El Impuesto estatal sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito que el Gobierno prevé poner en marcha el próximo 1 de enero con un tipo del 0% no sólo ahorrará a las entidades financieras la factura fiscal de 200 millones de euros que venían pagando como consecuencia de los impuestos regionales existentes en Extremadura, Andalucía y Canarias, sino que obligará al Estado a compensar a estas comunidades autónomas por esa pérdida de recaudación.
Así se recoge en el artículo 13 de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado que establece la creación de esta suerte de impuesto ficticio.
Dicho artículo apela al principio de lealtad institucional, en virtud del cual cualquier medida de política tributaria adoptada desde la Administración Central y que se traduzca en una disminución de los ingresos de las comunidades autónomas deberá ser compensada económicamente.
En último término, la aplicación de esta disposición implica que esos 200 millones de euros que hasta ahora pagaban las entidades financieras con sucursales en Extremadura, Andalucía y Canarias no desaparecerán de la recaudación de estas comunidades, sino que a partir de ahora serán abonados por el Estado.
Ése será el coste que tendrá para las arcas estatales "garantizar que los depósitos de las entidades de crédito reciban un tratamiento tributario homogéneo" en todo el territorio nacional, según la argumentación justificativa mencionada en la enmienda y que el Ministerio de Hacienda ha hecho suya.
La otra lectura es que el Gobierno ha evitado de este modo una avalancha de impuestos regionales sobre la banca después de que el Tribunal Constitucional declarara legal el Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito extremeño, la figura tributaria pionera aprobada por el Gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2001.
De hecho, uno de los que más amargamente se ha quejado de la decisión gubernamental ha sido el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, que había incluido en el proyecto de Presupuesto para 2013 de su región una figura de esta naturaleza con la que preveía recaudar 30 millones de euros anuales.
El Gobierno se ha cuidado muy mucho de evitar una oleada de leyes autonómicas exprés en esta materia, limitando las compensaciones previstas en la reforma legal a las figuras tributarias aprobadas antes del 1 de diciembre de 2012.
Los impuestos que se eliminan
La iniciativa gubernamental, que entrara en vigor el próximo 1 de enero de 2013, tampoco ha sido bien recibida por los territorios donde ya existe este impuesto. Andalucía, por ejemplo, ha acusado al Gobierno de exigir autonomía fiscal a las autonomías, mientras mutila su capacidad y autonomía tributaria.
Éstos son los gravámenes regionales que suprimirá el nuevo impuesto estatal:
- Extremadura (Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito). El desencadenante de la reaccion gubernamental. Creado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2001, fue inmediatamente llevado al Constitucional por el Gobierno de José María Aznar que entendió que el impuesto excedía las competencias propias de la Junta de Extremadura.
Tras diez años de proceso, el Constitucional lo declaró legal, obligando a la banca a abonar cerca de 240 millones de euros que se había resistido a pagar en todos estos años y dando vía libre a la creación de nuevas figuras de esta naturaleza.
El Gobierno extremeño esperaba que este año generara una recaudación de 30 millones de euros.
- Andalucía (Impuesto a la banca y a las cajas de ahorros). Fue incluido por el Ejecutivo de José Antonio Griñán en los Presupuestos de 2011. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero también planteó la cuestión competencial, aunque el impuesto no se llevó al Constitucional hasta la llegada al poder del gabinete de Mariano Rajoy.
Se aplica a las 70 entidades financieras con sede en Andalucía, grava, al igual que el extremeño, con un 0,3% los depósitos hasta 150 millones de euros, con un 0,4% hasta los 600 millones y con un 0,5% las entidades con más de 600 millones de euros en depósitos (la práctica totalidad).
Según los datos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, esta figura tributaria recaudaría 130 millones de euros al alcanzar su velocidad de crucero, si bien en 2011 generó 116 millones de euros y este año se esperan recaudar 98 millones de euros.
- Canarias (Impuesto sobre Depósitos Bancarios). El último en llegar, fue incluido dentro del paquete de medidas de ajuste aprobado por el Ejecutivo canario en abril de 2012 a instancias del Ministerio de Hacienda.
Grava con un 0,5% los depósitos de los clientes en entidades con oficinas en Canarias y establecía deducciones por el mantenimiento de oficinas calificadas de estratégicas, por situarse en núcleos de población particularmente aislados o de pequeño tamaño.
El Gobierno canario estimaba obtener una recaudación de unos 30 millones de euros en 2012.
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