Rajoy carga a la Seguridad Social el coste del acuerdo presupuestario con el PNV

  • La actualización de las pensiones con el IPC le dará un bocado de otros 300 millones de euros a las ya deficitarias cuentas del organismo público
Aitor Esteban, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
Aitor Esteban, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.

El Ministerio de Empleo se ufanaba hace unos días de que la parte del león de la subida de las pensiones incluida en los Presupuestos de 2018 se fuera a sustanciar con cargo a las cuentas del Estado, salvaguardando así el ya suficientemente castigado balance de la Seguridad Social. Pero gobernar en minoría tiene sus peajes y la subida generalizada de pensiones conforme al IPC arrancada por el PNV para apoyar los Presupuestos de 2018 se va a traducir en un millonario sobrecoste para las arcas de la Seguridad Social.

El Gobierno se resiste a hablar de cifras concretas, en una decisión difícilmente comprensible y que alienta las dudas sobre el eventual encaje presupuestario de este tipo de concesiones políticas, pero si nos fiamos de las estimaciones realizadas sobre el particular por los sindicatos la factura del asunto ascenderá a una cifra de unos 300 millones de euros. En este caso, a pagar de forma íntegra con cargo a la Seguridad Social.

La decisión no es inocua desde el punto de vista presupuestario. Para empezar dinamita el equilibrio interno del sistema, entendido como la relación entre los nuevos ingresos por cotizaciones y los nuevos gastos por prestaciones contributivas, que se tiene como la principal referencia a la hora de ponderar la sostenibilidad futura del sistema. Los Presupuestos de 2018 mostraban un hecho sin precedentes en la última década: los nuevos ingresos previstos por cotizaciones, 4.455 millones de euros; superaban el crecimiento de la factura por prestaciones contributivas, 4.389 millones, lo que auguraba una estabilización en el balance contable de la Seguridad Social. 

Las fuentes gubernamentales consultadas apelan a la política para justificar la medida y argumentan que no sólo ha logrado la esperada luz verde para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 - con el respaldo ya garantizando de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria- sino también desbloquear la operativa del Pacto de Toledo, empantanada en el debate sobre el sistema de actualización de las pensiones desde que los pensionistas salieran a la calle para exigir el blindaje de su poder adquisitivo.

"Y a un coste asumible", recalcan, aunque sin precisar la factura. Las cuentas le salen al Gobierno porque las medidas incluidas en el proyecto presupuestario - la subida del 3% para las pensiones no contributivas y para las que están por debajo de la pensión mínima, el alza de entre el 1% y el 1,5% para las que supongan una nómina anual inferior a 12.040 euros y el ajuste del 52% al 54% de la base reguladora de la pensión de viudedad- se sufragaron en parte con cargo al Estado y alcanzaban ya a la mayor parte de los pensionistas.

Tres millones de beneficiarios

Según los datos proporcionados por el Gobierno, la subida general de las pensiones del 1,6 % para 2018 pactada con el PNV beneficiará a algo menos de tres millones de pensionistas que según el proyecto presupuestario o tenían una subida inferior a la inflación o, directamente, la del 0,25% prevista por la ley.

En ese colectivo de beneficiarios se sitúan los pensionistas con una nómina anual por encima de los 12.040 - alrededor de medio millón- y los 2,4 millones de personas a los que los presupuestos asignaron incrementos de entre el 1% y el 1,5%, informa Efe.

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