La cuenta de deudas pendientes con entidades financieras de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) - el hólding empresarial público que se encarga de gestionar la red de empresas propiedad del Estado y las participaciones del Estado en empresas de capital mayoritariamente privado- cerró el ejercicio de 2019 rozando los 2.000 millones de euros entre compromisos pendientes a corto y largo plazo. Desde el año 2014, cuando esa cuenta apenas importaba 92,6 millones de euros, la partida ha experimentado un crecimiento exponencial al compás de las necesidades financieras crecientes que han manifestado algunos de los buques insignia del entramado de empresas propiedad del Estado, especialmente Navantia, para mantener su equilibrio financiero.
Durante todo este periodo SEPI ha tirado de manera íntegra de financiación bancaria para cubrir esas necesidades. Esto ha sido así en gran medida porque desde el Ministerio de Hacienda no se contemplaba con buenos ojos la posibilidad de que el hólding empresarial se asomara a los mercados de capitales para cubrir sus necesidades de financiación con cargo a deuda. Eso, sin embargo, podría estar a punto de cambiar. SEPI ha empezado a valorar de forma seria su retorno como emisor a los mercados de capitales y desde hace varias semanas estudia la opción de lanzar un programa de emisión de pagarés para abrir una fuente alternativa a la financiación bancaria para la cobertura de necesidades puntuales de liquidez de la sociedad.
Así lo reconoce el presidente en funciones del hólding, Bartolomé Lora, en las alegaciones presentadas por la sociedad al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las operaciones de apoyo financiero de la SEPI a las empresas del grupo durante los ejercicios 2017 y 2018, en el que el órgano fiscalizador insta a SEPI a estudiar la viabilidad de otros instrumentos financieros diferentes al bancario, "como emisiones de deuda o préstamos sindicados", para alimentar sus recurso. Lora desvela que el Comité de Dirección del hólding trató la posibilidad de acudir al mercado de capitales a corto plazo para financiarse en su reunión del pasado 10 de julio "como una fuente alternativa de financiación respecto a la bancaria".
En la reunión no se adoptó ninguna decisión definitiva sino que se debatió la conveniencia de recurrir a este canal de financiación y se abordaron cuestiones básicas en relación al eventual funcionamiento del programa, los agentes que estarían implicados y la fases para un eventual desarrollo a futuro. En ese sentido, sí se dejó sentado que en caso de que se considerara adecuado recurrir a los mercados de capital y poner en marcha un programa de emisión de pagarés éste debería ser autorizado por el Consejo de Administración de SEPI, del que forman parte 14 altos cargos de ocho ministerios del Gobierno, y conllevaría la contratación de un coordinador global y de un asesor legal para orientar la colocación.
Se descarta de momento la emisión de bonos u obligaciones
Según fuentes del mercado, el esquema que está valorando SEPI, que transita por una fase aún muy inicial, es el de realizar emisiones a muy corto plazo -con un periodo de vencimiento inferior a tres meses- y con el objetivo de dar cobertura a tensiones puntuales de tesorería. En principio se descarta realizar emisiones de títulos de deuda a medio y largo plazo para financiar programas de gasto a más largo alcance. El presidente de SEPI admite que el hólding también ha analizado esa posibilidad, pero que se ha encontrado con que los costes de financiación para ese tipo de emisiones son muy similares a los que ya soporta la institución con la financiación bancaria y que se ha optado por continuar con esta "mientras exista apetito por parte de las entidades financieras".
Hay otra lectura. Las eventuales emisiones de bonos y obligaciones que realizara la SEPI pasarían automáticamente a engrosar la ya suficientemente inflada cuenta de la deuda pública del Reino de España según la metodología seguida por la Comisión Europea, una circunstancia que no parece demasiado oportuna en un contexto en el que a España se le van a medir sus objetivos de cumplimiento de consolidación fiscal por la capacidad que tenga de reducir su endeudamiento.
SEPI dejó de tener calificación crediticia como emisor en 2012 cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy optó por resolver una serie de contratos del sector público con las agencias ráting. Para aquel entonces, el hólding público únicamente tenía en el mercado las obligaciones a 30 años emitidas en 1995 para sufragar la deuda histórica del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI), del que SEPI es heredero. Hace al menos una década que SEPI no acude al mercado para financiarse vía endeudamiento.
Un buen momento para dar el salto al mercado
Las emisiones de pagarés se han revitalizado con el impacto de la crisis económica provocada por la Covid-19. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Central Europeo (BCE) han decidido dar su apoyo a las compañías que emiten estos títulos de crédito, ya que el banco público ha optado por avalar hasta el 1 de diciembre (tras ampliar el vencimiento del 30 de septiembre) las emisiones que se realizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) con hasta 4.000 millones de euros. Incluso fue un paso más allá y se lanzó a comprar el 50% del papel en el mercado para así facilitar la liquidez, en sintonía con el BCE, que admite dicha deuda en su programa de compras, lo que le ha convertido en el mayor inversor. Recientemente, irrumpió en la emisión de deuda de corto plazo de El Corte Inglés.
No obstante, en este programa de financiación de la SEPI el banco público español no jugaría un papel relevante. ¿El motivo? Entre las condiciones para dichos avales está que la entidad emisora contara con programas de pagarés vigentes y ya incorporados al MARF, por lo que este requisito no se cumpliría por parte de la entidad pública empresarial cuyo programa está aún en fase de estudio, aunque lo registrara antes del 1 de diciembre.
Numerosas compañías están optando por la emisión de pagarés. El respaldo a este tipo de emisiones está prácticamente asegurado y se ha producido un incremento en el apetito por parte de los inversores. La naturaleza de estas emisiones, con un plazo máximo de dos años, encaja perfectamente con la actual situación ya que se prevé que la crisis provocada por el Covid-19 llegue a su fin antes de dicho plazo. Además, los bajos tipos de interés hacen que las compañías obtengan una fuente de liquidez extra, ajena al canal bancario, a un coste mucho más reducido.
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