Los supermercados públicos ya existían en los años 80 y acabaron en manos privadas

La propuesta de Podemos de crear supermercados públicos para tratar de atajar la subida de precios de la cesta de la compra está dando mucho de qué hablar, pero no es nueva en España. La ministra Ione Belarra, encargada de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, sugirió el pasado domingo la creación de una cadena pública de distribución alimentaria que pudiera luchar contra el "oligopolio alimentario" que, a su juicio, ejecuta el presidente de Mercadona, Juan Roig. "Están especulando con los alimentos, algo que no se puede permitir", alegó en su intervención la también de los morados, que sugirió nombrarla con la marca 'Precios Justos' como parte de su proyecto para constituir empresas públicas en sectores estratégicos. 

La propuesta de Belarra ha recibido el rechazo tácito por parte de los actores del sector alimentario. AECOC, la asociación que integra a fabricantes y distribuidores de alimentación y que actúa como patronal, considera que la cadena alimentaria española es "muy eficiente" y tiene "mucha competencia". En este modelo, "fuertemente equilibrado", el consumidor "valora mucho el precio en sus decisiones de compra", por lo que "toda la cadena alimentaria, especialmente la parte final de la distribución, son sus grandes aliados y buscan hacer más asequible la cesta de la compra ante una inflación tan alta", aseguró su director general, José María Bonmatí. 

Recordó que "ya hemos tenido experiencias en el pasado" donde los supermercados bajo gestión estatal "acabaron rescatadas por otras del sector".  Bonmatí explicó que "se ha demostrado que se está trabajando con márgenes muy bajos" que, para mantenerse, requieren de importantes volúmenes de compras. "Es muy dificil que haya una aportación del sector público que pudiera conseguir que se rebaje el precio final de los productos", concluyendo con que "no aportaría nada" en un sector "donde tenemos todas las formas comerciales a pocos metros entre sí" y con un consumidor con "gran capacidad de elección". 

Dirsa, privatizada tras dos años

La primera de las dos aventuras del sector público en el negocio distribuidor fue la aragonesa DIRSA, acrónimo de Distribuciones Reus SA. Constituida en 1981, ejecutó un amplio plan de expansión que le llevó a tener más de 600 tiendaspor toda España bajo su marca y la de su filial "Sebastián de la Fuente", buena parte de ellas franquiciadas. Tras alcanzar facturaciones superiores a los 58.000 millones de pesetas (el equivalente a 350 millones de euros) y situarse en el décimo lugar del 'ranking' de supermercados en España, la empresa pública Tabacalera decidió adquirir el 75% de su capital a cambio de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros) y cambió su directiva. El 25% restante quedaba en manos del hasta entonces presidente Juan Jesús González Cabrejas. 

Aunque Cabrejas mantuvo el cargo de presidente honorario, Tabacalera optó desde el primer momento por mandar a sus técnicos a gestionar la cadena. Los cambios en la dirección de la matriz pública y las presiones de la Hacienda pública provocaron que apenas durase dos años bajo la gestión pública. Con el extinto Instituto Nacional de Industria sumido en pérdidas y la Comunidad Económica Europea (Unión Europea) exigiendo la apertura a la libre competencia de determinados sectores, empresas como DIRSA tenían todas las papeletas para acabar siendo privatizadas.

En un primer momento, el anterior presidente hizo un intento de recomprar el 75% del capital público, pero el gobierno de Felipe González optó por venderla en 1990 a una sociedad conjunta formada por el Banco Bilbao Vizcaya (actual BBVA), y los grupos franceses Continente y Promodès. La operación se cerró por 12.100 millones de pesetas (72 millones de euros) por la totalidad del capital, aunque lo hizo en medio de una gran polémica por haber firmado un preacuerdo con Centra, una segunda interesada asociada con Bankinter para adquirir la cadena aragonesa. Al poco tiempo, BBV dejó las tiendas en manos de Promodès, quien implantó su marca Dia, presente hasta hoy en muchas localidades del país. 

Jobac, la adquisición que iba a arreglar ineficiencias

La segunda experiencia de supermercados bajo gestión pública fue la valenciana Jobac, acrónimo de José Bacete Cardós, fundador y dueño de la cadena. Surgida en 1959 como un pequeño establecimiento de barrio, su modelo de crecimiento le llevó a liderar el mercado en la región levantina durante los años ochenta. Llegó a emplear a 1.300 trabajadores en sus 80 establecimientos de todo tipo, desde hipermercados a supermercados, pasando por medio millar de tiendas de proximidad que operaban bajo la marca "Bacfor". 

En 1988, poco antes de dejar el cargo por jubilación, Bacete decidió vender la sociedad familiar a Mercasa, empresa pública que tenía por aquel entonces el encargo de modernizar el comercio en todo el país y que llevó a cabo distintas operaciones estratégicas para entrar en el escalón minorista. La pública se encontraba buscando compañías que consolidaran la comercialización dentro de su cadena de valor, una etapa que se extendió durante tres años (entre 1988 y 1991) con la que se buscaba resolver "inquietudes de seguridad en el abastecimiento y en la competencia". 

La aventura duró poco por el incremento de la competencia privada, que era capaz de resolver muchas de las ineficiencias que, a priori, venía a resolver la pública. En el año 1991, con el fin de reducir el endeudamiento de Mercasa, Jobac fue vendida e integrada en la cooperativa Consum, que se encontraba en pleno proceso de expansión en la Comunidad Valenciana y que acogió a buena parte de su plantilla. El único legado que queda es el diseño de algunos de sus antiguos inmuebles, que todavía hoy conservan su originaria fachada de mármol.