La subida salarial del 2% que tres millones de empleados públicos deberían ver reflejada en sus nóminas a partir de mes de enero de 2020 vuelve a estar una vez más en el aire por mor de la situación de inestabilidad política en la que vive sumida España desde hace meses. Las limitaciones operativas de los gobiernos en funciones en la legislación española y el hecho de que se necesite una norma con rango de ley para garantizar esa mejora retributiva han despertado la inquietud de los sindicatos, que en los últimos días se han puesto en contacto con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para instarle a dar los pasos necesarios para garantizar que la subida se aplique desde la nómina de enero de 2020 y no vuelva a retrasarse como ha ocurrido de forma casi sistemática en los últimos años.
"Somos conscientes de que el Gobierno está en funciones y somos conscientes de las limitaciones jurídicas de esa situación, pero si hemos llegado a este punto no es por culpa de los empleados públicos y éstos no pueden ser víctimas del contexto de inestabilidad política", aseguran fuentes de Comisiones Obreras que piden al Gobierno que se ponga en marcha. "Exigimos que busquen una solución jurídica para garantizar que las nóminas de los funcionarios se actualicen el próximo enero".
El acuerdo para la mejora del empleo público firmado por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en nombre del Gobierno de España; y por los tres principales sindicatos de Función Pública -UGT, CCOO y CSIF- dejó marcadas las subidas salariales para el trienio siguiente: 2018, 2019 y 2020. Para 2020, en concreto, el acuerdo previó una subida salarial básica del 2% que podría llegar hasta el 3% si el incremento del PIB se situara por encima del 2,5% este año, algo que no parece muy probable. De cumplirse la previsión de crecimiento del Gobierno para este año, 2,2%, la subida salarial debería ser del 2,4%.
"Lo que pedimos es que se cumpla el acuerdo", asegura el vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, que también se ha puesto en contacto con el Ministerio para exigir una salida jurídica a la situación. "En su día pactamos con el Estado, no con ningún partido, las subidas salariales que se prevén en el acuerdo y el sueldo de tres millones de funcionarios no puede estar a expensas de una determinada situación política".
Fuentes sindicales admiten que las vías de diálogo entre los sindicatos y el Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la Secretaría General de Función Pública están paralizadas en la práctica desde la convocatoria de elecciones , lo que no ha impedido que los sindicatos hayan iniciado una ofensiva para exigir al Ejecutivo una solución jurídica ante una situación que podría derivar en una congelación salarial 'de facto' del sueldo de los funcionarios en los primeros compases de 2020, en caso de que se convocaran nuevas elecciones y éstas no alumbraran un gobierno claro.
"La subida salarial exige una norma con rango de ley para hacerse efectiva, un Real Decreto. Las leyes españolas restringen el margen de maniobra de los gobiernos en funciones, pero ya se han aprobado decretos en estas condiciones en el pasado y lo que exigimos es justo. Simplemente que se aplique el acuerdo firmado en 2018", recalcan las fuentes sindicales consultadas. En caso de no aprobarse ese Real Decreto las nóminas de los funcionarios se quedarían en enero de 2020 igual que en diciembre de 2019, algo que no ocurre desde el año 2015.
A finales de 2018 se vivió una situación muy similar. Con el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 en el alero, los sindicatos exigieron al Ejecutivo una solución legal que garantizar la subida pactada en el acuerdo hubiera o no cuentas públicas. El Congreso echó abajo el proyecto de Presupuestos pactado por el PSOE y Podemos y el Gobierno llevó al siguiente Consejo de Ministros el Real Decreto que garantizó la subida salarial de los funcionarios para 2019. Los sindicatos quieren que se haga lo mismo...aunque el Gobierno esté ahora en funciones.
La historia de la aplicación del acuerdo salarial de 2018 ha sido convulsa hasta la fecha. La moción de censura y el cambio de Gobierno en junio de 2018 retrasó la aplicación efectiva de la subida salarial prevista en los Presupuestos de 2018 -que se aprobaron en julio- e hizo que muchos funcionarios no disfrutaran de la subida acordada hasta el mes de noviembre. En 2019, la caída del proyecto presupuestario del Gobierno obligó al Ejecutivo a aprobarlo por urgencia vía Real Decreto y retrasó asimismo su aplicación en el ámbito de las empresas públicas, en algunas de las cuales aún se espera la aplicación de la subida de 2019.
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