El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a la mayor Oferta de Empleo Público (OPE) de la última década, con un número de plazas -33.793- muy similar a la de 2008, el año del estallido de una crisis económica que obligó a recortar drásticamente la contratación de nuevos funcionarios y los gastos que generaban. La decisión ha sido muy bien recibida por los empleados públicos y los sindicatos que les representan en una coyuntura en la que en la Administración General del Estado (AGE) el 65% de los funcionarios tiene más de 50 años y alrededor de 31.000 tienen una edad superior a 60.
El aluvión de nuevos empleados impulsado por el Gobierno socialista a un mes de los comicios generales y a dos de los autonómicos y locales pretende paliar, en parte, el efecto del envejecimiento de una plantilla sometida durante siete años a drásticas tasas de reposición, que no han permitido un rejuvenecimiento de efectivos que entraron de forma mayoritaria en la Administración a mediados de los ochenta y que, en el caso de la AGE, se han venido reduciendo mientras que aumentaba de forma importante en las comunidades.
¿Pero cuáles son las razones de la importante disminución del número de funcionarios? El número de empleados públicos en la AGE se ha reducido en más de un 16,7% en apenas ocho años y ha pasado de los 241.152 que se registraban en enero de 2010 a los 201.030 de julio de 2018, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Política Territorial a partir de los datos facilitados por las comunidades autónomas y diferentes organismos públicos.
Buena parte del descenso se debe a la tasa de reposición, que en un principio se fijó en el 10% de las jubilaciones y que se ha ido incrementando a medida que la crisis quedaba atrás. Unido a esto, se ha producido una avalancha de retiros voluntarios en los últimos años, que ha hecho que uno de cada siete funcionarios que acceden a la jubilación lo haga de forma anticipada y voluntaria. Así, según la Memoria de Actividades de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de las 23.849 jubilaciones de 2017, 16.597 fueron voluntarias.
Los empleados públicos cuentan con un régimen de jubilación diferente al del resto de los trabajadores. Los funcionarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas pueden jubilarse voluntariamente desde los 60 años -la mayoría lo hace justo el día en el que los cumplen- siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado. Pese a todo, el Régimen de Clases Pasivas está en vía de desaparición, ya que desde el 1 de enero de 2011, tras la aprobación del Real Decreto-ley 13/2010, los nuevos funcionarios ingresan en el régimen de la Seguridad Social, con las mismas condiciones de jubilación que el resto de los trabajadores.
Si la tasa de reposición hubiera afectado solo a los trabajadores públicos que han alcanzado los 65 años, los que jubilan de forma forzosa y que son habitualmente los que ganan más que lo que puede obtener como pensión máxima tras la jubilación -2.500 euros brutos-, apenas hubiera sido necesario convocar 7.000 plazas anuales para generar empleo neto en la Administración General del Estado. Ahora, los sindicatos pretenden que se convoquen en los próximos años un mínimo de 30.000 plazas anuales, más otras 15.000 extra en el próximo trienio, para rejuvenecer la AGE y recuperar los funcionarios perdidos durante la crisis.
Envejecimiento de la Administración
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Meritxell Batet ha justificado la extraordinaria OPE de 2019 asegurando que el principal objetivo es reforzar los servicios de atención al ciudadano y reducir la edad media en la Administración, algo a lo que evidentemente han contribuido en los últimos años los retiros voluntarios. En la actualidad, los efectivos de la AGE tienen de media 52 años, diez más que la del conjunto de la población activa del país, que ronda los 42,5. Además, es previsible que más de la mitad de la plantilla se jubile en los próximos diez años, un porcentaje que se incrementa al 62% en el caso de los auxiliares administrativos.
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