El PSOE negoció en secreto con el PP un recargo a los bancos para las pensiones

  • Gobierno y Partido Socialista se reunieron para buscar una solución fiscal estable que permitiera enjugar la factura extra por la subida de pensiones
Gráfico evolución recaudación por Impuesto de Sociedades
Gráfico evolución recaudación por Impuesto de Sociedades

Responsables del Partido Socialista negociaron hasta dos días antes de la presentación de la moción de censura a Mariano Rajoy con el Gobierno para encontrar una solución fiscal estable que permitiera financiar el gasto extra para el erario público de la subida general de las pensiones conforme al IPC para 2018 y 2019, que el Ejecutivo pactó con el PNV como condición 'sine qua non' para sacar adelante los Presupuestos de 2018 y que los socialistas también reivindicaban desde la oposición, según ha podido confirmar La Información de fuentes de ambas partes.

La posición del Partido Socialista basculó en torno a su ya conocida idea de establecer un recargo fiscal a la banca dentro del Impuesto de Sociedades - que en su día estimaron en el 8% - para generar los recursos adicionales necesarios que permitan garantizar la preservación del poder adquisitivo de los pensionistas sin comprometer la estabilidad financiera de la Seguridad Social, e incluso se ofreció al Gobierno la posibilidad de apoyar un eventual acuerdo parlamentario que se construyera sobre esta premisa, aseguran las fuentes consultadas.

La idea, sin embargo, no convenció al Gobierno. El Ministerio de Hacienda compartía el planteamiento de cargar a las empresas la factura del coste extra de las pensiones, pero era partidario de otra fórmula con un perímetro más amplio: otro recargo, pero no solo aplicable a las entidades del sector financiero sino al conjunto de las grandes empresas, estableciendo como criterio de referencia la superación de un determinado umbral de beneficios.

La posición del Ministerio confirma que Hacienda no confiaba en poder activar el impuesto a las grandes tecnológicas a tiempo de poder financiar la factura extra de unos 1.300 millones de euros que generó el acuerdo con el PNV a las arcas del Estado, ya que el Gobierno tuvo que habilitar una transferencia extra desde el Estado a la Seguridad Social en los Presupuestos para evitar que un acuerdo político incrementara el desequilibrio de las cuentas del organismo encargado de pagar las pensiones todos los meses.

Sin tiempo para el acuerdo

"En realidad el asunto no pasó de una fase muy preliminar, ni siquiera puede hablarse de una negociación. Cuando estábamos arrancando  y no habíamos hecho más que plantear nuestras posiciones iniciales se conoció la sentencia de la Gürtel y eso rompió cualquier opción de diálogo", explican desde el entorno socialista. Fuentes del ala gubernamental  aseguran, sin embargo, que hubo más de una reunión, que dio tiempo a plantear las propuestas y a explorar las opciones de aproximación, y que incluso se celebró un encuentro- en el que tomaron parte el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero, y la recién nombrada ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio - solo dos días antes de que el Grupo Socialista registrara en el Congreso de los Diputados su moción de censura a Mariano Rajoy. 

La situación política generada a partir de entonces - quejas desde el ámbito bancario incluidas- bloqueó los contactos y arruinó cualquier posibilidad de acuerdo, pese a que la base, entendida como el establecimiento de un recargo en el Impuesto de Sociedades, era compartida por ambas partes.

No era la primera vez que un recargo de esta naturaleza se ponía encima de la mesa. En los albores de la recuperación económica española, con el millonario rescate al sector financiero todavía reciente, desde el ámbito académico se planteó con fuerza esta posibilidad, como una alternativa para que el sector financiero devolviera a la sociedad la factura pagada por sus desmanes precrisis. 

La solución ofrece muchas ventajas. No exige la creación de un nuevo impuesto, ni el trámite administrativo y parlamentario que ello exige; y, además, se aplica a través de un impuesto estatal que se cobra por igual en el conjunto del país, por lo que se adapta al principio de caja única de la Seguridad Social.

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