Los supermercados temen problemas de abastecimiento por el paro transportista

Los supermercados andaluces no han observado un aumento de la demanda ante el paro de transportistas convocado para el próximo lunes 14 de noviembre, toda vez que han pedido al Gobierno que garantice la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas en un momento "especialmente crítico" para el sector.

El director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Álvaro González de Zafra, ha señalado en declaraciones a Europa Press que, "aunque el consumo se mantiene estable, los establecimientos van a hacer un acopio extraordinario para evitar el posible desabastecimiento en caso de huelga".

Zafra ha puesto de relieve que "no es el momento oportuno" para convocar una huelga en el sector del transporte, "no solo por las fechas, cercanas al Black Friday y a la campaña de Navidad, sino por los exponenciales incrementos de costes que sufren consumidores y empresas". "No compartimos el momento ni la oportunidad", ha añadido Zafra, recalcando que el paro de los transportistas tendrá un impacto "muy perjudicial, sobre todo para las pymes".

Posibles problemas de suministro

El nuevo paro indefinido ha reavivado el temor a problemas de suministro como los sufridos en marzo pasado durante las movilizaciones promovidas por la misma organización. Aquellos paros, de veinte días de duración, se interrumpieron después de que el Gobierno se comprometiera a sacar adelante una ley de control de costes (aprobada en agosto) que obliga a los cargadores a fijar un precio justo y suficiente para que a los transportistas les salga a cuenta realizar su trabajo.

Sin embargo, la plataforma -integrada en su mayoría por autónomos y pymes- asegura que los cargadores, ante la "pasividad" de la Administración en el control de la aplicación de la norma, no respetan el precio de coste a los transportistas. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha instado a los transportistas a que denuncien los incumplimientos que detecten de la ley para que los inspectores puedan realizar su trabajo y, llegado el caso, imponer multas que pueden llegar a los 4.000 euros.