Martes, 17.09.2019 - 09:53 h
Grandes patrimonios

Pugna (y subasta) en la 'jet set': Gómez Acebo-Finat vs. Sancho-Alas Pumariño

Los condes de Villaflor, a través de su sociedad Cavallier Invest SL, reclaman más de un millón de euros a la conocida familia de letrados.

Piso en subasta en el barrio de Chamberí, Madrid
Piso en subasta en el barrio de Chamberí, Madrid. / Google Maps

El portal de Subastas del BOE siempre amanece con alguna sorpresa. Esta vez los implicados son miembros de la alta sociedad y la élite empresarial sin rostro conocido, aunque sus apellidos les delatan casi tanto como la envergadura de las propiedades que están, según estipula el Juzgado de 1ª Instancia Número 100 de Madrid, en ejecución hipotecaria.

El proceso que ha llevado a sacar a subasta dos inmuebles, uno sito en el madrileño barrio de Chamberí y otro en Sotogrande, en la localidad gaditana de San Roque, se inicia a instancia de Cavallier Invest SL, una sociedad madrileña detrás de la cual está los condes de Villaflor, Francisco Javier Gómez-Acebo y Sáenz de Heredia y Aline Finat, hospitalaria de la Orden de Malta en España. Ambos reclaman 1.085.517,51 euros al abogado del Estado Luis Sancho Martínez-Pardo y su esposa María del Carmen de las Alas-Pumariño.

Luis Sancho Martínez-Pardo ingresó, por oposición en 1978, en el Cuerpo de Abogados el Estado. Es un viejo conocido de grandes empresas del Ibex, ya que se ha dedicado profesionalmente a la asesoría jurídica de las mismas. En concreto Cepsa (se le puso cara durante el 'Caso Filesa' en la década de los noventa), Enagas, CLH o Alcoa. En 2008 pasó a trabajar con la firma Landwell-PwC.

Su mujer, Carmen Alas-Pumariño, también viene de una familia con tradición jurídica. Es hija del también abogado del Estado y Real Caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, Armando de las Alas-Pumariño, ya fallecido. 

Para saldar la deuda que han contraído entran en subasta dos propiedades emblemáticas. Se trata de un piso de más de 300 metros situado en la calle Zurbano, frente al palacete que alberga el Museo Pintor Sorolla, que pertenece al matrimonio y una hija también letrada. La compra de mismo fue efectuada en 1985. El valor del bien a efectos de subasta es de 2,3 millones y supera con creces la deuda contraída.

Esta privilegiada finca tiene además una anotación de embargo por parte de Hacienda que ronda los 200.000 euros y otra, de menor importe, con el Ayuntamiento de Madrid. Mencionadas anotaciones figuran actualmente como vigentes. 

El inmueble de Sotogrande

La segunda propiedad está situada en la zona residencial Los Granados, que pertenece a la elitista urbanización gaditana de Sotogrande, que se bifurca en los márgenes del río Guadiaro. El inmueble y su parcela, que esta vez no superan los 300 metros, están situados cerca de las canchas de polo, del Santa María Polo Club, punto de reunión de alta sociedad internacional en verano. Este bien está valorado en 894.156.04 euros.

Vista aérea de la Urbanización de Sotogrande, en San Roque, Cádiz
Vista aérea de la Urbanización de Sotogrande, en Cádiz / Google Maps

Este medio se ha intentado poner en contacto con ambas partes en litigio sin éxito. Aunque fuentes cercanas al caso califican la situación de “dolorosísima y desagradable”. Si la subasta -que ahora se abre- quedase sin postores, el acreedor puede pedir la adjudicación del bien. El plazo cuenta desde el día siguiente a la fecha de cierre de la subasta.

Como uno de los inmuebles no es vivienda habitual de los deudores, el acreedor puede -siempre si queda desierta la subasta- pedir la adjudicación por el 50% del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. En el caso del piso del barrio de Chamberí, la adjudicación se hará por un importe igual al 100% del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o si la cantidad que se le deba es inferior a ese porcentaje, por el 60%.

Siempre hay que tener en cuenta que si Cavallier Invest SL no hace uso de esa facultad en el plazo de 20 días, la letrada de la Administración de Justicia procederá al alzamiento el embargo, a instancias del ejecutado. Mientras los plazos se abren el motivo de esta pugna sigue siendo un misterio.

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