Los sindicatos empiezan a posicionarse sobre los planes del Gobierno para convertir los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en una herramienta estructural del mercado de trabajo. Fuentes de CCOO y UGT consultadas por La Información consideran que, una vez superada la crisis de la Covid-19, el nuevo mecanismo de flexibilidad interna que pretende implantar el Ejecutivo en España debe poner fin a lo que consideran que ha sido una suerte de "barra libre" para las empresas y en ese sentido van a presionar en la mesa del diálogo social cuando se abra esa negociación.
Los agentes sociales continúan negociando para extender los ERTE, ya que el sistema actual caduca el 31 de enero y la mesa de diálogo todavía no ha fructificado en un acuerdo. Pero más allá de esa eventual prórroga, el objetivo es implantar un esquema permanente de flexibilidad interna que evite que las empresas recurran al despido como vía de ajuste ante dificultades económicas y sirva de refugio para trabajadores temporales y fijos discontinuos, reduciendo la excesiva dualidad del mercado laboral que tanto afean a España las autoridades europeas desde hace años. Así se recoge en el plan nacional de reformas que el Gobierno va a remitir a Bruselas y que este viernes tienen previsto presentar a los máximos dirigentes de las patronales y los sindicatos, según adelantan fuentes gubernamentales.
El Gobierno está ampliamente satisfecho con el resultado de los ERTE en la pandemia. No en vano, en el pico de la crisis, en pleno confinamiento, estos instrumentos permitieron hibernar hasta 3,6 millones de empleos que, de otro modo, en muchos casos se hubieran saldado con extinciones definitivas de contratos. Según los últimos datos disponibles, todavía permanecen en esta situación más de 755.000 trabajadores y ante las nuevas restricciones sanitarias los ERTE son indispensables para evitar despidos masivos, de ahí que la nueva prórroga de la herramienta resulte vital para la economía.
Pero más allá del mecanismo coyuntural activado para dar respuesta a la crisis sobrevenida por la Covid-19, el Ejecutivo planea establecer un esquema estructural que aspira a cambiar el enfoque desde el que las empresas tienden a abordar sus ajustes de costes a través de recortes de plantillas. La idea es construir un nuevo modelo de ERTE basado en la "contribución compartida", es decir, apoyado económicamente por el Estado, aunque está por definir en qué términos. Desde los principales departamentos involucrados en el diseño de esta reforma (Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Económicos) se limitan a indicar que el tema se debatirá en la mesa del diálogo social, no obstante, sí avanzan que el modelo en el que se están fijando no es otro que el alemán Kurzarbeit.
¿En qué consiste el modelo alemán? Se trata de una modalidad de jornada reducida en la que el Estado cubre temporalmente hasta dos tercios del salario para impedir que se produzcan despidos masivos en épocas de desplomes de la producción. La empresa debe solicitar, como mínimo, un 10% de reducción de jornada para al menos un 10% de la plantilla, pero puede llegar a pedir una reducción del 100%. El empleador debe seguir pagando a los trabajadores con jornada reducida la parte proporcional de su sueldo, mientras el Estado compensa hasta el 67% de la diferencia entre la nómina original y la reducida. Mientras tanto, los empleados afectados pueden seguir con los cursos de formación continua que estuvieran realizando, así como comenzar otros nuevos.
El Gobierno considera que el modelo alemán contiene elementos interesantes, pero que la figura tendrá que adaptarse al sistema productivo español y las fuentes consultadas insisten, en cualquier caso, en que la reforma se abordará con la patronal y los sindicatos. Lo que se va a enviar a Bruselas, explican, son las "líneas maestras" de este y otros proyectos en materia laboral, que pasan por la revisión de la legislación vigente y que buscan, en última instancia, "modernizar" el mercado de trabajo, como gusta decir en el departamento que dirige Yolanda Díaz. "Se trata de una medida de flexibilidad interna que además de preservar puestos de trabajo, ahorrar en prestaciones (el paro sale más caro a las arcas públicas) y permitir una reacción rápida a las empresas ante caídas repentinas de la demanda, fomenta la contratación indefinida y reduce la temporalidad, en línea con las recomendaciones europeas", indican.
Los agentes sociales están, a priori, a favor de desarrollar un esquema estructural de ERTE. Así lo plasmaron en el 'Pacto para la reactivación económica y por el empleo', tras constatar que una figura cuyo origen está en economías fuertemente industriales y en empresas grandes ha podido ser extendida de forma rápida y eficiente a una economía de servicios y pymes como es la española. Eso sí, con reservas. La patronal defiende que los ERTE deben contar con descuentos en las cotizaciones sociales y los sindicatos piden un mayor control sobre la causalidad económica de las empresas que los solicitan para evitar la "barra libre" que, a su juicio, se ha dado durante la pandemia. Ambos ponen el foco en la formación como elemento clave para garantizar la empleabilidad de los afectados, en línea con el modelo alemán.
Fuentes sindicales insisten en que una de sus principales demandas va a ser la de revisar esa causalidad en la petición de los ERTE por parte de las empresas. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, apuntaba este miércoles en rueda de prensa que el futuro modelo de los ERTE -una vez superada la emergencia sanitaria, en la que el Estado ha facilitado ayudas sin el control deseable, especialmente en el pico de la pandemia- deberá incluir una comprobación exhaustiva de las causas económicas que alegan las empresas para acogerse al mecanismo. El líder sindical advertía además de que su organización peleará por el mantenimiento de los salarios de los trabajadores que se vean afectados por esas reducciones de jornada y lanzaba un aviso: "No podemos ir a un esquema en el que desde el presupuesto público se financie un uso perverso de la contratación a tiempo parcial como fórmula para sacar costes de las empresas y endosárselos al Estado".
La idea de convertir los ERTE en un instrumento permanente ha sido defendida con mayor intensidad desde el área económica del Gobierno. La propia vicepresidenta Nadia Calviño o el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han manifestado su vocación de desarrollar esta reforma para convertir los ERTE en una oportunidad de recualificación del trabajador, aumentando la flexibilidad del mercado laboral y permitiendo reducir la excesiva dualidad. Precisamente, en el plan de reformas que se va a remitir a Bruselas y que va a avanzar este viernes el Gobierno a los agentes sociales tiene un especial protagonismo la lucha contra el abuso de los contratos temporales en el marco de la contrarreforma laboral que se pretende llevar a cabo para acabar con algunos aspectos de la legislación vigente.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios