Empleo, pensiones y rentas mínimas... ¿Por qué es mala noticia el alza del SMI?

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 31% desde 2019, el equivalente a 229 euros, tendrá un impacto económico importante en las empresas pequeñas; las encuadradas en sectores como la construcción, la agricultura y en determinados servicios; en las ubicadas en las provincias con menos renta; y en los trabajadores mayores, jóvenes y las mujeres. Si la subida supusiese un incremento del empleo de calidad -esa es la intención-, con la mejora de los salarios y la productividad, y lograse convertir en dignos muchos puestos de trabajo precarios supondría un auténtico éxito para el Gobierno y, sobre todo, para la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que es quien más se ha obstinado con las subidas.

Sin embargo, la puesta en práctica de la iniciativa en este momento, con importantes incrementos de su cuantía, choca con la realidad del inestable mercado laboral español, en el que persiste la economía sumergida, los 'malos' empresarios y los supervivientes, que ante incrementos del gasto salarial, intentan salvar las empresas a costa del empleo, generalmente el más precario. El incremento de 15 euros, que hoy aprobará el Consejo de Ministros con efectos retroactivo, que eleva las subidas a 230 en la legislatura, tendrá consecuencias no solo en los salarios y en el empleo, también en las pensiones y muchas de las rentas de subsistencia que dejarán de estar vinculas al SMI y que las administraciones apostarán por subirlas o congelarlas vía presupuestos o las ligaran al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), como ya hacen casi la mitad, que apenas ha subido el 5% desde 2017.

Si finalmente, en una situación de pospandemia, con la economía creciendo mucho menos de lo esperado y con la productividad -un factor trascendental para el futuro de las pensiones- por los suelos, el SMI consigue crear empleo, sería muy buena noticia para los trabajadores con sueldos bajos y no tanto para los empresarios, pero que compensaría, aunque tendría un efecto perverso en las pensiones. Por una parte, el aumento de cotizaciones se convertiría en una buena noticia para su sostenibilidad, pero si la subida de los salarios es artificial y no ligada a la productividad se convertiría en  una mala solución. Por otra parte, aumentaría las bases de cotización, lo que se traduciría en pensiones cada vez mayores. La previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es que la cuantía de prestaciones se duplique y que el número de pensionistas aumente en cinco millones en 20 años... y eso en un escenario moderado.

Que los sueldos bajos pasasen a la economía sumergida por la subida del SMI sería la peor noticia para los futuros jubilados y pensionistas

La mayoría de los analistas cree que se producirán efectos negativos sobre la creación de empleo y aumentará la destrucción de puestos de trabajo, o pasarán a la economía sumergida, lo peor que le puede pasar a las futuras pensiones. Los recortes de jornada -muchos no serán reales- y la contratación de temporales serán otras de las consecuencias. Según el Banco de España, las comunidades con mayor incidencia del SMI en su estructura laboral, como Extremadura y Canarias, que es superior al 10%, también son las que sufren más en el empleo su subida. Por su parte, las provincias de Las Palmas, Ciudad Real, Tenerife, Cáceres y Badajoz protagonizan los devastadores efectos de una subida demasiado grande y poco calibrada.

Hasta cinco autonomías -País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, además de Madrid y Aragón- tenían ligadas de diferentes maneras sus rentas mínimas de inserción al SMI. Sin embargo, las subidas continuas de esta referencia han hecho que den marcha atrás y que la cuantía del subsidio se imponga vía presupuestos o vinculada al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), con una subida de apenas en 5% en cinco años, e incluso a Ingreso Mínimo Vital (IMV), el subsidio estrella del Gobierno central que todavía no está llegando a todos los hogares que lo necesitan por los múltiples requisitos.

Castilla-La Mancha se ha desligado del SMI, por la excesiva subida de 2019, en sus rentas mínimas. Solo la Comunidad Valenciana sigue ligada a este indicador

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que lidera el socialista Emiliano García-Page, decidió dar carpetazo a la referencia al SMI para su Ingreso Mínimo de Solidaridad a mediados de 2020 con el objetivo de evitar efectos no deseados tras las importantes subidas de 2019. En esa fecha se fijo el mínimo en 525 euros, 425 euros menos que el SMI del año pasado, que alcanzó los 950 euros. También, el País Vasco, una de las comunidades más generosas con su renta, tiene en el punto de mira acabar con la vinculación con el indicador original y tener en cuenta IMV, según el sindicato ELA.

Mikel Noval, responsable del Gabinete de Estudios de ELA, advertía recientemente que el anteproyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión del Gobierno vasco, relaciona la renta mínima de la comunidad con el IMV en vez de con el SMI, y "establece una escala que, en la práctica, deja la RGI ordinaria como está y aumenta la de pensionistas a 893 euros, muy por debajo de lo que correspondería con la Ley de 2008". El texto, de marzo de este año, efectivamente no hace referencia alguna al SMI y en menciona el IMV en 37 ocasiones en 81 páginas.

Solo la Comunidad Valenciana, de momento, permanece ligada al SMI para fijar su renta de inserción, que denomina Renta de Garantía de Ingresos Mínimos. Así, un perceptor recibe en 35% del indicador; dos, el 42%; tres el 45% y hasta un 60% los hogares en los que hay siete o más personas. Casi la mitad de las comunidades tienen rentas mínimas superiores al IMV -462 euros- y a la cabeza están País Vasco, con beneficiarios que no cobran menos de 705 euros y un máximo de 1.128 si tiene cargas familiares, y Navarra, con 637 euros de mínima y 1.273 para hogares con seis miembros. En la cola de la cuantía de la subvención están Ceuta (300 euros) y Melilla (328), pero Madrid (400) y Galicia (403) son las comunidades con la prestación más baja. Madrid y Aragón siguen limitando la cuantía de la prestación al SMI.

Las rentas mínimas de inserción, que reciben nombres distintos dependiendo de la comunidad autónoma, se han convertido en un mecanismo necesario para muchos hogares sin ingresos, aunque insuficiente y demasiado breve para mantener una situación económica mínima y estable. Cada región, también las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla, ha diseñado su propio programa o ayuda específica para sus ciudadanos, pero las diferencias de requisitos, duración y cuantía afianzan las desigualdades y los agravios, algo que pretende solventar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que las complementaría, pero que a fecha de mayo llega a solo 260.000 hogares y 850.000 personas.