La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha abierto el proceso para la contratación de diez asesores independientes, con el fin de analizar cinco operaciones de ayuda financiera temporal a sendas empresas que la han solicitado al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas. En concreto, este análisis afecta a las solicitudes cursadas por Vicinay Marine, Imasa Ingeniería y Proyectos, Isastur (Ingenieria y Suministros Asturias S.A.), Pacadar y eDreams Odigeo. Estos asesores jurídicos y financieros vinculados al procedimiento del Fondo "forman parte de las firmas más prestigiosas del mercado", según detalla SEPI.
A ellos se les asignan mediante los correspondientes contratos los expedientes, bajo la tutela de los responsables del proyecto. El asesoramiento que recibe el Fondo asegura un proceso de análisis de las solicitudes de apoyo recibidas "exhaustivo, profesional y transparente que garantiza el máximo rigor en la resolución que pone fin a cada expediente", remarca el holding público. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas es, en opinión del grupo público que preside Belén Gualda, una*herramienta "clave" para proteger la actividad económica y el empleo*mientras dure el impacto de la pandemia. Es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha con una dotación de hasta 10.000 millones de euros.
El asesor financiero verifica el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad establecidos y analiza la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad. El estudio de cada operación incluye el análisis de la situación preCovid de la empresa, del impacto de la pandemia y la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad que presenta cada compañía. El análisis requiere estudiar el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación, contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.
El asesor jurídico, por su parte, realiza el proceso de 'due diligence' (auditoría legal), que incluye la emisión del informe sobre las condiciones para ser beneficiario, contingencias legales, laborales, y fiscales, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del solicitante.
Además, los asesores jurídicos redactan y revisan los documentos y términos de los acuerdos y documentos contractuales que gobiernan la eventual concesión del apoyo financiero público temporal, tales como los 'términos del apoyo a la solvencia', el 'acuerdo de apoyo financiero público temporal', el 'acuerdo de accionistas' o 'acuerdo de gestión con la compañía', el 'contrato de financiación' y demás documentos financieros, incluyendo las garantías anejas a la financiación. SEPI continúa así con la contratación de asesores externos financieros y jurídicos para el análisis de las solicitudes de ayuda llegadas al Fondo.
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