La controvertida reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP en 2012 introdujo una modificación sustancial en la protección social a los trabajadores de mayor edad al retrasar de los 52 a los 55 años la edad a la que éstos podían acceder a la cobertura pública prevista por el Estado para un colectivo que se veía como especialmente vulnerable. La medida no resultó neutra para el mercado de trabajo. De repente las solicitudes de subsidios del sistema por parte de trabajadores menores de 55 años se desplomaron. Al mismo tiempo las demandas de subsidio de trabajadores mayores de esa edad experimentaron un fuerte incremento.
¿Una simple coincidencia? Resulta que de repente las demandas de prestaciones contributivas de trabajadores de 53 años se incrementaron exponencialmente, con el factor añadido de que buena parte de ese incremento se explicaba porque habían sido despedidos por sus empresas. Curiosamente, el periodo máximo de esa prestación contributiva es de dos años, justo el periodo que separa ese despido a los 53 años de la posibilidad de acceder al subsidio especial para trabajadores 'maduros'. Nadie había analizado esta sucesión de coincidencias hasta que los profesores de la Universidad de Alcalá Carlos García Serrano y José M. Arranz decidieron profundizar en el asunto a instancias del Instituto de Estudios Fiscales, el 'laboratorio de ideas' del Ministerio de Hacienda. Su conclusión a partir del análisis de cientos de miles de datos oficiales de los Servicios Públicos de Empleo es que hay una relación directa entre el esquema de incentivos del sistema público de protección social y la política de recursos humanos de las empresas, de modo que ésta última se adapta a la primera.
Tras la reforma de 2012 y el retraso de la edad de acceso al subsidio de los 52 a los 55 años los investigadores detectaron un retraso similar en la edad media en la que se producían las solicitudes de subsidio (55) y prestación contributiva (53), lo que según el estudio "aporta evidencias de que empleadores y trabajadores tienen influencia en el 'timing' del inicio de su prestación por desempleo y, cuando le resulta posible, usan sus conocimientos sobre el sistema de protección en su beneficio".
Un incentivo para despedir
Es decir, que el acceso de trabajadores mayores de 50 años al sistema de protección no se produce solo de manera natural por la concurrencia de circunstancias que resultan en la pérdida de su empleo, sino que hay una suerte de estrategia laboral vinculada al sistema de ayudas de los Servicios Públicos de Empleo según la cual los trabajadores y las empresas acomodan sus decisiones en función de la normativa vigente en cada momento. El pasado mes de marzo el Gobierno de Pedro Sánchez reimplantó por decreto los 52 años como edad de acceso al subsidio de protección de trabajadores de mayor edad. Los investigadores de la Universidad de Alcalá no tienen muchas dudas de lo que ocurrirá.
"Lo que cabe esperar tras la última reforma es que se produzca un incremento de los despidos en el tramo de edad más cercano a la nueva edad de acceso al subsidio", avanza el profesor de la Universidad de Alcalá. "Las empresas saben que los trabajadores son más propensos a aceptar su despido si saben que van a contar con una protección y también lo entienden como un factor relevante a la hora de negociar sus ajustes de plantilla".
"En España, la existencia de un subsidio especial después de los 52 años aportó incentivos a las empresas para despedir a sus empleados y a los trabajadores de mayor edad para entrar en el desempleo después de esa edad y recibir una ayuda pública hasta los 65 años, donde las leyes españolas sitúan la edad legal de jubilación", asegura el informe.
El Gobierno rechaza la primera afirmación -la de que el subsidio suponga un incentivo para que las empresas se desprendan de sus trabajadores mayores de 52 años en caso de necesitar ajustar sus plantillas-, pero asume de manera implícita la segunda, lo de que una vez se accede al subsidio no se vuelve al mercado laboral y se aguarda a la llegada de la edad de jubilación. El Ejecutivo que estima en 1.200 millones anuales el coste de este subsidio cuando esté a pleno rendimiento descuenta en sus proyecciones de coste presupuestario que ninguno de los trabajadores que acceda al subsidio volverá al mercado laboral.
Un patrón muy marcado
Los datos extraídos por los investigadores de la Universidad de Alcalá a partir del análisis del patrón de comportamiento de los trabajadores mayores de 50 años son muy llamativos. Tras la reforma de 2012 el número de solicitudes de subsidio decayó de forma significativa entre los menores de 55 años: entre un 10% y un 15% en los de 51 años; un 20% entre los de 52; y hasta un 15% entre los menores de 53.
"Queríamos ver hasta qué punto un cambio normativo en el esquema de prestaciones influía sobre el comportamiento y las decisiones de las empresas y hemos visto que todo apunta a que sí", asegura Carlos García Serrano, uno de los autores del estudios. "Parece que las empresas están más inclinadas a tomar determinadas decisiones cuando perciben que los trabajadores van a tener un cierto nivel de protección".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios