El Ministerio de Trabajo está preparando el trasvase de los beneficiarios de subsidios por desempleo al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Así consta en el Plan de Avance y Transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al que ha tenido acceso La Información. El departamento que dirige Yolanda Díaz está estudiando la fórmula para reubicar la factura de más de 8.500 millones de euros que supone anualmente la maraña de ayudas asistenciales que se pagan a los desempleados en situación de necesidad y con carencia de rentas que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social o que han agotado su prestación contributiva de paro, de acuerdo con los importes que figuran en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
En el informe, de uso interno, elaborado por la Dirección General del SEPE se definen varias medidas a implantar a corto, medio y largo plazo para afrontar los retos que encara el organismo. Entre ellas, figura la simplificación del sistema de protección por desempleo para mejorar la gestión de las prestaciones. Díaz ya anunció durante una comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio que una de las líneas de trabajo de su departamento sería la reformulación del sistema en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura y facilitando los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura.
Sin dar más detalles, la ministra puso esa idea sobre la mesa, que ahora se define en el Plan de Avance y Transformación del SEPE y que consiste en reordenar todo el sistema de protección por desempleo, incidiendo en el carácter contributivo, mejorando la duración y cuantía de las prestaciones contributivas y suprimiendo o limitando la protección de nivel asistencial. De este modo, se mejoraría la protección de las personas trabajadoras en situación de transición al empleo, con una mayor posibilidad de inserción, quedando las situaciones de necesidad que surjan en caso de cronificación del desempleo protegidas por el IMV, la prestación lanzada en mayo de 2020 para paliar los efectos de la pandemia sobre los colectivos más vulnerables y cuya gestión depende del departamento de Seguridad Social.
Actualmente, el sistema de protección está compuesto por la prestación contributiva y un nivel asistencial variopinto en el que se cuentan hasta siete tipos de subsidios, además de los aprobados para responder a la emergencia provocada por la Covid. El Ministerio considera que tanta diversidad supone una gran complejidad para la tramitación de las distintas prestaciones y, además, se producen conflictos competenciales con el IMV. De modo que la reordenación y simplificación del sistema busca reducir las cargas administrativas, ya que en la actualidad el Ingreso Mínimo es complementario de la protección por desempleo asistencial, lo que obliga a los ciudadanos a solicitar las dos prestaciones.
Cambios en las cotizaciones
Por otro lado, la liquidación del extenso y complejo entramado de subsidios asistenciales construido a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas permitirá además, o al menos así lo planea el Ministerio de Trabajo, acabar con otro de los factores que ha distorsionado el panorama de las coberturas sociales en España: la financiación con cargo a las cotizaciones por desempleo de las ayudas asistenciales que el Gobierno ha venido disponiendo para los trabajadores que agotaban su prestación contributiva sin haber conseguido un empleo.
La problemática viene siendo denunciada por los agentes sociales desde hace años y también fue objeto de análisis por parte de la Autoridad Fiscal. El origen del problema es que los sucesivos gobiernos han aprovechado que las cotizaciones por desempleo generan muchos más ingresos de los necesarios para abonar la prestación contributiva a los desempleados para financiar con cargo a esos excedentes los subsidios asistenciales, que, según el principio de separación de fuentes, debía haber sufragado el Estado.
El asunto llegó a su culmen el pasado año 2018, cuando los Presupuestos del Estado -los últimos del Gobierno de Mariano Rajoy, que acabó defendiendo Pedro Sánchez- previeron únicamente una transferencia de 55 millones de euros al SEPE para pagar la factura de 6.561 millones de euros que se esperaba por las diferentes ayudas asistenciales a desempleados que han agotado su prestación, aprovechándose del generoso superávit proveniente de las cotizaciones por desempleo.
El Ministerio de Inclusión, en línea con lo que el actual ministro, José Luis Escrivá, y su secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, ya defendieron cuando estaban en la Autoridad Fiscal, pretende reequilibrar las fuentes de financiación del sistema de protección social reduciendo en un punto la cotización al desempleo -excedentaria desde hace años- para permitir elevar en un punto la cuota obrera con el objetivo de mejorar la financiación del sistema público de pensiones sin elevar los costes laborales ni a empresas ni trabajadores. La principal duda al respecto es si el Ministerio de Trabajo estaría dispuesto a transigir en este punto -ya que implicar la pérdida de un buen puñado de recursos en favor a la Seguridad Social-, pero sí parece dispuesto a hacerlo, según el plan de futuro del SEPE.
De hecho, el SEPE indica en el informe que su propuesta para la reformulación del sistema de protección por desempleo "sería coherente con la propuesta planteada por la AiREF de reducir las cotizaciones por la contingencia de desempleo en favor del resto de contingencias de la Seguridad Social". Según indican fuentes del diálogo social, un informe realizado a nivel interno por la Seguridad Social hace unos años estimó, con datos del año 2015, en cerca de 2.700 millones de euros los recursos extra que obtendría el sistema de Seguridad Social con una subida de un punto de las cotizaciones sociales por contingencias comunes.
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