Reforma

Cómo subirían las pensiones vinculadas al IPC y qué pasaría si es negativo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha comprometido con los agentes sociales a retirar las compensaciones por inflación negativa. 

Billetes de euro.
Billetes de euro.
Imagen de Freepik.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva, dijo, hace justo una semana en la Comisión del Pacto de Toledo, que el "punto más importante" de la reforma de las pensiones era el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones. 

Así, expuso que las pensiones se revalorizarían, según el IPC del año anterior. En el caso de que el IPC fuera negativo, se compensaría las tasas de esos años a lo largo de los tres siguientes. En la práctica esto supondría que las nóminas no bajarían, pero el poder adquisitivo ganado por la caída de los precios se descontaría posteriormente de la subida de la pensión. Es decir, no habría un recorte en las prestaciones, pero no subirían tanto, según la inflación.

Como decimos, esta era la idea hace justo una semana. Pero durante la tarde de ayer, Escrivá se comprometió con los agentes sociales a retirar finalmente esas compensaciones por inflación negativa. Este punto era, según el secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, "una de las demandas sindicales en materia de pensiones". 

"Era un cambio imprescindible para avanzar en la negociación, pero aún es limitado", señaló ayer Bravo, quien ve "preciso resolver bastantes materias más que no permiten hablar todavía de acuerdo". 

Nueva fórmula

Con la nueva fórmula para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, en caso de IPC negativo, la nómina no se compensaría en los siguientes ejercicios, sino que ese año quedaría congelada. 

Las pensiones mínimas quedarían exentas de esta propuesta, pues no se compensará en sus nóminas la inflación negativa. 

Este nuevo viraje sobre la reforma de pensiones implica de facto un incremento estructural del gasto de prestaciones que amenaza la sostenibilidad del sistema, un planteamiento que rechaza de plano la Comisión Europea. El cambio llega además cuando el Gobierno debe finiquitar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que dará acceso a los fondos europeos. 

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