El próximo 1 de junio se cumplirá un año de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras la publicación en BOE el 29 de mayo, una medida con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía dar cobertura económica a los hogares más vulnerables, especialmente dañados por la crisis generada a raíz del coronavirus. Sin embargo, la ayuda, en algunos casos compatible con las que proporcionan las comunidades para situaciones similares, solo ha llegado al 17% de los hogares que la habían solicitado, con un elevado número de expedientes denegados, que suponen más de la mitad de los validados por la Administración.
Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que un total de 1.159.504 peticiones han sido validadas durante los últimos 12 meses, pero apenas 873.000 han llegado a ser tramitadas. Alrededor del 70% de estás -más de 600.000- han sido denegadas por no cumplir alguno de los múltiples requisitos requeridos y las incompatibilidades previstas. Solo 203.000 han sido aprobadas, lo que implica que el solicitante ya se está recibiendo la prestación.
Junto a esto, se han generado algunas brechas importantes a la hora del reparto, con provincias como Navarra, donde más de la mitad de los solicitantes han logrado la prestación y casi la totalidad de las que han sido tramitadas han recibido el visto bueno, o Baleares, donde apenas han llegado al 7% de los hogares que la pidieron. Mientras, solo uno de cada diez demandantes de Santa Cruz de Tenerife, Guadalajara o Barcelona están cobrando el IMV. Por su parte, Madrid (casi 20.000), Valencia (15.539) y Sevilla (14.130) tienen el menor número de expedientes validados a partir de las solicitudes recibidas, pero también son las que más han presentado.
A la cola en número de beneficiarios recibiendo en este momento la ayuda del Ejecutivo están las provincias de Soria, apenas 158; Guadalajara, 483; Segovia, 520, y Cuenca, con 568. El mayor número de solicitudes validadas -que no supone estar percibiendo el Ingreso Mínimo Vital- están en Madrid, Barcelona y Valencia, y donde menos, en Soria y Segovia.
También se produce una diferencia notable en el importe de las prestaciones, que es de media en España de 459,95 euros. La ayuda del Estado está vinculada a la cantidad de convivientes que residen en el hogar -debe acreditarse el padrón municipal- y va desde 469,93 euros en 12 pagas para un beneficiario individual a los 1.033,85 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.
Badajoz y Ciudad Real, con 391 euros y 394 euros, respectivamente, son las provincias en las que sus beneficiarios reciben las menores prestaciones, mientras Navarra (556 euros), Madrid (547), Asturias (531) y Cantabria (509) tienen las nóminas medias del Ingreso Mínimo Vital más elevadas y considerablemente por encima del promedio nacional.
Los trámites del IMV
El plazo máximo para resolver una solicitud es de seis meses desde la fecha de presentación, según reconoce el ministerio, que recibió más de 600.000 de demandas de la ayuda el mes en el que empezó a estar vigente las ayuda. Tras medio año sin respuesta, la petición se entiende denegada por el silencio administrativo, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social resuelve expresamente las solicitudes presentadas, incluso si hubieran transcurrido más de seis meses desde su presentación. Hasta 61.212 están pendientes de subsanación de errores.
La Seguridad Social detalla en su página web todo el proceso para percibir una ayuda que tiene carácter permanente y sólo se deja de recibir cuando el beneficiario cumple 65 años o en el caso de incumplir algún requisito, como recuperar el umbral de ingresos, diferente según la situación familiar y el número de convivientes en el hogar. El ministerio también facilita un simulador del IMV, en el que se puede comprobar si se cumple con las condiciones y conocer conocer el importe aproximado que podría corresponder.
Según destacaba La Información hace un mes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha reducido a la mitad el coste estimado para este ejercicio el IMV hasta 1.500 millones de euros. La cifra, que también enmienda en un 50% a la baja las cuentas proyectadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, supone en la práctica que el organismo fiscalizador asume que la prestación solo llegará este año a una cuarta parte de los hogares inicialmente prometidos por el Gobierno.
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