Según se van reduciendo las posibilidades de sacar adelante los Presupuestos de 2019, el Gobierno empieza a desgranar en público su Plan B para materializar el acuerdo alcanzado con Podemos: si no salen las cuentas, se prorrogarán las de Mariano Rajoy y se complementarán con reales decretos que permitan implementar la "agenda del cambio". Así se hará, según ha confirmado el propio Pedro Sánchez, con la medida estrella del pacto presupuestario: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros. Pero, aunque el presidente asegure que subirá sí o sí, con o sin PGE, lo cierto es que la fórmula todavía no está cerrada, entre otras cuestiones, porque las negociaciones con los autónomos a cuenta de su sistema de cotizaciones irrumpen de lleno en la elaboración de la norma que deberá regularlo.
"Ahora mismo, no hay nada cerrado", reconocen fuentes del Ministerio de Trabajo, el departamento encargado de elaborar el real decreto que, en caso de prórroga presupuestaria, se aprobará a finales de diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero de 2019. Aunque el texto legal que fija el salario mínimo no es especialmente complejo, tampoco se limita únicamente a establecer su cuantía. Es común que se incluyan disposiciones transitorias que fijan "reglas de afectación" para limitar el impacto de la subida en determinados ámbitos.
Este sería el caso de los trabajadores por cuenta propia. Para evitar que el mayor incremento del salario mínimo de los últimos 40 años, del 22%, se traduzca directamente en un aumento de la base mínima de cotización de los autónomos en esa misma proporción, tal y como establece la ley de manera automática, el real decreto del SMI para 2019 deberá incluir una disposición transitoria que impida esa relación directa. Siempre y cuando, claro, el Gobierno quiera tener contentos a 3,2 millones de autónomos en año electoral.
Recordemos que el pacto entre Sánchez y Pablo Iglesias incluía reformar la cotización de los autónomos para vincularla a sus ingresos reales. Pero las negociaciones con el colectivo no marchan como le gustaría al Ejecutivo. En la última reunión, Trabajo y Seguridad Social propusieron a las principales asociaciones que representan a los trabajadores autónomos elevar su base mínima de cotización –por la que cotizan a la Seguridad Social el 80% de ellos– lo mismo que suba la inflación interanual de noviembre (en octubre fue del 2,3%) y, al tiempo, aumentar los tipos de cotización 1,6 puntos, hasta el 31,4%.
El planteamiento no convence a la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que considera la subida excesiva, al engordar la cuota en 260 euros anuales. "Es una vergüenza", denuncian fuentes del sindicato, que adelantan que no van a aceptar este incremento.
Con las negociaciones bloqueadas, las modificaciones en el sistema de cotización de los autónomos difícilmente podrán entrar en vigor el 1 de enero. Y es aquí donde aparece el problema: un aumento del SMI se traduce en un incremento equivalente de la base mínima de este colectivo, por lo que, si el salario mínimo sube el 1 de enero un 22%, hasta esos 900 euros, la base mínima de cotización de autónomos sube automáticamente hasta 1.050 euros al mes y la cuota mínima pasaría de los actuales 278,88 a 313,95 euros mensuales.
Ante esta tesitura, el Gobierno tendrá que aplicar el cortafuegos tan pronto como dé luz verde a la subida del SMI, siempre que esta se produzca antes de la reforma del régimen de cotización de autónomos, ya sea a través de los cada vez menos viables PGE o mediante la aprobación de un real decreto.
Empresarios y trabajadores, ignorados
Y, mientras tanto, los agentes sociales esperan a que, en algún momento, el Ejecutivo socialista les consulte al respecto del subidón del salario mínimo que han acordado con la formación morada sin pedirles opinión. "Queda mucho para diciembre", consideran fuentes de CCOO, que recuerdan que "antes de sacar el decreto, el Gobierno consulta con los agentes sociales". Es la práctica habitual.
En UGT importa menos si Trabajo les pone la propuesta sobre la mesa, pues no creen que haya "nada que negociar". Lo que sí tienen claro es que Pedro Sánchez debe "buscar fórmulas para llevar adelante la subida del SMI" si no es posible aprobar los Presupuestos.
Peor ha sentado en la CEOE. Los empresarios ya manifestaron su desacuerdo con el incremento planteado en el pacto PSOE-Podemos, no solo por lo abultado, sino por haber sido ignorados. "Se ha cuestionado el marco de negociación del diálogo social entre empresarios y sindicatos" y esto no ha parecido bien a la patronal, donde ya se resignan a asumir que "no va a haber ningún tipo de consulta, después de la que se ha armado".
Hay que recordar que, precisamente con los agentes sociales, habría cuestiones que debatir que no son baladí. Los empresarios temen que el fuerte impulso al SMI obligue a actualizar los salarios de unos tres millones de trabajadores. Algo que también se podría evitar con la redacción de un párrafo que cape la subida en los convenios, como, de hecho, ha sucedido en el real decreto que fijaba la cuantía del sueldo base legal para este año.
El incremento del SMI del 4% para 2018, hasta los 736 euros en 14 pagas mensuales, tenía letra pequeña. El real decreto que aprobó el último Consejo de Ministros del año recogía algunas excepciones que limitaban su impacto: el incremento no se aplica en los convenios en los que se utilice el salario mínimo para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de los complementos salariales. Tampoco se tiene en cuenta en los contratos y pactos privados en los que se use este indicador como referencia, ni en las normas autonómicas y locales a las que sirva de guía para calcular la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a ciertas ayudas o servicios públicos.
En esos supuestos, se sigue usando como referencia el salario mínimo de 2016, el que fijaba el Real Decreto de 29 de diciembre de 2015 (655 euros al mes). Esto es así porque ya el año anterior el Ejecutivo incluyó varias disposiciones inusuales en las normas que regulan el SMI por el "carácter excepcional del incremento", que fue del 8%, el mayor en tres décadas.
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