El Tribunal Supremo ha aceptado tramitar el recurso que presento la CCOO contra el III Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado (AGE) que fue aprobado por el Gobierno el pasado 9 de diciembre. La reclamación fue impuesta al considerar que el tratado presenta irregularidades tanto en el proceso formal de elaboración como en el propio contenido.
El sindicato no firmó este nuevo proyecto, que considera una "discriminación" para el personal de la AGE, en relación al resto de personas trabajadoras. Además, que esta situación se produce porque el Gobierno entiende que las medidas a las que la Ley de Igualdad obliga a las empresas no son de aplicación a su propia Administración.
A través de un comunicado, que recoge Europa Press, CCOO lamenta la falta de negociación, objetividad y transparencia en el desarrollo de este Plan, por parte del Ejecutivo y acusa al equipo de Pedro Sánchez de limitarse a sacar con prisas un documento plagado de intenciones y deseos, pero sin un compromiso claro y contundente con las necesidades reales para avanzar en la igualdad.
A su juicio, existe una ausencia de diagnóstico de la situación, así como un análisis sobre la brecha salarial. Además, denuncia que, a través de datos obtenidos a través del Portal de la Transparencia se han determinado desigualdades en los proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
"La exclusión de estas materias de un diagnóstico hace imposible establecer un análisis real y, por tanto, aleja el contenido del plan de los objetivos establecidos en la normativa vigente. Por otro lado, impide comprobar y medir la evolución de los indicadores, al carecer de un elemento inicial de comparación", denuncia CCOO. Finalmente, el sindicato muestra su preocupación por el hecho de que un Gobierno que afirma apostar por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y que traslada un discurso de participación y transparencia, haya suscrito este documento.
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