Los agentes sociales centran el Estatuto del Becario en la eliminación del fraude

Patronales y sindicatos llevan días encadenando mesas de negociación. La segunda parte de la reforma de las pensiones ha colmado titulares y ha llevado a retrasar las conversaciones para el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el que se enmarca la subida salarial. Y este clima ha relegado a un segundo plano el intercambio de propuestas para cerrar el Estatuto del Becario, el último fleco pendiente de la reforma laboral. Los agentes sociales habían acordado reunirse este martes en el Ministerio de Trabajo, después de haber acercado posiciones con el último documento presentado por el Gobierno, que dejaba a un lado la discusión sobre las prácticas extracurriculares para poner el foco en acabar con el fraude de los "falsos becarios". Sin embargo, la reunión ha sido pospuesta de nuevo por "problemas de agenda", según apuntan fuentes de la negociación, tras aplazarla por la negociación de las pensiones. 

Las conversaciones se remontan a mayo aunque, sin embargo, en las últimas semanas han cogido velocidad después de que la cartera de Trabajo reportara a los sindicatos la voluntad de los empresarios de entablar un acuerdo. De hecho, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras mesas, los negociadores se mostraron optimistas tras el último encuentro y aseguraron que veían posible cerrar un nuevo acuerdo tripartito en los próximos días. El Ministerio se comprometió a enviar un nuevo borrador antes de la siguiente reunión y así ha sido. No obstante, los representantes de los trabajadores se muestran reacios a dar detalles sobre la propuesta por miedo a que la publicidad eche a perder el pacto. 

Fuentes presentes en la negociación recuerdan que hay muchos intereses enfrentados en esta materia y que algunas universidades quieren evitar que las conversaciones prosperen, dado que prefieren conservar el modelo actual de prácticas. Si bien, los representantes sindicales reconocen que en esta ocasión sí han sido testigos de una verdadera actitud de diálogo y de negociación por parte de los empresarios, lo que les lleva a pensar que pueden llegar a un punto en común. Desde la patronal también mantienen el tono positivo respecto a esta negociación, a pesar de que el choque en la mesa de pensiones parece haber dinamitado las posibilidades de acuerdo en materia salarial. CEOE se escuda en el aumento de impuestos al trabajo, mientras que las centrales sindicales argumentan que los cambios no afectan a las rentas inferiores a 56.000 euros. Aunque el MEI, que pasará del 0,6% al 1,2% es de aplicación para todos los trabajadores

UGT y CCOO llegaron a un acuerdo con el Gobierno en el mes de octubre en el que se comprometían a acabar con las prácticas extracurriculares en un plazo de un año tras la aprobación del Estatuto del Becario. El siguiente papel que presentó el equipo de Trabajo en enero buscaba ampliar este periodo a un margen de tres años, con el fin de sumar a las patronales. Sin embargo, este guiño no tuvo sus frutos y, en cambio, obtuvo el rechazo de los sindicatos que aseguraron estar sorprendidos por el giro que suponía la nueva propuesta. Después, la mesa tardó semanas en convocarse, hasta una cita que tuvo lugar a finales de febrero en la que "se limitaron a verse las caras", dado que el Gobierno no contaba con un nuevo plan. 

Sin embargo, tal y como publicó La Información, la cartera de Yolanda Díaz decidió cambiar el foco para la reunión de hace dos semanas. En lugar de establecer una fecha de caducidad para las prácticas extracurriculares, el Ministerio ha decidido apostar por cercar el fraude a través de una mayor vigilancia, para que la beca se corresponda con la formación del estudiante. Y, por otro lado, limitar las prácticas a 480 horas, con el objetivo de que las empresas no puedan cubrir un puesto de trabajo ordinario con un joven que esté terminando sus estudios. Este documento rompió la línea de negociación, no obstante, los sindicatos valoraron positivamente que las conversaciones pasaran a centrarse en acabar con el fraude, puesto que este era su objetivo principal desde el inicio. 

Los representantes de los trabajadores han apostado por fomentar los contratos para la adquisición de la práctica profesional o en alternancia como vía para que los jóvenes accedan al mercado laboral, en lugar de extender los periodos de becas. Por ello, la posibilidad de establecer una remuneración obligatoria para los becarios ha quedado fuera de este diálogo, dado que, a su parecer, contribuiría a mantener la dinámica de contar con trabajadores baratos o "falsos becarios". Desde UGT y CCOO subrayan que la negociación está dirigida a regular las prácticas que tienen por objeto completar la formación de los estudiantes, de manera que estos estén en el centro y cuenten con un tutor en la compañía. 

Todos los becarios cotizarán a la Seguridad Social

El Real Decreto Ley para la reforma de la segunda parte de las pensiones también ha dedicado un apartado a los estudiantes en prácticas y da respuesta a la clásica demanda de este colectivo: cotizar. Hasta este momento, solo aquellos becarios que percibían una "ayuda al estudio" o una remuneración por sus horas de prácticas cotizaban a la Seguridad Social, en concepto de contingencias comunes y contingencias profesionales, aunque no realizan aportaciones para las prestaciones por desempleo. Sin embargo, con el último acuerdo firmado entre Gobierno y sindicatos, todos los estudiantes que desempeñen una beca de formación en una institución o empresa harán estas aportaciones, independientemente de si son prácticas remuneradas o no. 

En consecuencia, estos meses serán tenidos en cuenta como parte de la vida laboral a la hora de solicitar la jubilación. Este aspecto de la norma será de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de octubre de 2023, aunque también se ofrece la posibilidad de que aquellos trabajadores que realizaran prácticas en algún momento puedan suscribir un convenio con la Seguridad Social que compute hasta un máximo de dos años. Si bien, los estudiantes tampoco cotizarán ahora por desempleo, ni por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), ni tampoco por formación profesional, dado que su relación con la empresa u organismo no es de tipo laboral.