El sueldo bruto de los empleados públicos, excluidos los que trabajan en las comunidades autónomas en sanidad y educación y los que entraron en la Administración antes de 2011, que cotizan en Clases Pasivas, se situó en 2.483 euros a comienzos de año, 513 euros más de lo que recibieron en esa fecha el resto de los trabajadores inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social. Según se desprende de la estadística de Bases de Cotización y Cotizantes que elabora de forma periódica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la actividad relacionada con la Administración Pública y Defensa con Seguridad Social obligatoria, en la que están incluidos 1,2 millones de trabajadores públicos, es ya la sexta que más cotizantes tiene -prácticamente los mismos que la hostelería- y la quinta más lucrativa.
En este grupo CNAE 84, no se incluye los empleados que trabajan en la sanidad y en la educación que cotizan a la Seguridad Social, que están incluidos junto a los del sector privado, que de de media tienen una base de cotización se sitúa en torno 2.100 euros mensuales. Mientras, los funcionarios más antiguos, en torno a un tercio del total, y que cotizan en Clases Pasivas y están afiliados a mutualidades de previsión social de colectivos profesionales y a mutualidades de funcionarios (Muface, Mujegu e Isfas) también están excluidos de la estadística. Esta exclusión afecta en particular a la actividad de Educación, con un volumen de mutualistas que se estima en torno a 400.000 trabajadores. Sus sueldos son mayores que los de los nuevos funcionarios, ya que cuentan con largas carreras profesionales, ligadas a ascensos, complementos y trienios.
La estadística muestra además que estar empleado en empresas relacionadas con el suministro de energía puede suponer hasta 2.000 euros más al mes que estarlo en la hostelería, con una base de cotización media de apenas 1.194 euros. Los datos también dejan patente cuánto han subido los sueldos medios en los distintos sectores y en el caso de los funcionarios lo ha hecho un 13% en cuatro años, pasando de 2.213 en 2018 a 2.483 en 2021. A ese sueldo bruto habría que aplicar un tipo de 28,3% por contingencias comunes, 702 euros que irían a las arcas de la Seguridad Social para pagar las pensiones. Mientras, la base de cotización media -que se obtiene del salario global mensual bruto en nómina incluidas las horas extra, las pagas extra prorrateadas y las vacaciones- de los 15,2 millones de trabajadores que cotizan en el Régimen General aumentó un 11% en ese periodo y un 12,7% en el caso de la hostelería.
Para calcular la base reguladora de la pensión se tienen en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años, algo que puede cambiar con la reforma
La consecuencia de estas elevadas bases de cotización entre los funcionarios del Régimen General son pensiones mucho mayores a las del resto de los asalariados. Mientras, los empleados públicos incluidos en Clases Pasivas también muestran unas nóminas de jubilación muy superiores a la media. En este caso, estos funcionarios de carrera que entraron en la Administración antes de 2011 alcanzan una prestación media cuando se jubilan de 2.300 euros, según se desprende de la estadística de pensiones de Clases Privadas. La cantidad percibida por estos empleados de las administraciones es 900 euros mayor que la que reciben los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social, que se situó en 1.400 euros en el tercer mes del año, una diferencia de un 64%.
Los funcionarios de carrera están blindados contra el desempleo en las crisis económicas, aunque si han estado expuestos a congelaciones salariales durante los periodos críticos, y esto contribuye a que, con carreras largas y sueldos elevados, puedan disfrutar de importantes pensiones incluso más años que el resto de trabajadores, ya que muchos pueden retirarse a partir de los 60-61 años sin descuentos por jubilación anticipada. Según el Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas, en enero de 2022 se registraron 2,717 millones de empleados públicos al servicio de la Administración estatal, autonómica y local, una cifra casi récord si obviamos la de julio de 2021, que registró algunos funcionarios más.
En la actualidad, para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación se tienen en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años anteriores al mes previo al de la jubilación. La reforma de pensiones que se sigue negociando y cuyas pautas se han enviado a Bruselas contempla un aumento del periodo de cálculo de las pensiones, que podría incrementarse hasta 35 años o, incluso, a toda la vida laboral y siempre de forma progresiva. En este momento es uno de los principales obstáculos una vez salvadas las cotizaciones de los autónomos, ya que supondría un recorte de la pensión media, aunque algunos trabajadores podrían verse beneficiados, entre ellos los que se han quedado en paro en la última fase de su vida laboral. En concreto, la base reguladora se determina sumando las últimas 300 bases de cotización que se dividen entre 350. La razón es que al sumar las bases se tienen en cuenta 12 por año, puesto que la parte proporcional de las pagas extras está incluida en dichas bases de forma prorrateada, pero los pensionistas cobran 14 pagas al año, dos de ellas extras.
Todas las grandes reformas de pensiones desde 1985 incluyeron la extensión del periodo de cálculo y los países europeos consideran toda la vida laboral
España, junto a Francia, es de los pocos países europeos que tiene establecido el periodo para estimar las pensiones en 25 años. Buena parte de las naciones vecinas han optado por toda la vida laboral, algo que muchos expertos consideran lo más justo. Alemania, Italia y Suecia tienen en cuenta toda la vida laboral, mientras en Portugal son los últimos 40 años y en el Reino Unido son los ejercicios cotizados. Mientras, los Países Bajos, la pensión se genera a razón de un 2% por cada año de trabajo o residencia entre los 15 y 65 años. Si trabajó o vivió siempre en los Países Bajos el beneficiario tiene derecho al 100%.
Hasta ahora, desde la Seguridad Social se ha tratado de dejar de lado este complicado asunto, que incomoda especialmente a los sindicatos. El Gobierno asegura que todas las grandes reformas de pensiones desde 1985 incluyeron la extensión del periodo de cálculo de las prestaciones y ha incluido dentro de su estrategia para obtener los Fondos de Recuperación Next Generation de la Unión Europa garantizar la sostenibilidad de las pensiones a través, de entre otras medidas, la "adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación" y la ha situado como uno de los ejes clave.
En el componente 30, actualizado en junio de 2021, ya se recoge la necesidad de profundizar en la reforma de 2011 en el sentido de extender el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de retiro. El documento resalta los plazos de ejecución -se aprobará en 2022 y se pondrá en marcha de forma gradual a partir de 2023-, que no hay impedimentos para sacarla adelante y que la medida afecta a los nuevos pensionistas, "si bien la implementación será progresiva". Reconoce que, con carácter general, la medida aumenta el carácter contributivo del sistema, pero que puede tener efectos negativos. Por esa razón, asegura, es importante complementarla con medidas que modulan sus efectos como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización. En pocos meses se podrá conocer el nuevo modelo de cálculo que intentará salvar las pensiones de la generación 'baby boom'.
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