Siete familias se libran del desahucio tras expropiar la Junta las viviendas

Sevilla, 25 jun.- Siete familias andaluzas han dicho adiós al desahucio que les amenazaba gracias al decreto de la función social de la vivienda puesto en marcha por la Junta, que ha permitido tramitar los expedientes de expropiación temporal de uso de estos inmuebles, situados en cuatro provincias diferentes.

Desde que una familia de Huelva protagonizara el 23 de mayo el primer trámite de expropiación forzosa a entidades financieras del uso de la vivienda, se han sumado otras en Almonte (Huelva), en Motril y Charches-Valle del Zalabí (Granada), en San Roque (Cádiz), y las dos últimas en la capital de Málaga.

El camino de este decreto, que entró en vigor el 12 de abril, no será fácil, pues ahora se encuentra con un informe de la Comisión Europea en el que se alerta de que puede afectar negativamente a la estabilidad de la banca y la recuperación económica, aunque la Junta se ha apresurado en responder que "seguirá desplegando todas las facultades" de la norma andaluza como hasta ahora.

Un matrimonio de Huelva, con cuatro hijos (dos de ellos menores de edad) abrió el camino que hoy siguen otras familias, al evitar un anunciado desahucio por acogerse al nuevo decreto, después de que hubieran perdido su casa en una subasta en 2011 por el impago de quince mensualidades de la hipoteca que tenían.

La madre, única de la unidad familiar con trabajo, recibe unos 350 euros mensuales por dos horas al día limpiando portales, que se suman a la ayuda de 420 euros de su marido por ser parado de larga duración y otra complementaria de 80 euros que tiene concedida ella, lo que suponen poco más de 800 euros mensuales.

Con la crisis llegaron por primera vez los problemas para pagar la hipoteca, las primeras cartas de la financiera, después la subasta, en la que la casa pasó a manos de un Fondo de Inversión Hipotecario, y tras ello la orden de lanzamiento, que ha podido ser parada por esta expropiación, que tiene un máximo de tres años.

Unas semanas después, el 13 de junio, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el inicio del trámite para la expropiación forzosa del uso de las dos viviendas de Motril y Charches-Valle del Zalabí, tras comprobar que sus solicitantes cumplían con todos los requisitos sociales necesarios.

De nuevo en Huelva, esta vez en la localidad de Almonte, fue donde se produjo el cuarto caso de la comunidad, al iniciarse el expediente para evitar el desahucio de un matrimonio que reside en la vivienda junto a su hija y su nieta.

"Por lo menos durante tres años vamos a poder dormir tranquilos y en nuestra casa", dijo la mujer, que se enfrentaba a una orden de alzamiento tras no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

En los últimos días se han producido los últimos casos, el de San Roque la semana pasada, después de que la Junta comprobara que la familia cumple con los requisitos establecidos en el decreto y que se encuentra en riesgo de exclusión social, evitando así que pudieran ser desahuciados.

Las dos últimas familias que han podido frenar el desahucio son malagueñas, la primera de ellas formada por una mujer divorciada, con dos menores a su cargo, de cinco y diez años, que no puede afrontar en solitario la hipoteca, y la otra es una familia numerosa con cuatro hijos y ambos progenitores de nacionalidad marroquí.

Dentro del trámite, el anuncio publicado en el BOJA es el paso inicial para el proceso de expropiación temporal del uso, que es de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados pro entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o de gestión de activos.

Una vez realizada esta publicación, la sociedad adjudicataria del piso dispone de un plazo de quince días para presentar alegaciones y si estas no son aceptadas, se establece un justiprecio y se emite un informe técnico de la Dirección General de Vivienda para posteriormente publicarlo de nuevo en el BOJA, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación.