todos los candidatos que crean cumplir los requisitos exigidos. A partir de ahí, la comisión independiente evalúa los méritos y la capacidad de los funcionarios presentados y elige una terna de candidatos. Ésta se presenta al Ministerio que ha sacado la vacante, que ya sí puede elegir libremente entre los candidatos y candidatas seleccionados por la comisión independiente.
La federación que aglutina a las organizaciones profesionales de cuerpos superiores aboga por ir un paso más allá y suscribir una suerte de contrato programa que vincule al director general de turno a su cumplimiento -para poder hacer una evaluación objetiva de su desempeño-, así como sacar su periodo de desempeño del ciclo político.
El Gobierno de coalición no para de crecer
El Gobierno con la mayor estructura operativa de la democracia, con sus 22 ministerios y su batallón de asesores que han obligado a ampliar el número de sillones destinados al Gobierno en el Congreso y a habilitar nuevos espacios en el Palacio de la Moncloa para darles acomodo, no parece alcanzar su límite de expansión. El Consejo de Ministros del pasado 28 de abril, el mismo en el que se ampliaron a 25 las excepciones para que no funcionarios ocupen altos cargos, aprobó asimismo mismo una serie de reestructuraciones internas en los ministerios que arrojaron la creación de dos nuevas direcciones generales, una decena más de subdirecciones y un puñado de unidades operativas extra.
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