Extracto del capítulo del Informe Anual de Gobierno Corporativo de FCC correspondiente al año 2017 en el que la compañía debe delimitar los principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio. "Determinadas circunstancias que han afectado al mercado nacional, ligadas fundamentalmente a una continuada inestabilidad política, han originado retrasos en los procesos de licitación, retrasos en el inicio de la prestación de algunos servicios previamente adjudicados o prórrogas en los servicios ya en operación, lo que ha producido ajustes en las previsiones a futuro".
FCC, la constructora controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim (con el 61% del capital), que en 2017 reportó un beneficio neto de 188 millones de euros tras una travesía del desierto de cinco años presentando números rojos, no ha dudado en señalar la situación en España como uno de los principales riesgos estratégicos y operativos que afronta la compañía en 2018 para cumplir con los objetivos marcados para el desarrollo de su negocio.
Si algo deja claro la compañía en su informe anual es que cuando habla de inestabilidad política no se refiere únicamente a la situación en Cataluña, sino a otra serie de fenómenos que inquietan a la constructora y ensombrecen sus expectativas de negocio presentes y futuras. Por ejemplo, las amenazas de remunicipalización de servicios y reversión de concesiones formuladas, principalmente, desde los ayuntamientos controlados por Podemos y sus confluencias. "En el caso del Grupo FCC, la municipalización podría afectar a las áreas de actividad de Servicios Medioambientales y de Agua, lo que impactaría de forma negativa en el resultado y cartera, tanto presente como futura". La compañía ya se está teniendo que enfrentar a algunos casos, en Zaragoza, con el servicio de mantenimiento de parques y jardines; y en otros muchos municipios con el servicio de abastecimiento de agua que presta Aqualia.
De hecho, éste es otro de los flancos que FCC identifica como un riesgo estratégico para su negocio: los posibles cambios en los modelos de gestión del agua. La cabecera del área de agua de FCC, Aqualia, facturó el año pasado 1.025 millones de euros (de los 5.082 millones de cifra de negocio global de la compañía), de los cuales el 80% se generaron en España a partir sobre todo de contratos de concesión de servicios municipales de abastecimiento de agua, y controla junto a otro operador, Agbar-Suez, el 89% del mercado concesional del agua en España. Es, por tanto, un mercado crítico para la compañía. Con el problema añadido de que el modelo concesional de gestión del abastecimiento de aguas ha sido puesto en cuestión en grandes ciudades como Barcelona y ya ha sido objeto de remunicipalización, en localidades de tamaño medio como Arteixo (A Coruña) o San Juán (Alicante).
En este caso, el riesgo para las cuentas de la compañía no se deriva en exclusiva de la posibilidad de que haya un número elevado de municipios que decidan recuperar la gestión pública del agua, sino también de las modificaciones que se están impulsando en los modelos contractuales, como por ejemplo el pago por disponibilidad, que eleva el grado de incertidumbre de la gestión de las empresas al requerir de inicio un grado de financiación muy relevante.
Suspensiones, paralizaciones, prórrogas... un caos administrativo
Los focos de inquietud a nivel doméstico para FCC no se agotan con las nuevas ideas de gestión de los autodenominados 'ayuntamientos del cambio' sino que también alcanzan a la cuestionable gestión pública de los contratos adjudicados a terceros. Obligada por la normativa de buen gobierno corporativo de la CNMV a precisar los riesgos a los que se enfrente su actividad, FCC no ahorra detalles a la hora de comunicar al regulador los riesgos derivados de su condición de compañía adjudicataria de contratos públicos en un país como España. El Grupo FCC podría verse afectado por, relata el informe, el retraso o incluso abandono de potenciales proyectos por parte de los clientes, un incremento de los gastos operativos como consecuencia de la falta de inversiones por parte de las Administraciones Públicas para el adecuado mantenimiento y renovación de las instalaciones, retrasos en los procesos de licitación, retrasos en el momento de inicio de la prestación de un determinado servicio o prórrogas de determinados servicios en condiciones de dudosa o nula rentabilidad.
Un panorama poco alentador, el dibujado por la compañía de Carlos Slim, que se agrava por el riesgo reputacional que estas situaciones suponen para la empresa, como también indica el Informe Anual de la constructora. "El Grupo FCC puede verse inmerso en determinadas acciones, usos de su imagen, daños por publicidades negativas externas y opiniones públicas en contra de la compañía que podrían afectar negativamente a su imagen reputacional y por consiguiente a sus negocios". La constructora no se está poniendo la venda antes de la herida. En los últimos años ya ha tenido que lidiar con las invectivas de representantes políticos para justificar la reversión de un servicio o la exigencia de una compensación económica.
Y sí, también está 'lo de Cataluña'. "Es un sismo aquél, no", ésta fue la lacónica respuesta con la que Carlos Slim despachó una cuestión sobre un eventual cambio de sede de FCC desde Barcelona a otra ciudad; sin embargo eso no significa que la compañía no considere que la inestabilidad política en la región no esté afectando a su negocio. El informe concluye que esa situación de inestabilidad política está desincentivando la inversión y paralizando proyectos no sólo en Cataluña sino en España, lo que ha empujado a la constructora a buscar negocio fuera mediante un "incremento selectivo de la presencia exterior".
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