La información que llega a los cuarteles generales de UGT y CCOO es alarmante. Si la semana pasada el desembalsamiento de los ERTE 'congelados' a la espera de que el Gobierno regulara las condiciones en que se podría solicitar su tramitación 'por causa de fuerza mayor' desencadenó el colapso administrativo de los Servicios Públicos de Empleo, lo que se anuncia para esta semana no tiene mejor pinta. Así se lo hicieron saber los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la videoconferencia que mantuvieron el pasado lunes, en la que les advirtieron que esta semana se viviría una avalancha de ERTE similar a la vivida la pasada semana. La estimación de un millón de empleos perdidos por el embate del coronavirus puede empezar a quedarse corta.
La información que llega a los sindicatos de sus delegados territoriales y sectoriales indica que tras la primera avalancha de ajustes temporales de plantilla vivida la semana pasada la prolongación del 'estado de alarma' por 15 días más ha llevado a muchas empresas que en un primer momento optaron por tratar de aguantar el tirón -ahí está el caso de Inditex- a rendirse a la evidencia y optar por el ajuste temporal de plantilla antes de verse obligadas a adoptar medidas más drásticas.
Según fuentes sindicales, el perfil sectorial no es muy diferente del visto hasta ahora: sector turístico, transporte, hostelería, servicios asociados a la educación, agencias de viajes, aunque empiezan a verse también empresas de otros sectores que viendo los plazos de confinamiento que se manejan optan también por recurrir al ERTE para sortear la crisis.
Trabajo anunció esta semana la contratación de un millar de trabajadores para reforzar coyunturalmente los servicios del Sepe, desbordados por la avalancha de solicitudes de cobertura por desempleo de los trabajadores y trabajadoras afectadas por los ERTE planteados la semana pasada. Sin embargo, hay un problema adicional y es la falta de medios del Ministerio de Trabajo para cumplir los 'plazos express' establecidos por la normativa para la aprobación de estos ajustes temporales de plantilla. "La avalancha de solicitudes es tal que es probable que algunos salgan adelante por silencio administrativo", asegura el director de CE Consulting en Albacete, Germán Nieves.
Hay que recordar que el ERTE por fuerza mayor aprobado por el Gobierno lleva asociado el compromiso de la Autoridad Laboral de resolver la solicitud de la empresa en un plazo no superior a cinco días.
Coto a los despidos ordinarios durante la crisis
El Gobierno decidió establecer una importante cautela en su regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor para que no fueran utilizados de forma fraudulenta por las empresas: el compromiso de no reducir su plantilla en los seis meses siguientes a la finalización del ERTE. Sea por la imposición de esa cláusula o por otros motivos, el caso es que los sindicatos han detectado una concurrencia "anormal" de despidos por la vía ordinaria en un contexto en el que disponen de una vía -ese ERTE por causa de fuerza mayor- que permite a las empresas sufragar con cargo a fondos públicos el pago de la totalidad o del 75% de las cotizaciones sociales del trabajador, según el tamaño de la empresa.
Los sindicatos recuerdan que el pacto alcanzado por los agentes sociales sienta el principio de que las empresas priorizarán los ajustes temporales de plantilla sobre los despidos para evitar que la crisis del coronavirus -a los que todos ponen fecha de caducidad- deje cicatrices permanentes en las plantillas de las empresas. "Vemos que hay empresas que no están cumpliendo ese compromiso", aseguran fuentes de CCOO.
La guía circulada por CEOE a sus asociados detalla con profusión las alternativas de que disponen las empresas antes de recurrir a los despidos para encajar el golpe de la crisis e incluso prioriza expresamente el recurso al teletrabajo por delante incluso del ERTE como mecanismo de flexibilidad interna. Sin embargo, los sindicatos entienden que el Gobierno debe ser más expeditivo a la hora de atacar este fenómeno.
UGT y CCOO ya han puesto encima de la mesa del Ministerio de Trabajo una propuesta para establecer por decreto una indemnización incrementada por despido improcedente mientras dure el estado de alarma o las medidas preventivas para contener la propagación del virus a modo de penalización a esas empresas que despidan en el actual contexto de crisis. La medida no está muy perfilada, pero algunas fuentes apuntan a la opción de recuperar la indemnización de 45 días para disuadir este tipo de maniobras por parte de las empresas.
Fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen que la medida está sobre la mesa de negociación con los agentes sociales y que se está estudiando "como el resto de medidas que se han planteado en este contexto".
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