El gasto en pensiones se triplicará en tres décadas a pesar de las reformas

Los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tendrán que afrontar en las próximas semanas la negociación con los agentes sociales de algunas de las medidas más controvertidas y, posiblemente, más penalizadoras que se prevén dentro de la reforma de las pensiones. El diseño y la puesta en marcha del Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), que sustituye al de Sostenibilidad y que entrará en vigor en 2027, y del nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos han sido relegados a esta segunda ronda de contactos que se presenta más dura que la primera.

La reforma del sistema público de reparto es imprescindible en un contexto de envejecimiento de la población, un mercado laboral precario con bajos sueldos y que apenas puede sustentar a un pensionista con dos trabajadores, que deberá afrontar el desembarco inminente de la generación del 'baby boom' -la más numerosa y con mejores sueldos- y un número de pensionistas cada vez mayor y con prestaciones más altas. El sistema ya acoge a 9,8 millones de beneficiarios y la prestación media en el mes de agosto alcanzaba los 1.035 euros. Los jubilados, más de 6,2 millones, cobran de media 1.192 euros en 14 pagas, pero las nuevas prestaciones suponen casi 200 euros más.

Cualquier variación en los indicadores macroeconómicos -desde el Producto Interior Bruto (PIB) al Índice de Precios al Consumo (IPC)-, laborales -tasa de paro, activos en el mercado de trabajo y flujos de migratorios- o demográficos -nacimientos y fallecimientos- puede hacer cambiar las previsiones actuales, pero los analistas del Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya han hecho sus proyecciones, que renuevan periódicamente e incluso tienen en cuenta los efectos a corto plazo de la Covid, y consideran diferentes escenarios.

El impacto de las reformas, los asuntos que quedan fuera de las negociaciones o apostar por revalorizar las pensiones con el IPC en lugar de que suban el 0,25% también influirá y mucho en el resultado final y en el incremento o recorte de los gastos futuros. Con la prestaciones subiendo cada año al ritmo de la inflación y ésta creciendo un 1,8% de media en los próximos 30 años, con alzas promedio del PIB del 1,4% entre 2020 y 2050 y con una tasa de paro de 7% en este último año -la mitad que la actual-, serán necesarios 450.000 millones para hacer frente a la nómina de los pensiones, que será tres veces superior a la actual.

La reforma de 2011 será determinante para reducir el gasto. La AIReF propone que la Seguridad Social deje de asumir las no contributivas y los gastos impropios

Que el dinero alcance para pagar las pensiones en 2050 -la fecha crítica- se ha convertido en el objetivo de los cambios realizados en el sistema durante la última década y en el de la reforma que capitanea el ministro José Luis Escrivá. Reducir los gastos y garantizar más ingresos es la clave, y para ello medidas como las incluidas en la reforma de 2011 realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que contemplaba el retraso en la edad efectiva de jubilación y la ampliación del periodo de cotización, algo que de momento no ha contemplado Escrivá, ayudarían a contener el gasto en torno 2,9 puntos del PIB nominal, que según la previsión se situará en 3,1 billones de euros dentro de 30 años.

Por su parte, poner en marcha el Factor de Equidad (o Sostenibilidad), que tiene en cuenta a la hora de pagar la prestación la cada vez mayor esperanza de vida, hubiera supuesto un recorte del gasto en pensiones del equivalente a 0,9 puntos del PIB nominal de 2050, unos 28.000 millones, que en este momento no serían suficientes para pagar tres meses de pensiones. Ese sería el resultado si se hubiese empezado a aplicar este factor en 2023, como preveía la reforma de Mariano Rajoy, pero en principio no entrará en vigor hasta 2027 y su efecto dependerá mucho de su diseño. Mientras, según las estimaciones del trabajo publicado por la AIReF, un organismo que presidió durante seis años -2014 a 2020- el ministro Escrivá, muestran que la pensión media llegará en 1.954 euros, casi el doble que la actual, y que el número de pensionistas aumentará un 68%, llegando a los 16,5 millones.

La AIReF prevé en su escenario central que la nómina de las pensiones públicas suponga el 14,2% del PIB en 2050, frente al 10,9% actual, siempre que la crisis generada por la Covid sea temporal. La nueva previsión supone un incremento del gasto de un punto con respecto a la estimación de 2019, debido en un tercio a la revalorización por encima del IPC de las pensiones no contributivas y de los complementos a mínimos. Revalorizar las pensiones públicas de acuerdo al aumento de la inflación, algo que ya se ha consensuado con los sindicatos y que empezará a aplicarse en 2022, impedirá un ahorro de 2,3 puntos del PIB previsto para dentro de tres décadas.

¿Qué puede salir mal? La reducción del flujo de migrantes, un mayor impacto de la Covid en la economía o el frenazo del PIB frustrarían las previsiones

Pese a todo, el escenario puede ser más adverso, con previsiones económicas a la baja, con tasas de natalidad menores y con efectos de la pandemia en la economía mayores de lo esperado. Que no llegasen la mitad de los inmigrantes previstos en el escenario central, 330.000 anuales de media, que contribuirían a que hubiese 30 millones personas en edad de trabajar, de un total de 54 millones de personas, supondría un incremento del gasto de 1,9 puntos. Mientras, el frenazo del empleo, por un mayor número de parados y menos activos, incrementaría el gasto en 1,2 puntos. Las ambiciosas previsiones de empleo del estudio están ligadas a una profunda reforma del mercado laboral, sin la cual sería imposible cumplirlas.

Si la Covid tiene finalmente efectos estructurales en la economía y en los diferentes indicadores que condicionan el sistema de pensiones, el gasto aumentaría en 0,7 puntos y se contrarrestaría el efecto en el ahorro de la puesta en marcha del Factor de Equidad. El estudio considera una caída del PIB durante los primeros años, un retraso de los objetivos de productividad de 15 años y un retroceso de la cuantía de las prestaciones, que en todo caso es inferior la caída de los salarios.

La actualización del informe que en en 2019 firmaban Álvaro Pastor y Marta Vila y fue revisado por Rafael Doménech e Israel Arroyo, hace hincapié en que se aborde en profundidad una solución del déficit estructural de la Seguridad Social generado por la crisis económica que se inicio a finales de 2007. Para ello, aboga porque la caja de las pensiones deje de asumir las prestaciones no contributivas y los gastos impropios, por el refuerzo de las medidas paramétricas contempladas en la reforma del 2011 y por trasvasar las cotizaciones por desempleo de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la Seguridad Social.