La flota española deja de faenar en aguas de Marruecos a la espera de otro acuerdo

  • No es la primera vez que se produce una paralización de este tipo, ya que entre 2012 y 2014 los barcos tuvieron que dejar el caladero marroquí.
El Principado destinará 638.000 a la convocatoria de ayudas dirigidas a la adaptación de la flota pesquera
El Principado destinará 638.000 a la convocatoria de ayudas dirigidas a la adaptación de la flota pesquera

El protocolo de pesca firmado entre Marruecos y la Unión Europea en 2014 caduca hoy y obliga a la flota europea, especialmente la española, a un paro temporal a la espera de los resultados de las negociaciones que están en curso para firmar un nuevo pacto. Los negociadores oficiales marroquíes y europeos guardan silencio sobre el proceso de discusiones, que se celebra desde el pasado mes de abril a caballo entre Rabat y Bruselas.

Fuentes cercanas a las negociaciones se limitaron a decir que las discusiones se desarrollan actualmente en Bruselas y que se retomarán la semana próxima en la capital europea, y añadieron que las partes "están optimistas". Un optimismo que no comparte el sector pesquero europeo, y sobre todo el español, obligado a amarrar de forma provisional sus barcos, mientras duren las negociaciones.

El presidente de la patronal pesquera europea (Europêche) y secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Javier Garat, explicó que la paralización de la flota europea podría prolongarse, porque pese al cierre de un futuro acuerdo, se requiere un proceso de ratificación que podría durar entre seis y doce meses.

Garat instó a que se aceleren gestiones para que los barcos afectados reciban ayudas del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP). El presidente de Europêche añadió que habrá barcos de la flota andaluza que tras la expiración del convenio faenarán en el Golfo de Cádiz; al mismo tiempo deploró que la decisión del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) del pasado mes de febrero "haya retrasado los pasos para cerrar un nuevo acuerdo".

El TJUE estableció que las aguas del Sáhara Occidental no eran de soberanía marroquí, lo que obligó a centrar las actuales discusiones en el aspecto político para encontrar una fórmula aceptable, puesto que Rabat rechaza cualquier pacto que no incluya las aguas saharauis.

"Sigo siendo optimista, las cosas van rápido pero no nos queda más remedio que tener paciencia y confiar en la buena voluntad de las partes en las negociaciones", apuntó Garat. Según cifras de la Confederación Española de Pesca, el sector pesquero español ha hecho uso de 49 licencias (35 barcos andaluces, 10 canarios y 4 gallegos) en 2018, lo que dio empleo a 534 tripulantes, 107 de los cuales son marroquíes.

El investigador y experto marroquí en cuestiones de la pesca, Mohamed Naji, dijo que el fin del acuerdo pesquero tendrá impacto negativo sobre la flota andaluza, mientras no supone pérdidas significantes para los tripulantes marroquíes.

No es la primera vez que se produce una paralización de este tipo, ya que entre 2012 y 2014 los barcos europeos tuvieron que dejar el caladero marroquí al expirar el anterior acuerdo en diciembre de 2011. Aquel pacto concluyó en febrero de 2011 pero los barcos comunitarios siguieron faenando en Marruecos con la convicción de que iba a prorrogarse.

Pero esto no ocurrió porque el Parlamento Europeo rechazó aquel tratado en diciembre de 2011, lo que provocó el enfado de las autoridades marroquíes que pidieron entonces a las flotas europeas que salieran de sus aguas. Fueron varios los observadores que destacaron el papel que ese acuerdo pesquero jugó en favor de la convivencia entre los pescadores marroquíes y españoles. De hecho, cuando entró en vigor el actual convenio en septiembre de 2014 se produjeron incidentes entre los pescadores españoles y marroquíes, ya que estos últimos se habían acostumbrado en tres años a no compartir aguas con sus colegas europeos.

El actual acuerdo que expira hoy permitía el acceso a un máximo de 126 buques de la UE a la zona de pesca de Marruecos en el Atlántico para capturar especies pelágicas y demersales, a cambio de una contrapartida económica por parte de la UE de 30 millones de euros anuales y más otros 10 millones que aportan los armadores.

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