La tremenda avalancha de solicitudes de prestaciones por desempleo que provocó el estallido de la pandemia de la Covid 19 en marzo de 2020 llevó al límite al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hasta el punto de que el organismo que cuelga del Ministerio de Trabajo se vio obligado a aprobar pagos de manera casi automatizada para priorizar el abono de las nóminas a los trabajadores que quedaron hibernados en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y evitar así el colapso total. El problema es que, en plena vorágine, cientos de miles de esas prestaciones se abonaron de manera errónea, lo que ha disparado las reclamaciones de pagos indebidos.
El SEPE empezó a reclamar el dinero de los ERTE pagados en exceso por error en el verano de 2020. Tras el caos inicial en los servicios públicos de empleo por el alud de expedientes, los funcionarios comenzaron a revisar las prestaciones y a notificar la reclamación del dinero a todas aquellas personas que, por diversos errores, habían percibido cuantías superiores a las que les correspondían. El Ministerio no ha hecho público hasta el momento ni la cantidad total reclamada ni el número de beneficiarios afectados por estos pagos indebidos. Sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado se despeja al menos una de las incógnitas: la de las reclamaciones efectuadas.
En concreto, el presupuesto del Ministerio de Trabajo refleja que en el conjunto de 2021 se realizaron 1.275.196 reclamaciones de cobros indebidos, frente a las 400.000 previstas, lo que significa que la cifra final triplicó de largo el volumen inicialmente presupuestado. Para 2022 la ejecución prevista en el proyecto presupuestario es de 1.410.120 reclamaciones, lo que eleva el total a 2,7 millones. Si a esa cantidad se le suman las 579.127 reclamaciones que se realizaron en 2020 y el medio millón previsto para 2023, el resultado es que el SEPE va a afrontar más de 3,7 millones de reclamaciones de pagos indebidos en los cuatro años afectados por la pandemia y la crisis económica.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las reclamaciones efectuadas por el SEPE no se refieren exclusivamente a las nóminas de los ERTE sino al conjunto de prestaciones por desempleo. Pero no hay que olvidar que en el pico de la pandemia llegó a haber al mismo tiempo hasta 3,6 millones de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo y la tramitación de sus nóminas desbordó por completo al personal del SEPE. El colapso se mantuvo durante meses y se agravó, sobre todo, a raíz de que el Ministerio cesase a los 1.500 empleados interinos incorporados en 2020 para reforzar la plantilla y hacer frente a la carga extraordinaria de trabajo.
Según los datos que aparecen en los Presupuestos, el SEPE realizó casi 8 millones de renovaciones de paro e inscripciones de demandantes en 2020 y otros 5 millones en 2021. En 2022 serán más de 4 millones y para el año que viene se prevén otros 4,2 millones. Cantidades ingentes de tramitaciones que se reflejan también en el total de controles de gestión y reclamaciones efectuadas respecto a distintas prestaciones: 3,2 millones en 2020, 2,9 millones en 2021 y otros 2,9 millones en 2022. Al mismo tiempo, los reconocimientos de prestaciones online se dispararon hasta los 5,5 millones con el confinamiento y superaron también los 5 millones en 2021.
A lo largo de este tiempo, el departamento que dirige Yolanda Díaz se ha venido apoyando en estas desorbitadas cifras para evitar aportar la factura total exigida a los beneficiarios de prestaciones por pagos indebidos desde el estallido de la pandemia. Se trata de la segunda incógnita por resolver: ¿Cuánto dinero se ha reclamado y qué cantidad han recuperado las arcas públicas? Es un misterio. Fuentes de Trabajo aseguran que son datos difíciles de extraer, dado que en muchos casos han sido tratados por procedimientos automáticos, y argumentan que la mayoría de las cantidades reclamadas son mínimas, de nóminas que se refieren al enorme volumen de subsidios y de prestaciones que el SEPE tramita mensualmente.
Según ha podido comprobar La Información, hasta la fecha, los sindicatos tampoco conocen a cuánto asciende el monto total de cantidades reclamadas. El sindicato USO, muy presente en el SEPE, los ha solicitado por varias vías, sin éxito hasta el día de hoy. La central sindical de funcionarios CSIF tampoco dispone de esa información. Los intentos de este medio por conocer el detalle de esa factura a través de Ministerio no han fructificado hasta ahora. Y el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 tampoco recoge datos al respecto.
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