El jefe de Entidades de Crédito de Economía atribuye la desaparición de las cajas de CyL al "cataclismo" inmobiliario

El jefe de Entidades de Crédito de la Consejería de Economía de Castilla y León, Alfonso Pérez Quintana, ha asegurado que la causa primera de la desaparición de las cajas de la Comunidad se debe al "cataclismo" del sector inmobiliario en España.

Así lo ha expresado en el marco de su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las Cajas de Ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, así como la posible vulneración de los derechos de los consumidores en la oferta de sus diferentes productos que se sigue en el Parlamento autonómico.

En este marco, en respuesta a las preguntas planteadas por los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, Pérez Quintana ha asegurado que la desaparición de las cajas de ahorros es consecuencia del "cataclismo" del sector inmobiliario español. En definitiva, considera que la causa hay que buscarla en la propia economía, sobre todo en este sector, donde estas entidades tenían más negocio.

El responsable de Entidades de Crédito de Economía ha incidido en que esto ha provocado un "trauma" sobre todo desde el punto de vista de la obra social, una labor que llevaban a cabo las cajas, entidades sin ánimo de lucro, lo que es una "preocupación general" dado que no se ha encontrado algo que permita sustituir lo que hacían las obras sociales.

A lo largo de su intervención, Pérez Quintana ha incidido en numerosas ocasiones en el reparto de competencias en materia de cajas, dado que desde el inicio el Tribunal Constitucional ha tenido que resolver múltiples cuestiones al respecto al haber una "falta de asignación" clara y ha señalado que la Comunidad tiene competencias prácticamente "residuales" en esta materia.

Precisamente sus referencias a la normativa e interpretaciones jurídicas han sido el motivo por el que el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado su actitud e incluso le ha acusado de arrojar a veces "más sombras que luces" y le ha reprochado seguir los argumentos del PP, algo que el compareciente ha rechazado.

Precisamente a este respecto, ha señalado como competencia de la Comunidad principalmente una labor de autorización administrativa de determinadas cuestiones como la creación de nuevas entidades, su liquidación, escisión, etcétera, la autorización de productos a los miembros de sus órganos de gobierno o la de "protectorado", la cual considera que no está muy definida pero en la cual ha enmarcado que la Junta abriera un debate sobre una posible fusión de las cajas de Castilla y León para crear lo que se denominó "músculo financiero".

ACTUACIÓN "DESACERTADA"

En este sentido, en respuesta a las preguntas del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha defendido la "correcta" actuación de la Junta de Castilla y León, aunque "siempre se puede hacer más", pero no así la de los órganos de gobierno de las cajas como los consejos de administración y sus directivos.

"A la vista de los resultados claramente no fue acertada la gestión", ha señalado Alfonso Pérez en referencia a al menos aquellas que no han sobrevivido, a lo que ha añadido que tampoco esto es una cuestión "específica" de Castilla y León, dado que ha habido procesos similares en toda España.

Asimismo, Pérez Quintana ha pedido no confundir la actuación administrativa, que llevaba a cabo la Junta, con la política, ya que esta tenía más que ver con la designación de representantes en los órganos de las cajas bien a través de las Cortes o las entidades locales, por ejemplo, dado que la Administración autonómica lo que hacía era llevar a representantes a los órganos de control con voz pero sin voto, algo que además se suprimió a partir de 2010 con un cambio normativo.

En concreto, ha explicado que el hecho de que haya habido actuaciones políticas en la designación de representantes no quiere decir que la Administración "haya actuado políticamente".

En cuanto al trabajo de su departamento, ha calificado de "estresante" la época en la que se planteaban las fusiones, algo que "no desea a nadie" porque había un constante "bombardeo" de cosas.

Ante las preguntas de los portavoces en la Comisión del Grupo Mixto, José Sarrión, y de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, Pérez también se ha referido a las acciones preferentes, que en su opinión la normativa básica estatal debería haber prohibido o limitado su venta a los minoristas, ya que no son comparables a otros productos sí dirigidos a esta público, algo que se ha hecho con posterioridad.

Sin embargo, ha señalado que estos productos incluso se potenciaban porque servían para reforzar los recursos propios, pero ha aclarado que requerían del visto bueno, una vez aprobadas por el Consejo de Administración de la entidad correspondiente, primero del Banco de España y, tras la autorización de la Junta, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por otro lado, en cuanto a la autorización de créditos a miembros de sus órganos de Gobierno, Pérez Quintana ha señalado que la labor en esta materia por parte de su departamento era dar el visto bueno a estas actuaciones desde un punto de vista "objetivo", es decir, sin valorar la "oportunidad" o "conveniencia" de la operación, sino las exigencias legales y de documentación, entre ellas la limitación de que la totalidad de los créditos concedidos a una persona o un grupo no pudiera superar el 25 por ciento de los recursos propios de la entidad.

En estos casos, además, se exigían certificados y estudios a la entidad --que aprobaba primero la operación para luego iniciarse el proceso administrativo-- y, de hecho, en ocasiones se han hecho requerimientos en este sentido para completar la documentación.