La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha empezado el curso político tras el verano con la idea fija de promover la subida del Salario Mínimo Profesional (SMI) cuanto antes, por lo que ha convocado una reunión urgente con patronal y sindicatos para el próximo día 1 de septiembre. Se tratará de un encuentro técnico en el que se pretende actualizar la posición de sindicatos y organizaciones empresariales sobre una eventual subida del suelo salarial legal a la vista de la favorable evolución de la economía y del empleo durante los últimos meses y también a la luz de la presión sobre los precios y las economías domésticas introducida por la evolución del IPC. La vicepresidenta segunda del Gobierno no ha ocultado en ningún momento que su intención es cumplir con esa promesa electoral lo antes posible.
La novedad al respecto es que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, parece haber matizado sus reticencias iniciales a subir el SMI en 2021 a la vista de la favorable evolución de los datos de empleo de los últimos meses. Durante la primera parte del año la principal responsable de la política económica del Gobierno demoró cualquier decisión al respecto con el argumento de no entorpecer la recuperación de la economía y del empleo. A finales de julio, y ante las presiones sobre el particular no sólo de Trabajo y de los sindicatos sino también de Moncloa, la vicepresidenta se abrió a analizar el asunto a la vuelta del verano ya con los datos de creación de empleo de julio y agosto en la mano. El último episodio en este aparente cambio de opinión se vivió hace apenas unos días cuando la vicepresidenta planteó que el Gobierno analizaría el asunto a la vuelta del verano.
El resquicio abierto por la vicepresidenta primera ha sido aprovechado por UGT y CCOO para endurecer su posición sobre el asunto hasta el punto de amenazar con paralizar el resto de mesas de negociación abiertas respecto a asuntos que el Gobierno debe cerrar antes de final de año, como la reforma laboral o la aprobación del factor de equidad intergeneracional de las pensiones, si no se subía el SMI en septiembre. En este caldo de cultivo la ministra de Trabajo se ha apresurado a convocar una reunión el próximo 1 de septiembre para meter el tema en agenda lo antes posible.
Fuentes gubernamentales aseguran que la reunión será únicamente para tratar la subida del SMI en 2021 - que afectaría únicamente al último trimestre - aunque en ámbitos del diálogo social se especula con la posibilidad de una negociación más amplia que permita un acuerdo que resuelva también la negociación del año 2022. En esa línea, por ejemplo, se ha pronunciado este mismo jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha avanzado que el sindicato planteará para 2021 una subida que impida que los perceptores del SMI pierdan poder adquisitivo y una negociación en que se acuerde también la subida de 2022 con el objetivo de llegar al 60% del salario medio antes de la final de la legislatura.
"No vamos a aceptar una subida testimonial o estética", ha advertido el dirigente sindical, en relación a los rumores deslizados desde el área económica del Gobierno respecto a una posible subida en el entorno del 1% en 2021. "Vamos a hacer una propuesta que contemple una subida significativa del SMI en la línea de que al final de la legislatura sea de al menos los 1.050 euros que recomendó el Comité de Expertos", ha asegurado. El comité planteó una subida del 2% para 2021 hasta los 969 euros.
El gran obstáculo continúa siendo el rechazo frontal de CEOE y Cepyme a la subida del SMI en 2021. Las organizaciones empresariales ya han dejado claro que con la situación de las empresas tras la pandemia no está para asumir un nuevo incremento de sus costes laborales, por mucho que ésta sólo implique unos cuantos euros al mes como se han encargado de subrayar tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como los sindicatos.
Las organizaciones empresariales no se cierran en banda a debatir la subida a medio y largo plazo del Salario Mínimo dentro de la mesa de diálogo social pero exigen que se haga teniendo en cuenta las consecuencias que la misma puede tener para el tejido productivo y para el empleo, y que ya fueron acreditadas por el último informe sobre el asunto del Banco de España.
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