Las subidas de pensiones podrían no haberse acabado. El sindicato de funcionarios, CSIF, quiere aprovechar el clima favorable a las mejoras a jubilados y ha iniciado una ofensiva para exigir al Gobierno que elimine el tope de la pensión máxima para los funcionarios de clases pasivas bajo el argumento de que su aplicación penaliza a miles de empleados públicos encuadrados en el nivel A1 respecto a sus compañeros de otros niveles, ya que les impide beneficiarse de todas las aportaciones realizadas durante su carrera en la Administración.
Según fuentes de CSIF, la medida tendría un alcance muy importante, ya que serviría para mejorar la pensión a cientos de miles de profesionales de la Sanidad Pública y profesores de institutos de secundaria, además de a los funcionarios de mayor nivel de la Administración, que en la actualidad ven como las aportaciones realizadas en sus últimos años de práctica profesional no tienen reflejo en su prestación de jubilación.
Según el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda, solo en la Administración del Estado hay 18.629 funcionarios de nivel A1, de los cuales en torno a 3.500 tienen más de 60 años.
El singular sistema de jubilación del Régimen de Clases Pasivas - en extinción, ya que desde el año 2011 todos los nuevos funcionarios que se incorporan a la Administración lo hacen ya bajo el Régimen General de la Seguridad Social- se sostiene sobre las aportaciones realizadas por los empleados públicos durante toda su carrera profesional en función del haber regulador que le corresponde a su grupo funcionarial (A1, B, A2, C1, C2 y E), que se determina en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Ése haber regulador hace las veces de base de cotización en el sistema de Seguridad Social.
La edad de jubilación forzosa de los funcionarios en clases pasivas se sitúa en 65 años, salvo para algunos colectivos determinados que pueden jubilarse a los 70, y para alcanzar el máximo de la pensión el sistema les exige 35 años de cotización (40 en el Régimen General). La pensión, por cierto, se calcula en base a todo el periodo cotizado. ¿Qué ocurre? Que dado el haber regulador definido para los funcionarios del nivel A1 - el tramo más alto de la función pública -, éstos alcanzan la pensión máxima después de cotizar 33 años por lo que las aportaciones que realizan en sus últimos dos años de trayectoria profesional son totalmente improductivas, al menos en lo que se refiere a su jubilación, y van a alimentar la caja común ya que no les permiten mejorar su prestación futura.
El sindicato de funcionarios, CSIF, entiende que esta situación genera un agravio comparativo hacia un grupo concreto de funcionarios respecto al resto y para resolverlo plantean la supresión del tope máximo de la pensión pública para los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas al objeto de acabar con esta desigualdad que establece indirectamente una penalización superior al 7% para las pensiones de los empleados públicos de más nivel de la Administración.
La pensión pública máxima de los funcionarios de clases pasivas es exactamente la misma que opera para los cotizantes del Régimen General, es decir, 36.609, 44 euros según el tope incrementado para 2018 tras aplicar la subida general de pensiones del 1,6%. Sin embargo, esta cuantía solo responde al 93% de las cotizaciones realizadas por los funcionarios del grupo A1 en función de su haber regulador. La aplicación de la medida que plantea CSIF elevaría la prestación por jubilación de los funcionarios de este nivel hasta los 39.500 euros. "El coste es asumible si tenemos en cuenta que se trata de un régimen en vías de desaparición y, además, los problemas de plantilla de la Administración", apuntan desde el sindicato de funcionarios.
Una estrategia para dilatar la jubilación de los funcionarios
El asunto tiene una dimensión igualmente relevante desde la perspectiva de la política de personal de la Administración. En los últimos meses, las comunidades autónomas han trasladado el Gobierno en las respectivas conferencias sectoriales la necesidad de adoptar alguna estrategia para retrasar la jubilación de médicos y profesores ante la evidencia de que el envejecimiento de las plantillas va a hacer que en los próximos años se jubile un número de profesionales difícil de digerir para el sistema. La Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos ha estimado que en la próxima década abandonará la Sanidad Pública el 40% de los profesionales de la medicina que actualmente ejercer en la misma.
Un problema laboral que se ve agravado por una singularidad del Régimen de Clases Pasivas de los funcionarios, que permite a éstos jubilarse a los 60 años con el 100% de su pensión siempre que hayan completado 35 años de cotización. Apretadas por la demografía y por la ausencia de incentivos de los profesionales para continuar en el tajo cuando no tienen nada que ganar para su jubilación, las autonomías han planteado la posibilidad de implantar estímulos para prolongar la vida laboral de profesores y médicos para ayudar a hacer esta transición a la espera de que las ofertas públicas de empleo compensen el fenómeno.
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