Viernes, 16.11.2018 - 20:04 h
El Gobierno remite a Bruselas su borrador presupuestario

Siete cifras insólitas que hacen difícil de creer el plan presupuestario de Sánchez

El Gobierno 'oculta' las cuentas de la Seguridad Social en la presentación de su plan presupuestario y fía su éxito a un flujo de ingresos improbable.

María Jesús Montero, presenta el borrador de plan presupuestario / EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicando las previsiones de ingresos que sustentan su plan presupuestario / EFE

Varios cientos de millones en ingresos por aquí, unos supuestos ajustes en el gasto por allá, se sacan del mapa las cuentas de la Seguridad Social - que siempre son un quebradero de cabeza - et voilà, queda un borrador de plan presupuestario que no solo acomoda los más de 5.000 millones de euros de gasto extra del acuerdo entre el Gobierno y Podemos en el mismo techo de gasto aprobado ya en julio, sino que genera un volumen de ingresos suficiente para financiar todo ese gasto extra y, además, permitir una reducción del déficit, del nominal y del estructural.

El Gobierno asegura que todo cuadra, que sus estimaciones son incluso "prudentes", según la valoración realizada este lunes por las ministras Calviño y Montero, pero algunas de las cifras remitidas a Bruselas desafían los precedentes e invitan al escepticismo.

1. Cerca de 12.000 millones de ingresos extra...en plena ralentización. Todo el Plan Presupuestario del Gobierno se sustenta sobre una previsión de ingresos ambiciosa, que prevé un flujo extra de recursos presupuestarios de 11.724 millones de euros y que sólo tardó horas en ser puesta en cuestión desde organismos como CEOE. Hace unos días el FMI ya advirtió al Gobierno que el problema de plantear tanta medida fiscal de nuevo cuño es que generaba una fuerte tentación de sobreestimar la previsión de ingresos. En este caso el Gobierno ha calculado que la simple inercia del ciclo económico - en franca desaceleración en los últimos meses - le aportará 6.500 millones extra y que obtendrá otros 1.500 millones en 'ingresos no tributarios', que no detalló. Los 3.811 millones restantes vendrán de las medidas fiscales previstas en el acuerdo con Podemos.

2. ¿Qué pasa con el Impuesto sobre Transacciones Financieras? Para empezar, el Gobierno ha calculado que la denominada 'Tasa Tobin' dejará en España 850 millones de euros, pese a tener la cercana referencia de un país más grande y con más actividad financiera que el nuestro, Francia, en el que ha recaudado 'solo' 800 millones y pese a ser consciente de que se trata de una figura de nueva creación que exige la tramitación parlamentaria de una nueva ley, con los plazos que ello conlleva. El Gobierno, además, no contabiliza los futuros ingresos de ese impuesto como ingreso presupuestario porque prevé asignarlos a la Seguridad Social, un 'asuntillo' que exigiría modificar la Ley de Seguridad Social y que probablemente no pueda hacerse hasta que exista un acuerdo al respecto en el Pacto de Toledo. En apariencia, demasiados trámites, demasiadas necesidades de apoyo parlamentario y demasiadas incógnitas para contar con esos ingresos el próximo año...

3. La incógnita del impuesto a las tecnológicas. Cuando la Comisión Europea planteó su propuesta de impuesto a las tecnológicas - la que a grandes rasgos ha asumido el Gobierno - calculó que con un tipo del 5% el impuesto podría recaudar 7.800 millones en toda Europea y que con un del 3% - como el elegido en España -, en torno a 4.800 millones en toda la UE. El Gobierno entiende, sin embargo, que puede recaudar la cuarta parte de los ingresos previstos por la Comisión para los 28 países de la UE sólo en España y ha pintado en su plan presupuestario unos ingresos totales por ese nuevo impuesto de 1.200 millones de euros. La cifra no llega a los 2.100 millones de ingresos extra que previó Montoro, pero parece muy sobreestimada. 

4. El tradicional recurso a la lucha contra el fraude. Es un clásico. A la hora de prever los ingresos presupuestarios los gobiernos en España tienden a situarse en el mejor de los escenarios posibles, el que se daría si todo fuera bien en un año concreto. Cuando aún así las cifras no cuadran, el recurso habitual es asegurar que el resto de los ingresos previstos se obtendrá de sus audaces y novedosas estrategias de lucha contra el fraude, obviando que la recaudación por este vía lleva años en cifras récord. En este caso, el Ejecutivo ha atribuido a este canal 828 millones de euros extra, que espera conseguir por la reducción de 2.500 a 1.000 euros del límite máximo para realizar pagos en efectivo; con la inclusión en la lista de morosos de los contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros y de los administradores de las empresas; y con el aprovechamiento de la información procedente de los convenios de intercambio de información con otros países como consecuencia de la aplicación de los nuevos parámetros de la OCDE.

5. El insólito caso de los gastos públicos menguantes. Podemos empezó el año 2018 reivindicando que España necesitaría cerca de 25.000 millones de euros más de gasto público urgente para cubrir las necesidades creadas por la crisis, luego se presentó a la negociación bilateral con el Gobierno con la exigencia de incrementar el gasto público hasta los 10.000 millones y ha terminado firmando un acuerdo que eleva el gasto en poco más de 5.000 millones (5.098 millones, en concreto). Según la documentación proporcionada este lunes por el Gobierno, el impacto real en los PGE 2019 será únicamente de 1.992 millones de euros, cuando el viernes la ministra Montero había cuantificado 100 millones más. ¿La clave? Montero no contabiliza las medidas que deberán sufragar otras administraciones ni tampoco las correspondientes a la Seguridad Social, que rondan los 2.000 millones. En Trabajo no deben tener demasiado claras estas cuentas porque tras la presentación de Montero decidieron posponer un briefing explicativo que estaba previsto para este martes. Más razones para el escepticismo.

6. Ni un euro más de techo de gasto. Una de las cuestiones más sorprendentes es que tras anunciar el regreso del gasto social y el fin de los recortes presupuestarios a los ciudadanos, el listado de medidas de gasto pactadas entre Podemos y el Gobierno no haya movido ni en un euro el techo de gasto de 125.064 millones de euros aprobado el pasado mes de julio. ¿Posibles explicaciones? O el grueso de las medidas se cargará a las autonomías, los ayuntamientos y el ya castigado presupuesto de la Seguridad Social; o el Gobierno hará recortes en otras partidas o el acuerdo con Podemos, sencillamente, no se cumplirá. Si hay una certeza en cualquier presupuesto público es que la tendencia natural del mismo es a que la previsión del gasto se desborde. No hace falta más que echar un vistazo a los precedentes.

7. La increíble elasticidad del objetivo de déficit. "Disponer de un objetivo de déficit del 1,8% - como plantea el Gobierno - o del 1,3% - como refleja la vigente senda de consolidación fiscal del Reino de España (al menos en tanto no se pueda modificar) - no va a variar en gran medida el Presupuesto", subrayó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno plantea un presupuesto extraordinariamente elástico que puede adaptarse como un guante, según las ministras del ramo, a objetivos de déficit que difieren en más de 6.000 millones de euros sin ajustes de ingresos relevantes ni nuevas medidas fiscales. 

De telón de fondo, la sensación de que cumplir o no el objetivo de déficit marcado va a ser irrelevante para el Gobierno socialista. Y no porque no esté comprometido con Bruselas, sino porque en la Comisión Europea, una vez por debajo del 3%, lo que importa más no es que se llegue más pronto o más tarde al equilibrio presupuestario nominal sino que se apuntale el equilibrio presupuestario estructural (el saldo presupuestario sin contar el coste de la deuda pública) y se reduzca la ratio de deuda sobre el PIB, que en España ronda el 100%.

Desde Hacienda incluso se desliza una posible modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para referenciar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios al déficit estructural, al cumplimiento de la regla de gasto y a la ratio deuda/PIB y no tanto al déficit público como se ha venido haciendo hasta ahora.

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