Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, los dos principales líderes sindicales del país, han dirigido una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en la que denuncian abiertamente y con contundencia las interferencias de Bruselas en el diálogo social patrio y acusan directamente a las autoridades comunitarias de posicionarse del lado de la patronal en el debate sobre la reforma laboral que necesita España. La misiva, a la que ha tenido acceso La Información, fue enviada a la capital belga el pasado viernes, 30 de abril, coincidiendo con la remisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a las autoridades europeas por parte del Gobierno español.
En la carta, firmada por Sordo y Álvarez y por el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini, los máximos representantes sindicales expresan su "profunda preocupación" por la "interferencia" de los servicios de la Comisión Europea en los trabajos del Gobierno español para la elaboración del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, del que depende el acceso de España a 150.000 millones de euros de los fondos Next Generation. Los firmantes consideran que las autoridades europeas han ejercido "presión política" para determinar el contenido y los hitos del plan, en lo que se refiere a la estructura de la negociación colectiva y la reducción de la inestabilidad laboral, y les acusan de haber ido "más allá" del mandato que el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia otorga a la Comisión Europea. Es una crítica directa a Bruselas.
En concreto, los sindicalistas afirman que los servicios de la Comisión han incumplido el reglamento por contradecir el papel de la propia CE como "garante del diálogo social" y por excederse en sus competencias al interferir en las negociaciones de un estado miembro. Se refieren a unas declaraciones de Dombrovskis, que a finales de marzo pidió al Gobierno español una reforma laboral centrada en reducir la dualidad y el desempleo juvenil. Estas palabras coincidieron con una ronda de contactos entre los interlocutores sociales y los sindicatos consideran que la "valoración negativa" del vicepresidente de la CE sobre las reformas previstas en materia de negociación colectiva, que son las que ha priorizado el Ministerio de Trabajo, supone una "interferencia indebida en el diálogo social".
Con estas declaraciones, los líderes de CCOO y UGT consideran que la Comisión "está asumiendo 'de facto' la posición de los representantes empresariales en este debate", ya que la patronal se ha negado a abordar los cambios en la negociación colectiva que ha planteado Yolanda Díaz, alineada con los sindicatos. Y es que tanto Sordo como Álvarez defienden que el predominio del convenio de empresa sobre el sectorial fue uno de los cambios introducidos por la reforma laboral de 2012 para "producir una profunda devaluación salarial interna". "En ese momento, la Comisión Europea estaba promoviendo la austeridad expansiva para superar la recesión, lo que provocó una mayor pérdida de puestos de trabajo y la caída de las empresas, y un mayor desempleo, pobreza y desigualdad", añaden.
Los jefes de los sindicatos consideran que este posicionamiento a favor de los empresarios contradice el ideario de la Comisión sobre la negociación colectiva, especialmente el papel que desempeña en el ámbito sectorial para la conformación de salarios efectivos y equilibrados. Añaden, además, que el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia advierte que los planes nacionales no deben afectar al derecho a celebrar o hacer cumplir convenios colectivos, por lo tanto, "no esperamos que la Comisión Europea impida que los Estados miembros reconstruyan las estructuras de negociación colectiva", zanjan, no sin matizar que lo contrario iría en contra del denominado 'Pilar Europeo de Derechos Sociales'.
Giro de guion de Yolanda Díaz
Sordo y Álvarez no se quedan ahí y van más allá al afirmar que la Comisión se ha alineado con las posiciones de los empresarios, que han forzado a Trabajo a realizar su reforma laboral en un solo paquete y antes de que acabe el año. Aquí se refieren al viraje de Yolanda Díaz en la mesa de diálogo social, donde inicialmente se había planteado abordar el reequilibrio de la negociación colectiva (con la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial y de la ultraactividad, entre otras medidas) para entrar después en la reducción de los tipos de contratos, una vez encarada la fase de recuperación económica. Ahora, la ministra, ante el atasco en la negociación del primer paquete por la oposición de la CEOE, ha decidido cambiar de marcha e introducir ya el asunto de la limitación de los tipos de contratos a tres (estable, temporal y de formación), según avanzan fuentes del diálogo social. "Esto socavará la eficacia de la reforma y hará menos probable el acuerdo", advierten la carta.
Díaz lleva a la mesa la reducción de los tipos de contrato ante el atasco en la negociación del primer paquete
"Nos sorprende la posición tan amplia y específica de la Comisión en este momento. Esa línea de acción recuerda el uso de condicionalidades que resultaron ser dañinas en el pasado y que hoy no existen", denuncian los líderes sindicales. Sordo y Álvarez recuerdan que la responsabilidad de diseñar e implementar los planes de reformas pertenece a los gobiernos nacionales, con los actores económicos y sociales, y que son los interlocutores sociales los que "están en mejores condiciones para establecer el contenido y el calendario de las reformas". En este sentido, advierten a Dombrovskis de que la injerencia de la Comisión "pone en riesgo reformas integrales que darían respuesta política a los desafíos relacionados con el mercado laboral español y, en particular, el empleo temporal y el desempleo juvenil". Hablan, sin tapujos, de una "injerencia inaceptable" en el diálogo social y en la autonomía de los agentes sociales.
Los firmantes concluyen su alegato reclamando al vicepresidente de la Comisión, uno de los máximos responsables de las políticas económicas europeas, que "remedie esta inesperada y lamentable situación". Para ello, le piden una reunión para explicar con mayor detalle las propuestas sindicales para la reforma laboral y le solicitan, además, una respuesta rápida, dado que "las negociaciones entre los interlocutores sociales avanzan a un ritmo acelerado". Todo ello, no sin exigir a Dombrovskis garantías para tener "la seguridad de que el acceso de España a los recursos europeos no estará sujeto a condicionalidades relacionadas con reformas que no están previstas en el Mecanismo de Recuperación y van en contra de sus objetivos sociales".
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