El Senado ha dado 'luz verde' este miércoles de manera definitiva al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, por lo que la norma queda lista para su entrada en vigor, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Justo antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, el Ejecutivo ha conseguido sacar adelante una de las leyes 'clave' de la legislatura, tras meses de intensas negociaciones dentro del propio Gobierno de coalición y con los grupos parlamentarios.
Durante su tramitación en el Senado, los grupos presentaron más de 300 enmiendas parciales y seis vetos del PP, el PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN, que han sido finalmente rechazados por la Cámara Alta, por lo que la Ley no tendrá que volver al Congreso para su ratificación final. A favor de la Ley en la Cámara Alta han votado PSOE, ERC, Bildu, Más Madrid, ASG, Compromis, Més per Mallorca y Teruel Existe. En contra se han posicionado PP, PNV, Junts, Vox, Ciudadanos, PAR y UPN, mientras que PRC se ha abstenido.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha tomado la palabra al final del debate en la Cámara Alta y ha iniciado su discurso agradeciendo a su equipo y a las formaciones que han hecho posible la aprobación de esta norma. Sánchez también ha lanzado un "agradecimiento expreso" a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por su trabajo para el impulso de la Ley tras meses de negociación. "Cerramos un camino que ha sido largo y difícil. Un camino de casi tres años de intenso trabajo realizado en diálogo permanente con los representantes de los sectores afectados y con el mundo ¡ académico y profesional", ha celebrado la ministra.
Raquel Sánchez ha defendido que esta Ley es "sólida jurídicamente" y toma "lo mejor" de las regulaciones que se han puesto en marcha en otros países. "Se define también como socialmente ambiciosa, pues busca nada más y nada menos que cambiar la orientación tradicional de las políticas de vivienda en nuestro país", ha subrayado. Se trata de la primera Ley estatal de Vivienda en la historia de la democracia y es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos 'Next Generation EU'.
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