La entrada masiva de migrantes con ofertas laborales durante las próximas tres décadas será crucial para salvar el sistema de pensiones público español, en un contexto de envejecimiento constante, baja natalidad y la jubilación de la generación de los 'baby boom', la más numerosa y que se ha ganado, con largas carreras laborales, elevadas pensiones. El Gobierno de Pedro Sánchez, ya ha asumido, como deberán hacerlo los futuros Ejecutivos, que España deberá acoger al menos 200.000 migrantes cada año, una cifra inferior a los 330.000 que maneja en sus previsiones la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ya contempla el efecto de la pandemia del coronavirus en diversos indicadores.
En 2007, en pleno boom económico y solo un año antes del inicio oficial de la crisis financiera, España recibió cerca de 730.000 extranjeros, fundamentalmente latinoamericanos, marroquíes y rumanos, pero durante los años anteriores ya se produjeron flujos de entrada de cientos de miles de migrantes, que contribuyeron al rejuvenecimiento de la población, al crecimiento económico y al impulso y transformación del mercado laboral. La recesión provocó una caída abrupta de las entradas, que se empezaron a recuperar a partir de 2016 y muy intensamente en 2019, pero que se frenaron nuevamente durante la pandemia.
El escenario central que contempla el organismo que presidió durante cuatro años el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José María Escrivá, apunta a un elevado incremento de la población, hasta 54 millones en 2050, una tasa de dependencia -proporción de personas dependientes sobre la población activa- del 53% y un flujo de entradas de migrantes medio anual de 330.000 hasta 2050, hasta sumar más de diez millones las próximas tres décadas. El peso de la población extranjera sobre la población total aumentaría desde el 11% actual hasta más del 18%, un porcentaje similar al que tienen en la actualidad países como Suecia o Canadá.
Para garantizar las prestaciones, cuyo gasto supondrá dentro de 30 años el 14,2% del PIB, España deberá duplicar en número de extranjeros
Para salvar las pensiones, cuyo gasto supondrá dentro de 30 años el 14,2% del Producto Interior Bruto (PIB), 2,2 puntos más que en la actualidad, España deberá propiciar e incentivar la entrada de migrantes procedentes de Marruecos, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, pero el escenario cambiará a partir de 2040, cuando tomarán especial relevancia las entradas procedentes de Nigeria y Angola. Pero no solo la migración será clave para garantizar las prestaciones futuras, la natalidad, el efecto de la reforma de pensiones -retraso de la edad de jubilación y fondo público de empleo- o la evolución del mercado laboral jugarán un papel determinante. El estudio apunta que el número de hijos de las madres españolas era en 2019 de 1,2 hijos, mientras que el de las madres extranjeras era de 1,6. En los próximos años tenderán a converger y en 2070, según las estimaciones, las madres española tendrán una media de 1,7 hijos y las extranjeras, en torno a 1,9.
El número de ocupados extranjeros ha aumentado en 20 años en 1,4 millones, pasando de un millón en 2002 a los 2,4 millones actuales, según el INE, lo que supone de media 70.000 cada año. Mientras, en 2020 se registró un saldo migratorio positivo de 216.000 personas, que son 236.000 menos que en 2019 y 120.000 menos que en 2018. Mientras, el número de afiliados extranjeros, que se sitúa en 2,24 millones, experimentó una caída el pasado enero de casi 30.000 personas. Los flujos de inmigrantes sin duda seguirán produciéndose, ajustándose su número al bienestar económico, pero las nacionalidades cambiarán y suramericanos, magrebíes y centroamericanos perderán protagonismo, a favor de nigerianos y angoleños.
Además de un segundo riesgo que puede suponer un mayor impacto de la pandemia y las restricciones en la economía, la AIReF señala que un menor dinamismo del mercado laboral, tanto en términos de desempleo como de actividad, implicaría un aumento del gasto en pensiones de 1,2 puntos hasta el 15,4% del PIB en 2050 y un incremento de la tasa de cobertura hasta el 54,6%. Junto a esto, será necesario implementar una profunda reforma del mercado laboral, que de no hacerse dificultaría en gran medida los objetivos. Mientras, será necesario incrementar el número de cotizantes, que se van perdiendo en las provincias de la 'España vacía', en las que la población dependiente y jubilada es especialmente alta.
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