Más de 1.300 trabajadores de los cerca de 6.600 profesionales que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene en plantilla están en el 'dique seco' y no pueden contribuir a sacar adelante la elevadísima carga de trabajo que desde el inicio de la crisis del Covid-19 atora al organismo. El antiguo INEM, encargado históricamente del reconocimiento de las prestaciones y subsidios por desempleo, se ha visto desbordado en las últimas semanas por el registro administrativo del medio millón de ERTE tramitados en su mayoría por las oficinas de empleo autonómicas y por la gestión asociada al reconocimiento de las prestaciones especiales asociadas a esta figura, que se han unido al repunte de su trabajo habitual por el incremento de desempleados y a las dificultades que ha planteado la implantación del teletrabajo.
Esta 'tormenta perfecta' ha cogido al SEPE con una plantilla exigua, recortada de forma más que significativa en los años posteriores a la crisis, que además se ha visto jibarizada por las propias medidas de prevención instauradas por las autoridades sanitarias. Los datos comunicados por el propio SEPE a los sindicatos, a los que ha tenido acceso La Información, cuantifican en 1.306 los profesionales dispensados de sus obligaciones laborales, bien por estar al cuidado de niños menores, mayores a cargo o personas dependientes, bien por pertenecer a alguno de los colectivos especialmente vulnerables a la enfermedad o bien por haberse contagiado o estar en cuarentena por haber entrado en contacto con algún afectado del Covid-19. Una suma de contingencias que han reducido a un 80% la capacidad real de gestión del organismo.
Sobre el papel, el Gobierno reaccionó rápido. No habían pasado ni diez días de la declaración del estado de alarma cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la contratación de un millar de interinos para reforzar la dotación de personal del SEPE. Los sindicatos ya advirtieron de que no serían suficientes -CCOO advirtió de que se necesitarían 2.500 empleados extra-, pero la realidad ha hecho que ni siquiera hayan sido bastantes como para recuperar el capital humano operativo anterior al Covid-19. Además, su incorporación está siendo muy paulatina. Según el Ministerio de Trabajo, a día de hoy -un mes después del anuncio- se han incorporado 600 de los 1.000 interinos comprometidos. "Había unos 100-200 que estaban en la bolsa de trabajo de otros años y ya conocen los procedimientos, pero al resto hay que formarlos y eso retrasa su incorporación", explican fuentes del sindicato CCOO.
Las consecuencias de la situación están siendo bien tangibles. "Hasta la fecha todavía no tenemos constancia de que alguno de los trabajadores cubiertos por los ERTE que tramitamos a mediados de marzo hayan recibido prestación alguna", indica Raquel Fernández, consultora de la red de CE Consulting. La situación es generalizada y de hecho desde el propio Ministerio de Trabajo se admite que los primeros pagos empezarán a formalizarse este mes de mayo.
Cuatro millones de trabajadores y trabajadoras cubiertos por los ERTE por causa de fuerza mayor esperan, en algunos casos desde el mes de marzo y en otros desde hace menos tiempo, la prestación pública a la que el Gobierno se comprometió y que cubre el 70% de la base reguladora del último salario con un tope de 1.098,09 euros mensuales para los que no tienen hijos, que se puede ampliar hasta los 1.254,96 euros al si se tiene un hijo a cargo y hasta los 1.411,83 euros con dos hijos. El suelo de la prestación se sitúa en 501,98 euros.
El plazo de reconocimiento de un día en las prestaciones por desempleo se ha estirado, como anticipó el sindicato USO allá por el mes de marzo, hasta los 50 o los 70 días en estas condiciones de estrés para el SEPE. La crisis del Covid-19 ha sido una carrera de obstáculos que el organismo ha intentado ir badeando como buenamente ha podido. Primero fueron los problemas con el teletrabajo, ya que el SEPE a mediados de marzo solo estaba preparado para que un 10% de sus trabajadores pudieran trabajar en remoto ; después vinieron los titubeos en la regulación de los ERTE, que saturó desde el minuto uno la capacidad de los servicios públicos de empleo de toda España por la voluntad de instaurar un control previo de la autoridad laboral sobre los ajustes temporales aprobados; y en medio de ese camino la creación de más y más prestaciones de cobertura a diferentes colectivos.
Desde el sindicato CSIF se recuerda que además de la nueva carga de trabajo "extraordinaria, ingente y adicional" asociada a los ERTE se continúan tramitando y reconociendo las prestaciones por desempleo “habituales” y que el volumen de nóminas sufragadas por el organismo ha saltado de los dos millones a cerca de seis millones. Y ello sin contar otras prestaciones que también recaen en el Sepe como la prestación a fijos discontinuos o el subsidio para trabajadores temporales que se quedaron sin empleo en los momentos inmediatamente anteriores a la crisis o aquellos que tenían una expectativa laboral que se vino abajo.
La semana pasada la Dirección del SEPE reconoció el sobreesfuerzo que está realizando la plantilla, que durante las últimas semanas ha realizado jornadas más allá de lo establecido y trabajado incluso los fines de semana para sacar adelante la acumulación de trámites en el organismo, -han llegado a registrar 140.000 ERTE en un día- y planteó un esquema de compensación en forma de retribución económica por las horas extra realizadas por semana y pagos en productividad y días libres por las jornadas realizada en fin de semana.
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