Los altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy que cesaron el pasado 1 de junio tras la moción de censura continúan a día de hoy sin cobrar la indemnización a la que tienen derecho por haber formado parte de la élite del Ejecutivo. En concreto, la ley establece que dicha compensación puede ser cobrada por los ministros, los secretarios de Estado, el Fiscal General del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores, y el jefe y secretario general de la Casa del Rey, siempre y cuando no dispongan de otro trabajo, tanto público como en una empresa privada. El Ejecutivo socialista está a punto de hacer efectivo el primer cobro de estas indemnizaciones.
Son en torno a una veintena los afectados por este retraso. Entre ellos se encuentran el exministro de Fomento Íñigo de la Serna, que dejó la alcaldía de Santander para incorporarse al consejo de ministros y que en las primarias del PP apostó por Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora no tiene puesto en la política local ni en Génova, por lo que está esperando a cobrar la indemnización como exalto cargo. En la misma situación se encuentra el breve ministro de Economía, Román Escolano, que estuvo menos de tres meses en el Ejecutivo popular y que ahora también tiene derecho a cobrar esta pensión.
A ellos hay que sumar los 17 secretarios de Estado que tenía el Gobierno de Rajoy, por lo que, descartando a los que son funcionarios o han acabado en el nuevo PP de Pablo Casado, serán algo menos de dos decenas los beneficiarios de esta indemnización por cese. El exministro de Exteriores, Alfonso Dastis, se queda fuera al ser diplomático de carrera.
Orden al Tesoro esta misma semana
El Gobierno de Sánchez tiene decidido dar orden en las próximas horas de ingresar el primer pago de estas pensiones, según confirman a La Información fuentes de Vicepresidencia. Lo harán antes de que acabe la semana a través del Tesoro Público y los beneficiarios comenzarán a recibir el dinero en los primeros días de septiembre. Será entonces, una vez cobrada la primera mensualidad, cuando se publique en el portal de Transparencia toda la información requerida: fecha de inicio y fin de la percepción, montante mensual y total cobrado.
Fuentes gubernamentales achacan el retraso de más de tres meses en estas percepciones a los "trámites burocráticos" que se ha tenido que realizar el Ejecutivo para hacer efectivas todas las indemnizaciones. Es un asunto que tiene que pasar por la Oficina del Conflicto de Intereses, dependiente tras el cambio de Gobierno del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que en estas fechas veraniegas ha tenido un déficit de personal que ha demorado todo, apuntan. Incluso, a algún exalto cargo se le ha tenido que pedir documentación adicional o números de cuentas bancarias concretos para poder realizar los ingresos mensuales.
Según el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la cuantía de la indemnización de los altos cargos del Gobierno equivale al 80% de su retribución anual durante, como máximo, los dos años siguientes al cese. Así, el ministro De la Serna podrá percibir un total de 112.589 euros en los próximos veinticuatro meses. En el caso de los secretarios de Estado la pensión será aún mayor: más de 176.000 euros en total.
El exministro de Economía, Luis de Guindos, fue el último alto cargo del Gobierno de Rajoy que percibió una indemnización tras su cese. Cobró 9.382,46 euros antes de poner rumbo al Banco Central Europeo. También cobró su correspondiente indemnización el exministro de Industria, José Manuel Soria, que recibió 41.803,02 euros tras ser cesado por su implicación en los Papeles de Panamá. Pedro Morenés, exministro de Defensa, percibió 17.530,30 euros tras salir del Gobierno popular y José Ignacio Wert, extitular de Educación, recibió 4.598,79 euros.
El ránking de mayores pensiones lo encabeza Julio Segura, expresidente de la CNMV, que cobró 236.789,88 euros, seguido de Bernardo Lorenzo Almendros y Marcel Coderch, expresidente y vicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que cobraron 225.358,56 euros y 214.368,96 euros respectivamente. Son los responsables de los organismos reguladores, por tanto, quienes lideran las indemnizaciones oficiales.
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