Este jueves comenzará la negociación entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda y Función Pública para fijar las plazas de la oferta pública de empleo (OPE) de 2022. Sin más cifras encima de la mesa que las bajas acumuladas durante el pasado año, los representantes de los empleados públicos reclamarán al Gobierno que refuerce algunos de los cuerpos de la administración general del Estado (AGE) para los que consideran que incluso la tasa de reposición extraordinaria (del 120%) se queda corta. Una de estas plantillas es la de la Seguridad Social, que cuenta con una de las plantillas más envejecidas de toda la administración.
Los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas muestran que entre el segundo semestre de 2020 y el de 2021, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social han perdido casi 500 efectivos. Además, según un informe de CCOO, de los 31.766 puestos de trabajo del organismo, solo 24.298 están ocupados. Es decir, el 23,51% de las plazas no están cubiertas y la situación se agravará en los próximos años si se tiene en cuenta que solo el 18,74% de la plantilla tiene menos de 50 años.
A finales del año pasado, el Ejecutivo aprobó una oferta de empleo público específicamente para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con 926 plazas. Desde CCOO propondrán que esta posibilidad se extienda a la Seguridad Social, a instituciones penitenciarias, al servicio exterior y a protección internacional. Y es que la oferta general que se concrete en la comisión técnica de temporalidad y empleo no determina el destino de estas plazas, por lo que los representantes de los funcionarios hacen hincapié en el refuerzo de áreas concretas.
En esta línea, desde CSIF plantean un plan de recursos humanos para reforzar las administraciones de las que depende el Estado del Bienestar. El sindicato considera necesario ampliar los recursos para Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Justicia, así como el SEPE, la Inspección de Trabajo o la Seguridad Social. Desde la organización abren la puerta a utilizar fondos europeos para el refuerzo de las plantillas públicas. Desde UGT también instan a una planificación plurianual del empleo público con especial foco en la Seguridad Social, "por la situación caótica que atraviesa", subrayan.
Además de las plazas libres y las de promoción interna en las que se suele dividir la oferta de empleo, la de este año contará también con el acuerdo de estabilización del personal temporal. Se trata del compromiso que recoge la Ley 20/2021 y que, según Hacienda, supone "una eliminación de facto de la tasa de reposición", ya que la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implica que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público y no al revés. Algunas de las fuentes consultadas apuntan que los sindicatos llevarán sus propios cálculos sobre los puestos que deberían estabilizarse.
Problemas de las anteriores convocatorias
El año pasado, el Gobierno aprobó una oferta pública de empleo con 30.445 puestos, un 8,5% más de lo que había calculado en los presupuestos generales del Estado. Del total, 23.491 correspondían a la Administración General del Estado y 9.509 de promoción interna. Pero pese a ser la mayor oferta pública de la historia, los sindicatos consideraron que no era suficiente y reclamaron una oferta plurianual y que se eliminase la tasa de reposición. Además, según datos ofrecidos por UGT, casi un año después de que se acordase esa convocatoria no se ha finalizado ninguno de los procesos de 2021.
El retraso en las convocatorias se ha convertido en un problema más para reforzar las plantillas. Según los mismos datos, de las plazas ofertadas en 2019, solo han finalizado los procesos de 7.796 plazas, el 40% de las 16.364 ofertadas. En 2020, se culminaron todo los trámites para 2.038 plazas, de las 15.603 ofertadas, un 11%. A esto se suman las plazas que quedan desiertas, algo que afecta a distintos grados de la administración. Por todo esto, UGT reclama agilizar los procesos selectivos y estimular la carrera profesional de los empleados públicos.
La normativa indica que la oferta de empleo público debe publicarse antes del 1 de junio de 2022, por lo que el plazo para negociar es de apenas un mes, con otras cuestiones pendientes en la agenda. No obstante, la oferta del pasado año no se concretó hasta finales del mes de julio. Para evitar que la negociación se dilate, tanto el Ministerio de Función Pública como los sindicatos ya han reservado varias fechas en la agenda a lo largo de las próximas semanas.
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