El respaldo del Tribunal Supremo a la retirada de las bonificaciones en la factura eléctrica a los jubilados de Endesa abre la puerta a un efecto dominó en el sector con rebajas masivas de estos beneficios sociales históricos. Así lo advierten fuentes sindicales consultadas por La Información que avisan de que el fallo del Alto Tribunal da alas a otras grandes compañías eléctricas como Iberdrola, que ya ha revisado a la baja las condiciones del personal pasivo, para emprender recortes en el que viene siendo precisamente uno de los puntos más polémicos en las negociaciones laborales de los últimos años.
El artículo 78.1 del IV Convenio Colectivo Marco del Grupo Endesa establecía que el personal de las empresas incluidas en el ámbito funcional disfrutará, dentro del Estado español, de la tarifa eléctrica de empleado en su primera y segunda vivienda, para alumbrado y uso doméstico exclusivos del trabajador y de los familiares a su cargo o ascendientes que con él convivan, con un tope de 15.000 kWh anuales para ambas, al precio de 0,000901 euros por kWh. Y en su apartado segundo extendía tal beneficio para los trabajadores, activos y pasivos, que lo vinieran disfrutando a la firma del I Convenio Marco.
El convenio finalizó su vigencia y la empresa comunicó que mantendría los beneficios a todo el personal en activo; a los trabajadores que estuvieran sujetos a medidas voluntarias de suspensión o extinción del contrato, jubilables o no; al personal prejubilado y prejubilado jubilable y al personal con jubilación anticipada. Sin embargo, al personal jubilado y desvinculado totalmente de la empresa, así como a los familiares, se les comunicó que no se les respetarían los beneficios sociales del convenio extinguido. Los sindicatos demandaron la suspensión de estos derechos y la Audiencia Nacional desestimó la demanda, decisión ratificada ahora por el Supremo.
Fuentes de ámbito sindical vinculadas al sector aprecian en el fallo del Alto Tribunal sobre Endesa un "riesgo cierto" de que constituya un precedente para que el resto de compañías acaben recortando los beneficios sociales de los que gozan actualmente decenas de miles de sus antiguos empleados. "Las empresas competidoras se siguen de cerca y se miran con lupa y las resoluciones judiciales en este sentido pueden acabar provocando un efecto dominó", apuntan las fuentes consultadas. Hablamos de seguros de salud o de decesos, de ayudas al estudio o cheques guardería, pero sin duda el descuento sobre el suministro de la luz con distintos límites de consumo que comparten las principales compañías es uno de los puntos más conflictivos.
Se trata de una práctica habitual en el sector desde hace décadas, estipulada en una ordenanza de los años 70, que supone una bonificación en el consumo eléctrico, sufragando solo los costes fijos y declarándolo como pago en especie en el IRPF, y que recogen las principales compañías en sus convenios colectivos. Las empresas, sin embargo, vienen deshaciéndose de parte de estos costes estructurales en los últimos tiempos. Sin ir más lejos Iberdrola, recientemente, ha limitado la tarifa del empleado para los pasivos, que solo la pueden disfrutar ahora en la primera vivienda y ya no en la segunda.
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Iberdrola cargó contra este recorte en una carta dirigida el pasado mes de abril al presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. "El colectivo de jubilados estamos indignados por el tratamiento que Iberdrola ha tenido con nosotros, pues en la última etapa de nuestras vidas, asistimos a un recorte al tener que hacer frente a un importe de la factura eléctrica que tendremos que sacar de nuestra pensión", reza la misiva, en la que los exempleados hablan de trato "discriminatorio y vejatorio" por parte de la empresa.
Sucede que la limitación de las bonificaciones en la factura eléctrica a los jubilados de las grandes empresas del sector llega precisamente cuando los precios están disparados y seguirán tensionados, al menos, hasta el año 2022, según los analistas. El Congreso ha aprobado el decreto ley que rebaja al 10% el IVA aplicado en la factura de la luz y suspende el impuesto del 7% a la generación que pagan las compañías eléctricas con el objetivo de frenar la escalada de los precios, pero el impacto en el bolsillo se está traduciendo en solo un pequeño alivio insuficiente especialmente para las rentas más bajas.
La reforma laboral, en el foco
Y el foco vuelve a las empresas. Iberdrola y Endesa, en concreto, ganaron más de 5.000 millones de euros en 2020, a pesar de la crisis provocada por la pandemia, y aumentaron sus beneficios un 36%. Desde CCOO Endesa señalan, respecto a la sentencia del Supremo, que "el fin era quitarle los beneficios sociales a los jubilados españoles, empobrecerlos, y usar ese dinero para enriquecer aún más a los accionistas". En un comunicado han señalado que "ni las plantillas ni los sindicatos pueden ceder ante las presiones de las empresas" y han insistido en la necesidad de derogar la reforma laboral del PP y recuperar modelos sindicales que sitúen a las personas en el centro de las negociaciones.
Y es que en CCOO consideran que la reforma laboral en 2012 es el antecedente que ha posibilitado la situación actual, al eliminar la ultraactividad de los convenios, favoreciendo a las direcciones de las empresas frente a las plantillas. "Por ello, insistimos en la importancia estratégica de su derogación, tal y como se ha comprometido en su programa el actual gobierno de coalición de España", zanjan. Precisamente, la recuperación de la ultraactividad es uno de los puntos que ha incluido Yolanda Díaz en la contrarreforma laboral que está negociando en la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos y que debe ponerse en marcha antes de que acabe el año, tal y como se ha acordado con la Comisión Europea.
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