Por encima del IPC

CCOO y UGT presionan para una subida extra de las pensiones mínimas en 2022

La Seguridad Social ultima con Hacienda el nuevo modelo de cotización de los trabajadores autónomos, que no entrará en vigor hasta 2023 y se aplicará de manera progresiva durante los siguientes nueve años.

UGT y CCOO
CCOO y UGT presionan para una subida extra de las pensiones mínimas en 2022
EFE

Los sindicatos han retomado con fuerza la negociación en materia de pensiones. Una vez cerrado un primer paquete de medidas, que ya está en el Congreso de los Diputados, quedan por definir aspectos como el diseño del bautizado como 'mecanismo de equidad intergeneracional', que vendrá a amortiguar el impacto de la jubilación del 'baby boom', o el nuevo modelo de cotización por ingresos reales para trabajadores autónomos, entre otros. En la primera reunión con el Ministerio de Seguridad Social, CCOO y UGT han enseñado sus cartas, partiendo de una exigencia sine qua non: las pensiones mínimas tendrán que subir por encima del incremento pactado con carácter general para todas las prestaciones, que se ligará a la inflación.

Fuentes del diálogo social revelan que los sindicatos han pedido al Gobierno una subida de las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas, superior a la que se aplique al conjunto de las prestaciones, que se calculará en base al IPC medio anual del ejercicio anterior, tal y como quedó definido en el "Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones", que arranca ahora su tramitación parlamentaria. Con esta exigencia, CCOO y UGT redoblan la presión sobre el Gobierno, en un momento en el que la cesta de la compra está disparada por el repunte de los precios energéticos, principalmente, y donde está en juego el poder adquisitivo de las rentas más bajas.

Las organizaciones sindicales han puesto sobre la mesa este requisito cuando aún está en el aire el devenir del salario mínimo interprofesional (SMI). Tras la negativa de la patronal a firmar un acuerdo con el Gobierno, el Ministerio de Trabajo se centra ahora en atraer a CCOO y UGT a un eventual pacto que, para los sindicatos, debe pasar por una subida en el último trimestre del año que incluya además el compromiso de alcanzar los 1.000 euros mensuales el 1 de enero de 2022. Aunque las mesas de negociación son independientes, los interlocutores sociales no ocultan que existe una cierta "contaminación cruzada" que hace que este tipo de exigencias puedan decantar la balanza de las negociaciones hacia uno u otro lado.

Además de una subida más potente de las pensiones más bajas, los sindicatos le han pedido al Gobierno el detalle de la financiación que tendrá el apartado de pensiones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. Hay que recordar que, como adelantó La Información, el Ministerio de José Luis Escrivá ya ha realizado estos cálculos. En concreto, prevé que el gasto en pensiones contributivas (las que dependen de las aportaciones de los trabajadores) crecerá en 5.600 millones extra en 2022, hasta 150.000 millones; otros 5.600 millones en 2023, hasta 155.600 millones; y otros 6.300 millones en 2024, hasta rozar los 162.000 millones. Y esto sin tener en cuenta la factura de las pensiones de las clases pasivas (17.000 millones anuales) y las no contributivas (unos 2.600 millones).

En el encuentro mantenido este lunes, el primero tras las vacaciones de verano, el Ministerio se ha comprometido a hacer llegar a los agentes sociales varios textos en los próximos días, con sus propuestas para los asuntos pendientes: la cotización del régimen especial de trabajadores autónomos, la cotización de los becarios, de las parejas de hecho... así como el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional que tiene que garantizar la sostenibilidad del sistema en el periodo en el que se prevén mayores desequilibrios. Fuentes del diálogo social aseguran que en esta reunión de "reinicio formal" de las negociaciones no se ha entrado al fondo de estas cuestiones y que será el próximo lunes, día 27, cuando se empiecen a debatir en detalle, con los borradores del Ministerio sobre la mesa.

Un tema en el que sí se ofreció algo más de información por parte del departamento ministerial es el nuevo modelo de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos, también representados en el encuentro por las organizaciones ATA, UATAE y UPTA. Los responsables de la Seguridad Social avanzaron que están trabajando con la Agencia tributaria para la determinación de los rendimientos netos, ante las dificultades técnicas y las distorsiones que pueden generarse para ciertos colectivos, como quienes cobran menos del SMI, ya que un rendimiento neto no es un salario neto y muchos autónomos no pueden deducirse todos los gastos. Respecto al calendario, se mantiene el previsto: la reforma se aplicará a partir de 2023, de manera progresiva durante los 9 años siguientes.

Poca concreción, por tanto, en esta primera toma de contacto para avanzar en la segunda parte de la reforma de las pensiones, que se produce en una semana clave para el diálogo social. Este miércoles se retoman las negociaciones para la "modernización" del mercado laboral, una mesa que pilota el Ministerio de Trabajo, y el jueves varios departamentos ministeriales abordarán con la patronal y los sindicatos la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre. Todo, mientras continúan los contactos informales para intentar un acuerdo en el asunto del salario mínimo, que todo apunta a que será bipartito entre Gobierno y sindicatos, sin el respaldo de la patronal.

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