La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha aplazado hasta el 19 de febrero de 2018 el juicio por estafa previsto inicialmente para esta semana contra 20 personas acusadas de una supuesta estafa continuada a compañías de seguros falseando partes de accidentes de tráfico en distintos puntos de Pontevedra.
El motivo de este aplazamiento por cinco meses es que el presidente del tribunal se encuentra de vacaciones y no hay sustituto, de modo que hoy no pudo conformarse la sala y el juicio no pudo celebrarse.
La Fiscalía pide penas para las 20 personas acusadas que suman 45 años de prisión e indemnizaciones para todos ellos, que deberán pagar a las compañías de seguros. En concreto, las penas de prisión van de los dos a los cinco años, en función del caso, y las indemnizaciones varían entre los 1.455,57 euros la más baja y los 34.961,96 euros la más elevada.
Los 20 acusados, sus abogados y las acusaciones personadas en esta causa fueron citadas igualmente para este lunes, para intentar llegar a un acuerdo de conformidad que evitase la celebración de la vista oral.
Las partes intentarán llegar a un acuerdo antes del 19 de febrero y en los próximos meses se celebrarán nuevas reuniones. El principal escollo en estas negociaciones está siendo la responsabilidad civil que están dispuestos a asumir los acusados.
INVESTIGACIÓN
El caso se inició con la investigación de la Policía Local de Pontevedra a raíz de una denuncia por un falso robo de un Renault Laguna. Las pesquisas consiguieron destapar hasta 11 supuestos fraudes a aseguradoras con accidentes de tráfico simulados o falsos robos de vehículos, la mayoría de alta gama.
Varios de los casos están relacionados con vehículos que el Consorcio de Compensación de Seguros abonó como siniestro total tras las inundaciones ocurridas en la comarca de O Salnés de noviembre del año 2006 y que, posteriormente, los dueños traspasaron a otra persona. Volvieron a contratar una póliza de seguros y supuestamente sufrieron un accidente por el que volvieron a reclamar dinero.
Entre los implicados se encuentran los responsables de un taller de Pontevedra, un perito de Vigo y los propietarios de algunos de los vehículos.
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